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Opinión | Maximiliano Dueñas Guzmán

“Hay una conspiración, yo los invito a que lean El Heraldo y miren La Prensa, léanlos, ayer -el jueves 6- y hoy -el viernes 7-, primera plana, y no estoy irrespetando a nadie, estoy diciendo la verdad… Solo les digo lo siguiente: lo que están haciendo es peligroso para esta nación y van a generarnos un problema que no hemos tenido y que podemos tener. Yo anhelo y aspiro tener y entregar esta nación en paz… tuvimos una crisis en 2009 y la pueden repetir en 2012 o el 2013. Y la pueden repetir porque ellos están contra el pueblo”.

 Esta amenaza la hizo el Presidente de Honduras, Porfirio Lobo, a fines del 2012. En ese año, según  el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras, fueron asesinados nueve periodistas, veinte personas vinculadas a los medios de comunicación fueron víctimas de  atentados y otras cinco fueron secuestradas.

Al momento en que Porfirio Lobo afirmó que  dos de los periódicos del país realizaban “una conspiración” y que eran  “peligrosos para esta nación”, las autoridades del país no habían arrestado ni acusado a nadie por estos nueve asesinatos, veinte atentados y cinco secuestros. Para colmo, el estado hondureño ha usado el peso de la judicatura para reprimir aún más al periodismo: sólo en el 2010, trece periodistas fueron acusados de sedición.

Las elecciones del pasado 24 de noviembre en Honduras tuvieron como telón de fondo la criminalización de facto del periodismo en Honduras, proceso particularmente acrecentado a partir del golpe de estado de junio del 2009. En ese golpe, perpetrado por una alianza entre los sectores más acomodados del país y la principal fuerza del país —las fuerzas armadas—, se destituyó a José Manuel Zelaya, un rico hacendado, quien había cometido el pecado de promover una mayor participación de la gente común en las decisiones del país.

Desde el día del golpe —28 de junio del 2009— hasta las elecciones del  24 de noviembre, 28 periodistas hondureños fueron asesinados. A mediados del 2013, a sólo meses de las elecciones generales, la UNESCO proclamó que Honduras era el primer país en el mundo en muertes de periodistas per cápita. Periodismo y democracia A partir de 1980 diferentes sectores de la sociedad hondureña lograron poner fin a décadas de dictaduras militares.

En el 1982, se adoptó una nueva constitución y sectores populares de la sociedad concertaron una incipiente sociedad civil con un significativo poder en la formación de opinión pública, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), organización creada por orden del presidente para documentar y esclarecer los hechos y razones del golpe del 2009. En el 1989 estos sectores —campesinado, docente, sindical, cooperativista, feminista, pueblos originarios— crearon la Plataforma de Lucha para la Democratización de Honduras, organización que tenía entre sus objetivos: una mejor distribución del ingreso; igualdad de condiciones laborales entre hombre y mujer; el impulso de un genuino proceso de paz con justicia socioeconómica; y la prohibición de tropas extranjeras —regulares e irregulares— en el territorio nacional.

El compromiso con la democratización radical se manifestó con una serie de objetivos sobre el funcionamiento interno de las organizaciones y de la misma Plataforma (frente). Entre estos objetivos se destacó la necesidad de  “fortalecer y consolidar al interior de las organizaciones populares un proceso de democratización”. A través de las décadas del 1990 y 2000, ésta y otras organizaciones como el Movimiento Cívico para la Democracia y el Foro de Fortalecimiento a la Democracia lograron concesiones valiosas para la democratización económica y política del país. Hoy, ese movimiento se aglutina en el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP). Los medio alternativos, un puñado de publicaciones, radios comunitarias y una cantidad creciente de portales en internet, han sido un acompañante clave en el camino  de la democratización desde abajo. La radio comunitaria ha sido el medio de mayor cobertura y alcance. Varias de éstas transmiten en lenguajes de los pueblos originarios, Garifuna, Lenka, Tolupán, Pech, Miskito y Tawahka.

Como manifestaciones de una cultura emergente fundamentada en los derechos humanos, los medios alternativos han contribuido a crear una mayor apreciación de la comunicación como núcleo de los derechos humanos, pues éstos están entrelazados por el derecho a expresar, producir, difundir y recibir información. En ese contexto, se ha afianzado la idea que el periodismo sirve de ancla al proceso de democratización. No obstante, la concentración de propiedad de medios y el clientelismo político en Honduras han servido de sostén para otras formas de pensar el periodismo. Los medios de cobertura nacional pertenecen a seis familias, y en los medios locales esta tendencia oligopólica se repite, según el Informe de la CVR. Con las medidas económicas de corte neoliberal impulsadas por el Banco Mundial durante la década del 1990 se dio una bonanza en el sector de las telecomunicaciones, hecho que sirvió para desalentar nociones de responsabilidad social de los medios.

Ante esta encrucijada de fuerzas, las personas que practican el periodismo en Honduras han tenido que elegir entre su ética profesional, su seguridad personal (y la de sus familiares) y su sentido de país. Fredy Guzmán, periodista de Radio Globo, afirma que el periodismo hondureño está acomodado;  que los medios de comunicación  “usan al pueblo y que no buscan la verdad.” Juan Mairena, presidente del Colegio de Periodistas, reconoce que ante los peligros de amenazas del gobierno y de narcotraficantes, “los que viven el día a día ejerciendo el periodismo en esta zona… tienen que autocensurarse”. Sin embargo, la Comisión de Verdad (creada por organizaciones de la sociedad civil, específicamente la Plataforma de Derechos Humanos, para responder a la CVR) reconoce que la labor de los/as periodistas profesionales fue fundamental para la resistencia al golpe militar del 2009, y que si muchas personas aceptaron testificar ante esta Comisión —a pesar del temor de represalias— fue gracias “al trabajo educativo de la prensa”. Honduras y el periodismo de imperio Desde el observador de medios en América Latina (Media Accuracy in Latin America—MALA), varios/as analistas han escrito sobre el enfoque parcializado de mucha de la cobertura sobre Honduras en los principales medios de Estados Unidos.

En uno de estos análisis, se señala que los medios estadounidenses han frecuentemente minimizado la colaboración y apoyo del gobierno de Obama a la política represiva del presidente Porfirio Lobo. A modo de ejemplo, se menciona que desde 2009 hasta 2013 el New York Times, Washington Post y National Public Radio han mencionado en sólo dos ocasiones el hecho que  el General Romeo Vásquez y otros lideres militares del golpe del 2009, fueron adiestrados en la infame Escuela de las Américas en Georgia. Otro analista en esta serie señala el ejemplo de la cobertura que el New York Times ha dado al nefasto proyecto de crear ciudades privadas (charter cities) en Honduras, idea impulsada por un economista estadounidense, discípulo de Milton Friedman. Según el economista proponente, las ciudades privadas serían zonas libres extendidas, administradas por una empresa privada, con sus propias leyes e instituciones. El abogado hondureño que dirigió la oposición al establecimiento de este proyecto en territorio nacional fue brutalmente asesinado mientras asistía a una boda. Una semana más tarde, el New York Times elogiaba el proyecto por su potencial para “barrer a un lado la corrupción, la élite ensimismada y las reglas económicas distorsionadas que limitan el crecimiento en países pobres”.

El artículo no mencionaba el asesinato del abogado ni las flagrantes violaciones de derechos humanos  por parte del gobierno que pretendía aceptar el proyecto. Un análisis de contenido, realizado por dos académicos, de la cobertura que CNN en español dio al golpe del 2009 llegó a una conclusión similar a la de los dos estudios anteriores: “La ausencia de información sólida sobre represión, censura y violación de derechos civiles… es alarmante.

” Elecciones como teatro de sombras Las elecciones que el gobierno golpista celebró a finales de 2009 para responder a la oposición nacional e internacional se pueden interpretar  como una práctica para las elecciones del 24 de noviembre del 2013.

En aquél entonces, el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) y otros sectores de la oposición nacional boicotearon el proceso mientras la comunidad internacional no avaló los resultados. Porfirio Lobo, ganador de esas “elecciones” y los sectores que lo respaldaron, usaron la victoria para higienizar los aspectos más represivos del gobierno ante la comunidad internacional. En este empeño los principales medios de comunicación del país y sectores de la prensa internacional sirvieron de cómplices. Así las cosas, las organizaciones internacionales dedicadas a la observación de elecciones fueron casi unánimes en pronunciar la transparencia de las elecciones del 24 de noviembre de 2013. La Organización de Estados Americanos (OEA), por ejemplo, se pronunció dos días después del evento para afirmar “la limpieza del proceso electoral”.

En forma similar, el informe de la Unión Europea también ofreció una “evaluación muy positiva tanto de la transparencia de la votación como del respeto de la voluntad de los votantes en el escrutinio”. Sin embargo, en este informe se hacen algunos señalamientos sobre el trasfondo de las elecciones, observaciones que permiten una comprensión más precisa de lo que ocurrió el pasado 24 de noviembre, un entendimiento más allá de las sombras que han querido proyectar el gobierno y su candidato oficial.

Primero se señala la poca transparencia y desbalance en la financiación de la campaña electoral. El desbalance, según el informe, existe en la desproporción de  noticias y propaganda a favor del partido Nacional, la principal fuerza política detrás del golpe del 2009.

Lo que el informe llama la opacidad de las contribuciones a los partidos aporta a la sospecha generalizada de “que el narcotráfico y el crimen organizado tienen ya el poder de imponer candidatos y condicionar su gestión cuando son elegidos.”  (Vale destacar que según la revista Foreign Policy (junio del 2010), entre el 60 y 90 por ciento de la cocaína que se exporta desde Sur América hacia Estados Unidos pasa por Honduras y que muchos de la élite hondureña tienen negocios con los narcotraficantes.) En el informe también se constata que en doce de los dieciocho departamentos de Honduras se registraron actos de violencia contra candidatos a puestos políticos.

Al tomar nota de que Honduras fue declarado el país más violento en el 2012, los/as autores del informe señalan la violencia contra periodistas y otros profesionales de la comunicación. Además puntualizan la falta de periodismo crítico y las prácticas comunes entre periodistas de autocensura, soborno y extorsión.

Sorprende que a pesar de reconocer el estado grave del periodismo hondureño, los/as autores de este informe todavía puedan elogiar la “limpieza” de las elecciones. ¿Puede haber democracia genuina cuando la gente no puede expresar, producir, recibir y difundir información sin temor a ser agredidos o asesinados? Para que los procesos electorales sean limpios, ¿no se necesita un periodismo independiente y crítico? ¿Qué tan graves son los nexos entre políticas neoliberales, violaciones de derechos humanos y el periodismo de los medios globales, tal como el del New York Times y CNN?