Este 11 de febrero de 2026 marcó el onceavo aniversario del crimen de odio racista contra el joven haitiano Jean Claude Harry, conocido popularmente como Tulile, un asesinato que conmovió a la sociedad dominicana y que aún no ha sido investigado ni sancionado por el Estado dominicano.

Lamentamos que continúen desarrollándose con total impunidad las actividades de organizaciones de ultraderecha que llaman públicamente a cometer crímenes similares contra personas haitianas, como se pudo observar en la marcha de la organización neonazi Antigua Orden Dominicana, realizada en el sector de Los Mina de Santo Domingo Este el 15 de febrero, en la que se dio un ultimátum a las personas haitianas para salir del sector en diez días o de lo contrario serían cazadas por los propios paramilitares.

El cuerpo de Tulile fue hallado el 11 de febrero de 2015 colgado de un árbol en el parque público Ercilia Pepín de Santiago. El contexto del crimen fue el de una campaña nacional de propaganda y violencia racista por parte de sectores de extrema derecha que apoyaban la desnacionalización de miles de personas dominicanas de ascendencia haitiana mediante la sentencia inconstitucional 168-13, y exigían deportaciones masivas al culminar el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, en curso al momento del asesinato.

Esa política que exigían sectores autodenominados ultranacionalistas, empleando discursos de odio racial, lamentablemente se ha concretado durante el gobierno del presidente Luis Abinader, quien ha realizado más de un millón de deportaciones en los cinco años que ha gobernado. La violencia racista y los linchamientos ahora cuentan con apoyo estatal, a través de la intervención de grupos paramilitares y terroristas como la Antigua Orden Dominicana (AOD), que con apoyo del gobierno han realizado marchas exigiendo limpieza étnica en lugares como el sector de Friusa, en el distrito municipal Bávaro-Punta Cana. El gobierno posteriormente demolió en su totalidad el barrio Mata Mosquito, accediendo a la solicitud de la ultraderecha.

En la actualidad, la AOD exige que todas las personas haitianas sean expulsadas del sector Los Mina en un plazo de diez días. Al ser cuestionada al respecto por la prensa, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, afirmó que solo el gobierno tiene la potestad de emitir un ultimátum de esas características. En realidad las autoridades tampoco tienen la potestad de emitir un ultimátum con el objetivo de llevar a cabo la limpieza étnica en una localidad. El gobierno está al tanto de estas actividades paramilitares y en vez de investigarlas y sancionarlas les brinda apoyo político y logístico, brindándoles escolta militar y policial, así como total impunidad, como pudo apreciarse en la marcha del 15 de febrero en Los Mina. Además, el gobierno ha realizado a partir del viernes 13 de febrero en el sector Los Mina alrededor de 500 detenciones migratorias arbitrarias, atendiendo a las exigencias de la ultraderecha.

Hemos documentado los recurrentes linchamientos racistas en contra de personas haitianas en diferentes provincias del país en nuestro reciente informe titulado “Deportaciones masivas y Estado de Excepción en República Dominicana”, abarcando el período del año 2021 a mediados de 2025. Este estudio también documenta la colaboración entre grupos paramilitares como la AOD y el gobierno en labores ilegales de persecución migratoria.

Rechazamos el llamado de la AOD que incita a más linchamientos racistas en el país ya que amenazaron de iniciar una cacería contra personas haitianas que residen en ese sector. Exigimos que el Ministerio Público someta a los líderes de esta organización paramilitar y terrorista por sus reiteradas conductas criminales.

Hacemos un llamado al gobierno dominicano a cesar de emitir discursos de odio en los que presentan a la comunidad inmigrante haitiana como una carga económica y una amenaza a la soberanía y la seguridad nacional. Continuamos exigiendo justicia por Tulile y que sus asesinos respondan ante la justicia, como un paso hacia el fin de la impunidad en los crímenes de odio racial en la República Dominicana.

Reclamamos al Ministerio de Interior y Policía, el Defensor del Pueblo y a la Procuraduría General de la República el respeto a las garantías del debido proceso y los derechos legales y constitucionales de las personas inmigrantes haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana, poniendo fin a las políticas de discriminación racial y deportaciones masivas, así como cesando al apoyo oficial a grupos paramilitares de ultraderecha que promueven abiertamente los linchamientos racistas en la República Dominicana.