Nadie imaginó que en el Canódromo aún quedaban perros. Porque los únicos canes que deambularon por ahí fueron los que acompañaron a los trabajadores que construían las instalaciones. Allí se levantaba una pista para las corridas caninas, proyecto que estrepitosamente fracasó.

Luego el Estado convirtió el lugar en un cementerio de chatarras, perdón, en un depósito de vehículos incautados por la DIGESETT.

Precisamente por las extrañas operaciones de la Digesett, cientos de ciudadanos llevaban meses denunciando los abusos cometidos por sus agentes. Los motoristas y automovilistas se quejaban de los policías de tránsito porque les incautaban sus vehículos sin justificación y sin apego a las normas legales. Y para colmo, los vehículos nunca se los devolvían, a menos que no mediara una coima, una mordida, por debajo de la mesa.

Por ello el Dr. Pablo Ulloa, Defensor del Pueblo, se desplazó de su oficina de la Tiradente al lugar de las quejas y entró para verificar el meneo que impera allí. El Defensor del Pueblo tiene rango Constitucional, una figura equivalente al Procurador General de la República, pero sin depender de la Presidencia. Un poder que vigila al Poder, una suerte de Asuntos Internos, pero de toda la Administración Pública.

En otros países se denomina Ombudsman. Su función es defender al pueblo de los abusos que pueden cometer servidores públicos. A eso fue el Dr. Ulloa el lunes 11 de abril pasado al Canódromo El Coco, a enderezar entuertos.

Pero se encontró de frente con la Coronel Ysabelita de los Santos, oficial a cargo del lugar. Ella es una mujer sureña robusta, bien papiá, bien masetiá y de boca suelta. Salió de su oficina al encuentro del Defensor con un palo de golf con la intención de usar la cabeza del doctor como la pelota.

La coronela Ysabelita de los Santos Pérez, proviene de la comunidad La Rancha, Las Matas de Farfán, San Juan de la Maguana. Lleva 35 años en la Policía Nacional. Fue subdirectora de la Interpol, del Departamento de Captura y en Recuperación de Vehículos Robados. Laboró veinte años en la DNCD y fue encargada de Suministro y luego de Atención al ciudadano de la uniformada. Designada subdirectora del Canódromo en el 2021. Acaba de ser destituida porque le hizo swing a la cabeza del Defensor del Pueblo.

Si eso le pasa a un funcionario público de alto nivel, qué le puede pasar a un ciudadano común y sin apellido sonoro. Pero esos abusos que denuncian los ciudadanos son solo una arista del despelote del tránsito vehicular en el país. El caos viene de lejos.

 Hamlet German, ingeniero civil, ex guerrillero y catedrático, dirigió el proceso de creación de la Autoridad Metropolitana de Transporte con el objetivo de ordenar ese desorden.

La AMET se convirtió en un ejemplo nacional. La actuación disciplinada de los agentes inspiraba respeto a los ciudadanos de a pie y a los que conducían vehículos de motor. La institución fue creada en septiembre de 1997, mediante el decreto 393-97 y era una institución independiente de la Policía Nacional.

Sin embargo, la alegría en casa pobre dura poco. En febrero del 2001, el decreto 238-01 transfirió el departamento de tránsito de la PN a la AMET. Y en el 2004 la Ley 96-04 le dio el golpe de gracia. Es decir, convirtió la AMET en una dependencia de la Policía Nacional. Ahora a los ciudadanos solo les quedan las añoranzas de aquel progreso.

No era la octava maravilla del mundo, pero el entrenamiento al personal les permitía saber qué hacer en cada caso. Ahí había profesionalidad, cortesía y respeto al momento de hacer cumplir las normas.

Hamlet quiso desconcentrar la institución dando nombres acordes a las ciudades donde se instituían las dependencias regionales. En Santiago, por ejemplo, la AMET se llamaba “Ametrasan”. Al llegar a Mao, Provincia Valverde, se olían la emboscada jocosa. Los pobladores decían que allá los agentes se llamarían “Amemao”.

No obstante, una operación relámpago desmanteló el cerco. Hacer que las instituciones funcionen apropiadamente en nuestro país crea inconformidad en los altos mandos. El caos es una mina de oro. Por eso quisieron borrar hasta el nombre de AMET. Con la complicidad de los políticos consiguieron tachar las huellas de la disciplina, el orden y el orgullo de hacer lo correcto. No estuvo bien visto que un guerrillero pasara a ser modelo de policía, sin ganar la guerra.

El Congreso Nacional duró cerca de 10 años diseñando la artimaña. En el 2017 se promulgó la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial de la República Dominicana. La Ley instituye el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre. Para sustituir la AMET, la Ley creó la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, adscrita al INTRAN y dependiente de la Policía Nacional.

Pero el fantasma del guerrillero sigue ahí. La Visión organizacional dice: “Ser una institución de vanguardia, comprometida con el mejoramiento continuo de la viabilidad del tránsito (…)”. Se trataba de una organización revolucionaria, de cambiar radicalmente el caos por el orden. Peligro.

Lo que desconocían los políticos y los altos mandos policiales era que el borrador de huellas lo tenía la coronel Ysabelita de los Santos Pérez. La oficial hace su trabajo como si estuviera jugando golf. Si las pelotitas huelen a disciplina y orden ella las golpea con el bastón hasta desaparecerlas.

El Defensor del Pueblo, Dr. Pablo Ulloa, inocente de esa cruda realidad se expuso demasiado. Y como no lo esperaba, se sorprendió cuando la coronel Ysabelita le entró con el palo, en medio de una jauría, que empojaban, galleteaban y si no mordieron fue porque Dios es Grande. El hecho, gracias a los periodistas presentes, fue imposible borrarlo.

A ellos también les tocó su mambo.