Según la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH), durante el primer trimestre del año (enero-marzo de 2026), al menos 1.642 personas murieron y otras 745 resultaron heridas.

“A pesar de las mejoras en la seguridad en algunas zonas del centro de Puerto Príncipe, la inseguridad es una realidad cotidiana e insoportable para muchos haitianos, y la violencia sigue extendiéndose más allá de la capital, especialmente en Artibonite y el centro de Haití”, subrayó el Representante Especial del Secretario General en Haití y jefe de la BINUH, Carlos Ruiz Massieu.

Según las tendencias observadas a finales del año pasado, las operaciones llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad han limitado la expansión territorial de las bandas en el centro de la capital y han contribuido a una reducción de sus actividades delictivas en varios distritos.

Sin embargo, en las zonas bajo su control, las pandillas continuaron cometiendo numerosas violaciones de los derechos humanos, incluyendo asesinatos selectivos, secuestros, extorsión y destrucción de propiedad. Un trágico ejemplo de estos abusos es la ejecución, durante el mes de marzo, de un niño de 13 años que hacía de vigía para las pandillas, por volar una cometa.

En las afueras de la capital y en la región de Artibonite, las pandillas también cometieron graves atrocidades contra la población. Los ataques más violentos ocurrieron a finales de marzo y se prolongaron durante todo abril. Entre el 29 y el 31 de marzo, pandilleros lanzaron ataques coordinados contra 16 localidades de la región de Bajo Artibonite, donde tenían su base varios grupos de autodefensa. En total, al menos 83 residentes fueron asesinados y otros 38 resultaron heridos. Algunas víctimas fueron sacadas de sus camas en plena noche y luego asesinadas a tiros frente a sus casas.

En general, durante el trimestre, los pandilleros fueron responsables del 27% de las muertes y lesiones. También fueron responsables de la violencia sexual, incluyendo violaciones grupales y explotación sexual, contra más de 292 víctimas, principalmente mujeres y niñas de entre 12 y 17 años. La violencia sexual sigue siendo utilizada por las pandillas como medio para castigar a las poblaciones bajo su control, de forma similar a la trata de menores.

Además de esta violencia de pandillas, BINUH estima que el 4% de los asesinatos y lesiones son atribuibles a grupos de autodefensa que atacan a miembros de pandillas y personas sospechosas de colaborar con ellas.

Finalmente, más del 69% de los fallecidos o heridos durante el trimestre murieron o resultaron heridos en operaciones llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad contra bandas criminales, en ocasiones con el apoyo de una empresa militar privada que utilizaba drones. De todas las víctimas de ataques con drones, 69 eran civiles, entre ellos cinco niños. Dos niñas, de siete y nueve años, resultaron gravemente heridas después de que un dron se estrellara en el patio de su casa en Martissant en marzo.

El informe también destaca las continuas denuncias de ejecuciones sumarias o intentos de ejecución sumaria por parte de miembros de la policía. Estos incidentes, documentados principalmente en lugares específicos de la capital, dejaron 33 muertos y 7 heridos. Tras ser informado por BINUH, el Inspector General de la Policía Nacional de Haití ha abierto investigaciones sobre todos estos casos.

Se han logrado avances en la puesta en marcha de las dos unidades judiciales especializadas dedicadas a la lucha contra los delitos masivos y los delitos financieros. En marzo, el Consejo Superior de la Judicatura designó a 14 jueces para estas unidades. Estos nombramientos se suman a los de los 10 fiscales adjuntos del gobierno realizados en enero.

También se han observado algunos avances en la investigación judicial sobre la masacre del muelle Jérémie (diciembre de 2024), en la que al menos 207 personas fueron asesinadas por miembros de pandillas. En marzo de 2026, se emitieron órdenes de arresto contra diez personas.

No obstante, dada la gravedad de la situación de los derechos humanos en Haití, el informe reitera la necesidad urgente de acelerar la plena puesta en marcha de unidades judiciales especializadas, garantizar que todas las operaciones de las fuerzas de seguridad nacionales e internacionales se lleven a cabo en estricto cumplimiento del derecho internacional de los derechos humanos, acelerar la aplicación efectiva del proceso de verificación de antecedentes dentro de la policía, así como de un programa para la prevención, la desvinculación y la rehabilitación de menores involucrados en pandillas.

El informe también insta a la comunidad internacional a mantener a Haití en la agenda internacional y a reforzar las medidas para prevenir el tráfico de armas en Haití.