El Senado de la República en esta semana aprobó el Código Penal que incluye la penalización del aborto en todos los casos afectando así la salud de niñas, adolescentes y mujeres en condiciones de vulnerabilidad.

Cada día se encuentran múltiples casos de niñas, adolescentes y mujeres en comunidades rurales y urbano-marginales que viven situaciones de alto riesgo, mueren por causa de un embarazo y /o parto porque no cuentan con servicios de salud que garanticen una interrupción del embarazo provocada por violaciones e incestos.

Los abortos ilegales en nuestro país están presentes en múltiples espacios y formas sin garantías para la salud de las niñas, adolescentes y mujeres. Estas que son violadas por hombres de la familia o comunidad se encuentran totalmente desprotegidas al quedar embarazadas. Intentan abortos con prácticas que provocan sangrados, desgarramientos por ingerir sustancias y quedan afectadas, lesionadas o muchas veces mueren.

El uso de sustancias para interrumpir el embarazo varía desde plantas, raíces, mezclas tóxicas que incluyen venenos como “tres pasitos” en comunidades rurales y urbano-marginales. Mientras más pobre es la mujer, niña o adolescente, más vulnerable se encuentra frente al abuso sexual y mucho más ante un embarazo no deseado y sus condiciones de riesgo.

Condenar a la niña, adolescente o mujer que ingiere una sustancia tóxica para abortar o al médico que la asiste con un desgarramiento interno en un hospital es un crimen.

El acceso de la niña, adolescente o mujer a unos servicios de salud que garanticen la preservación de su vida con la interrupción de un embarazo de alto riesgo es un derecho que no debe ser negado. La ilegalidad del aborto no garantiza que se elimine esta práctica, sino que por el contrario, incrementa su vulnerabilidad y riesgo.

La ilegalidad del aborto en todos los casos, incluyendo emergencias, solo beneficia a quienes se enriquecen del comercio clandestino de la salud. Igualmente genera un aumento de los costos de los servicios independientemente del lugar y la forma en que se hagan. Servicios que escapan de toda regularización y control.

La penalización genera así más desigualdad, más riesgos para las más pobres y por tanto más muerte. Somos uno de los países con más alto índice de mortalidad materna en la región siendo el aborto ilegal una de las principales causas de muertes de las adolescentes y mujeres.

Ofrecer garantías de salud en cualquier situación de emergencia es la responsabilidad del Estado y con ello no se está promoviendo el aborto, se garantiza que no sigan muriendo las niñas, adolescentes y mujeres porque no cuentan con servicios de salud efectivos.