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Opinión | Miguel Ángel Cid Cid/Consultor Internacional

La ambición de los gobernantes –de aquí, de allá, de ayer y de hoy-- es el cómo cubrir con el manto del Estado a cada rincón de la nación. Unos para proteger, otros para controlar y otros pocos para promover la realización integral de las personas, de la comunidad, de la nación. Podría decirse que esa intencionalidad se pierde en la conflictiva memoria de la historia.

Las ciudades-Estados, comunas, monarquías, principados, gobernaciones, municipios…, son modalidades de la división política del territorio en la historia. Las ciudadelas se multiplicaron, crecieron internamente y se expandieron.

Thomas Hobbes figuró ese proceso de creación del Estado como una fuerza avasalladora --el Leviatán -- que impone, controla y monitorea a cada pueblo y a cada individuo. Uno de los componentes del Leviatán es la municipalidad, el gobierno territorial más cercano al ciudadano de a pie.

En nuestro país, la Liga Municipal Dominicana (LMD) se constituye, según el artículo 105 de la Ley 176-07, como una entidad de asesoría en materia técnica y de planificación a los ayuntamientos. Pero la Liga heredó los genes de su progenitor, el Leviatán, tendentes a controlar todo lo que se mueve.

El organismo de asesoría técnica municipal abandonó --¿cómo dicen los abogados? Ah, sí, “el espíritu de la Ley”— y sustituyó su rol original por el de subyugador e, incluso, extorsionador de los ayuntamientos. El desfalco sistemático, en consecuencia, empujó a que los controlados se organizaran para controlar al controlador. Es decir, los ayuntamientos como gobierno de los respectivos municipios se instituyeron en ente de lucha por la transformación de la LMD.

La tendencia --cuando se trata de municipios y ayuntamientos desde el gobierno central--, ha sido la de despojar a las instituciones edilicias de sus competencias legítimas. Dicha usurpación disminuyó el poder de los ayuntamientos a niveles ínfimos, por decir lo menos.

Esa práctica monopolista del gobierno central debe revertirse para que, en vez de quitarle poder a los municipios, se les transfieran mayores competencias.

La LMD, como un mecanismo de los ayuntamientos, debería ser la instancia conductora de la lucha por la demanda de un mayor poder para los ediles. Es decir, transformar la Liga en una institución que potencie el poder de los ayuntamientos, además de cumplir su papel en la asesoría técnica.

Por ejemplo, antes le correspondía al ayuntamiento cobrar el arbitrio de las placas de los vehículos, pero hoy es un impuesto nacional, centralizado. Lo mismo ocurrió recientemente con la extracción del material de las minas de arena y agregados. El gobierno le transfirió el derecho al Ministerio de Medio Ambiente, mientras los ayuntamientos se tragan el lucio. Así se podrían enumerar una infinidad de arbitrios que alimentaban los presupuestos municipales y que hoy son impuestos nacionales cobrados por el gobierno central.

La historia viene a cuento porque el 26 de enero corresponde a los 158 ayuntamientos del país escoger el nuevo Secretario General de la LMD. En las elecciones municipales recién pasadas, el PRM logró triunfar en la gran mayoría de los municipios del país. Del triunfo arrollador de los perremeistas se desprende que el partido oficial puede decidir quién será el próximo secretario general de la Liga Municipal Dominicana.

Ya que el gobierno del Presidente Luis Abinader se autodefine como el depositario del cambio, está en sus manos la ansiada transformación de la LMD. Lo digo a viva voz, porque el PRM tiene, entre sus líderes, el dirigente ideal para conducir la Liga Municipal e imprimirle el sello del cambio, del salto cualitativo que la Liga requiere.