Una ola de sentencias favorables al entramado de corrupción ha dejado al pueblo dominicano con el amargo sabor de que en este país no se aplica justicia a personas con poder político o económico, sino que se aplica de manera selectiva.
Tal como lo reconfirma el curso de los casos: Odebrecht, OMSA, Los SuperTucanos, Venta del barrio Los Tres Brazos, los cambios de medida de coerción del Anti-Pulpo y de Mickey López, entre otros.
No hay que ser experto en materia judicial, para ver como estas sentencias van marcando una tendencia, que fortalece el manto de impunidad ante los casos de corrupción: Usan tácticas, como crear incidentes jurídicos buscando el vencimiento de los plazos, jugando al cansancio, dictan arrestos domiciliarios a imputados que luego aparecen disfrutando en un resort.
Mientras las cárceles están repletas de personas en arresto preventivo, muchas veces indefinido, para quienes no existen plazos, ni medidas humanitarias. Nos preguntamos: ¿Ante qué Poder Judicial asistimos, cuando jueces de carrera con probidad, integridad, consagrada experiencia y especialidades han tenido que renunciar por el despropósito del presidente de la Suprema Corte de Justicia, de enviarles a tribunales de jurisdicciones diferentes a sus especialidades? ¿Por qué la designación en plazas estratégicas, como la provincia de Santo Domingo, de jueces con abierta trayectoria de militancia política?
¿Por qué designar jueces inexpertos, recién graduados, en casos de alta complejidad? ¿Se pretenden excusas para aplazar los procesos hasta que periman los casos de corrupción en curso? ¿Por qué el presidente de la Suprema, Henry Molina, se preocupa ahora por el estricto cumplimiento de los plazos de coerción sólo en los casos de corrupción y narcotráfico?
Estas múltiples dudas, nos llevan a pensar que en la dirección del Poder Judicial sigue la malsana intención de mantener impunidad y favoritismos políticos. Por esta razón, Marcha Verde procederá a depositar una solicitud en el Consejo Nacional de la Magistratura para que sea revisado el concurso que en aquel momento concluyó con el nombramiento como Juez de la Suprema Corte de Justicia del hoy presidente Henry Molina, en quien recae la dirección de las políticas judiciales. En este sentido, reclamamos:
Primero: La aplicación de los reglamentos, leyes y de la Constitución de la República Dominicana, que de haber sido violentadas durante ese concurso, se inicie ante el órgano administrativo correspondiente la nulidad de su nombramiento. Segundo: Que los jueces seleccionados para conocer los casos de crímenes y delitos de corrupción en las diferentes instancias (primera instancia, apelación y casación), sean exclusivos como una jurisdicción especializada en la materia.
Permaneceremos en nuestro rol de vigilantes del accionar tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial para que en los casos en curso y en los anunciados, como el de Hacienda, nadie quede impune, se produzcan sanciones ejemplares y se recupere todo lo robado al pueblo. Hoy, desde el Centro de Los Héroes convocamos a la jornada ciudadana “Vigilando la Justicia” en conmemoración del Día Internacional contra la corrupción. El Día 9 de diciembre en la explanada de la Suprema Corte de Justica en Santo Domingo.