Las autoridades municipales, que finalizan el próximo mes su función, se pasaron seis años en sus cargos. En ese largo período especial, abierto gracias a la reunificación de las elecciones, los alcaldes se dieron a la francachela. Hicieron de todo, salvo lo que le corresponde conforme a la Ley.
El remplazo le corresponde a 158 alcaldes y 234 directores de distritos municipales, quienes tienen el reto y la responsabilidad de ser diferentes a sus antecesores.
En el camino hay otros desafíos que no dependen únicamente de las autoridades locales. Es el caso de la necesidad de precisar el rol de los gobiernos municipales frente al gobierno central y viceversa. Asimismo se impone revisar las responsabilidades de las organizaciones de la sociedad civil de cara al Ayuntamiento y al revés.
La sociedad civil, por su parte, luce atrapada entre lo nacional y lo local. Prefiere definir acciones de carácter nacional, olvidando abordar estrategias locales. Es decir, desdeña lo particular como condición para trascender a lo general. Pierde de vista que el presupuesto municipal participativo, por ejemplo, surgió en un pequeño pueblo productor de tabaco en el Cibao. Y de ahí se expandió a nivel nacional, mediante la Ley.
La cultura, sea esta política o general, se aprende. Es una construcción histórica que determina los cambios en una sociedad. El cambio cultural trae parejo el cambio social. Las nuevas autoridades municipales deben abordar la cuestión de los valores éticos y la gestión cultural como estrategia de cambio sostenible.
De la misma manera se debe repensar la Liga Municipal Dominicana, como una instancia real de apoyo técnico a los ayuntamientos. Incluso, deberían propiciar que la LMD desempeñe las funciones de un instituto de formación técnico profesional en el ámbito municipal.
Pero si de transformar la razón de ser de las instancias municipales se trata, es de rigor poner un ojo sobre la Federación Dominicana de Municipios. La FEDOMU debería dejar de ser un sindicato de alcaldes y dar el salto cualitativo, transformándose en un gremio que represente el ayuntamiento como institución de gobierno municipal.
En tanto no se produzca la innovación, el clamor de institucionalidad en los ayuntamientos seguirá siendo un grito. Un grito en el desierto, pero nadie sabe si algún día nos despierte marchando por las calles de las ciudades.
La FEDOMU debe responder a los intereses de los ayuntamientos en su conjunto, y no a un grupo de individuos. Máxime cuando la transferencia del gobierno central a los ayuntamientos involucionó dramáticamente de un 6.5% en el 2003, a un 3.7% en la actualidad. Millones de pesos se han gastado en la formulación de planes de desarrollo municipal que sólo sirven para adornar libreros y producir polillas.
Tanto FEDOMU como la LMD, transformando positivamente sus roles institucionales frente a los ayuntamientos, les tocaría codirigir la lucha por el desarrollo municipal. Y el punto fuerte de esa lucha es conducir un proceso que obligue al gobierno central a transferir el 10% del presupuesto nacional a los ayuntamientos, tal y como manda la Ley.
Cumplir estos y otros retos amerita una alianza estratégica entre partidos políticos, sociedad civil, ciudadanía y ayuntamientos.