Los agricultores que permanecen en un campamento en El Aguacatico, Tamayo, para evitar que sus cultivos sean demolidos por el Consorcio Azucarero Central (CAC), reclamaron la destitución del director interino del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Danilo del Rosario.
Los cosecheros dijeron por vía de decenas de organizaciones que Del Rosario “se comporta como un empleado del CAC para promover acciones en contra de los objetivos del IAD, cuya misión es apoyar a los pequeños parceleros de la reforma agraria”.
Las organizaciones aseguraron que el titular del IAD trata de “engañar” a la opinión pública al declarar que impulsa alianzas público privadas entre el Estado y las asociaciones de parceleros para expandir el monocultivo de la caña.
En realidad, precisaron, esas supuestas alianzas no son más “un vulgar despojo” de las parcelas para beneficiar al CAC en violación flagrante a la Constitución y La ley 5879 de Reforma Agraria.
En una declaración escrita se preguntaron que a quién se le ocurre que los parceleros de la reforma agraria realicen alianzas con un grupo corporativo “depredador” y que “destruye sus cultivos y contamina toda la región con fumigaciones aéreas de productos cancerígenos y quemando caña”.
Las organizaciones en las que participan los agricultores del campamento de El Aguacatico expresaron sus dudas en el sentido de que podría tratarse de mafias el hecho de que el CAC actúe de manera impune en su contra.
Explicaron que el CAC, arrendatario del Ingenio Barahona, se comporta como si fuera el dueño, igual que de todas las parcelas de la Región Enriquillo, “al punto de destruir con completa impunidad cultivos de plátanos, guineos, yuca, maíz, aguacates, limones y otros rubros”.
La sospecha de las organizaciones en el sentido de que “alguien debe recibir sobornos aquí” porque, según entienden, la empresa de capital guatemalteco es un simple arrendatario que no tiene una sola tarea de tierra en la Región Enriquillo “y ni siquiera cumple con las estipulaciones del contrato de arrendamiento con el CEA” (Consejo Estatal del Azúcar).
Advirtieron que “tendrán que pagar con cárcel las consecuencias” tres antiguos dirigentes campesinos “que ahora son empleados del CAC” que propiciaron la firma de contratos irregulares de arrendamiento de las tierras para el cultivo de caña. Se refirieron a Milcíades Montero Encarnación, de Batey 4; José Luis de la Rosa (Cuchuco), de Batey Santana; y Danilo Florián Méndez, de Bayahonda.
Solicitaron a Montero, De la Rosa y Florián que se retracten en público y deshagan todos los contratos de arrendamiento “amañados” porque, de lo contrario, se expondrían en enfrentar consecuencias penales “por sus ilegalidades, atropellos y agresiones contra los parceleros de El Aguacatico, Angostura y demás comunidades de la Región Enriquillo”.