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Opinión | TAHIRA VARGAS GARCÍA

El proceso electoral presenta ambivalencias en sus distintas etapas. En todo el proceso se muestra desde los sectores populares un carácter festivo, el ambiente sonoro, la bebida y el movimiento de dinero así lo muestran.

Sin embargo, esta festividad estuvo acompañada en la pre-campaña por hechos violentos en la que perdieron la vida dos personas, una de ellas el ex rector de la UASD Mateo Aquino Febrillet, candidato a senador por la provincia San Cristóbal por el PRM. El día de las elecciones estuvo marcado por distintas situaciones de conflicto y algunas de ellas estallaron en manifestaciones de violencia con tiroteos y muerte de seis personas y varias personas heridas. La violencia continúa, no se ha finalizado el conteo de votos congresuales y municipales lo que ha generado en varias provincias continuos enfrentamientos y protestas.

La manifestación de situaciones de violencia en las elecciones refleja graves problemas institucionales y de regulación del proceso electoral tanto por los partidos políticos como por la misma Junta Central Electoral.

El clima electoral estuvo permeado por muchas irregularidades y deficiencias en el control y respeto a la ley electoral tanto desde la perspectiva de la logística del proceso como en el manejo de acciones violatorias de la ley como la compra y venta de votos, el proselitismo político el día de las elecciones y en colegios electorales, así como el control de las actitudes agresivas de dirigentes políticos de las distintas localidades al interior y exterior de los colegios electorales.

Si bien se prohibieron las bebidas alcohólicas desde días antes de las elecciones, debió prohibirse también el uso de armas de fuego el día de las elecciones y en el entorno de los colegios electorales.

La permisividad que se ha mantenido en nuestro país hacia el uso de las armas de fuegos y su exhibición está agudizando el clima de violencia social que vivimos y afectando la armonía social.

Junto a los problemas institucionales y uso de armas de fuego hay que destacar que la violencia también es el reflejo de las debilidades institucionales y estructurales que tienen nuestros partidos políticos.

La lucha de poder intra e interpartidaria se ha convertido en una guerra a muerte. El ejercicio de poder vertical bañado de corrupción e impunidad en las estructuras político-partidarias nacionales y sobre todo locales, municipales y provinciales genera enfrentamientos y conflictos que involucionan hacia la violencia.

Ojalá que todas estas situaciones de conflictos y violencia sirvan como aprendizaje al sistema político-partidario, a la Junta Central Electoral y a toda nuestra sociedad para hacer revisiones profundas que generen cambios urgentes en nuestro sistema y procesos electorales.