En Haití, en medio de la violencia de las bandas armadas, se trata de buscar el fin de la impunidad judicial. Recientemente se han abierto dos unidades judiciales especializadas en Haití, lo que supone un paso importante para combatir la impunidad generalizada en el país. 

Haití lleva mucho tiempo enfrentándose a importantes desafíos debido a la inestabilidad política, la corrupción sistémica y la violencia generalizada de las pandillas.

En lo que va del año, la violencia relacionada con pandillas ha dejado al menos 2310 muertos, 1106 heridos y 99 secuestros. Además, 699 personas, principalmente mujeres y niñas, han sido víctimas de violencia sexual, y cientos de niños siguen siendo víctimas de trata por parte de pandillas.

Los tribunales han sido atacados, vandalizados y ocupados por bandas criminales, mientras que los magistrados y funcionarios de justicia han sido víctimas de ataques y amenazas de muerte por parte de estos grupos.

Se espera que las dos unidades especializadas aborden casos complejos de corrupción, incluido el tráfico ilícito de armas y el blanqueo de dinero, así como que traten graves violaciones de los derechos humanos y abusos como asesinatos, secuestros, violencia sexual y trata de niños perpetrados por bandas criminales.

Estas unidades especializadas deben ser competentes, imparciales e independientes, tanto a nivel institucional como individual. Esto es fundamental para fortalecer la confianza pública en el sistema de justicia. Asimismo, debe protegerse la seguridad de los jueces y de los tribunales.

Si funcionan correctamente, estas unidades deberían ser un paso fundamental para facilitar el proceso de rendición de cuentas, garantizando que las víctimas tengan acceso a la justicia y a la reparación. Asimismo, deberían contribuir a fortalecer el estado de derecho, combatir la corrupción y restablecer la confianza pública en el sistema de justicia, actualmente disfuncional.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, insta a las autoridades haitianas a que implementen rápidamente estas medidas de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos y las mejores prácticas, con el apoyo de la comunidad internacional.