Informe del Secretario General I. Introducción 1. Este informe se presenta en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución 2645 (2022) del Consejo de Seguridad, por la que el Consejo decidió prorrogar hasta el 15 de julio de 2023 el mandato de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH), de conformidad con su resolución 2476 (2019), en virtud de la cual se creó la BINUH, y ajustar los requisitos de presentación de informes pasando de 120 días a 90 días.

En el informe se recogen los acontecimientos destacados ocurridos desde mi informe anterior (S/2023/41) y se ofrece información actualizada sobre el cumplimiento del mandato de la Oficina. II.

Cuestiones políticas y de buena gobernanza 2. Se avanzó en la aplicación del acuerdo conocido como Consenso Nacional para una Transición Integradora y unas Elecciones Transparentes, firmado el 21 de diciembre de 2022 (véase S/2023/41).

La constitución del Alto Consejo de Transición y el nombramiento de los miembros del Tribunal de Casación supusieron pasos importantes en el camino hacia la restauración de las instituciones democráticas del país. Sin embargo, la creciente influencia de las bandas armadas en la seguridad siguió ocupando un lugar destacado en el debate nacional.

3. Según un decreto publicado el 17 de enero en el Boletín Oficial, Le Moniteur, el Alto Consejo de Transición está compuesto por tres miembros: Laurent Saint Cyr, seleccionado por los representantes del sector económico; Calixte Fleuridor, seleccionado por los representantes del sector social; y Mirlande Manigat, seleccionada por los representantes del sector político. El Sr. Saint Cyr es el presidente de la Cámara de Comercio e Industria del Departamento del Oeste y el Sr. Fleuridor es el presidente de la Federación Protestante de Haití. La Sra. Manigat es experta constitucional y ex Primera Dama. Fue candidata presidencial en 2010.

El Alto Consejo de Transición se creó para trabajar con el Gobierno en la aplicación del acuerdo del 21 de diciembre, y sus tres miembros tomaron posesión de sus cargos el 7 de febrero. 4. La Sra. Manigat, que presidirá el Consejo, recordó en la ceremonia de investidura que la prioridad era forjar un consenso más amplio sobre los medios para crear las condiciones políticas y de seguridad necesarias para la celebración de S/2023/274 2/18 23-06180 elecciones.

Hizo un llamamiento a todas las partes interesadas nacionales, incluidas las que no habían firmado el acuerdo del 21 de diciembre, para que participaran de forma constructiva en un diálogo nacional inclusivo sobre la seguridad, la reforma constitucional y las elecciones.

Al mismo tiempo, hizo hincapié en la necesidad urgente de prestar una sólida ayuda internacional a la Policía Nacional de Haití a fin de contribuir a restablecer la paz y la seguridad en el país. 5. Varios signatarios del acuerdo del 21 de diciembre, grupos del sector privado y plataformas de la sociedad civil acogieron con satisfacción la creación del Alto Consejo de Transición como un primer paso clave hacia la restauración de las instituciones elegidas democráticamente. Otras partes interesadas se mostraron más prudentes y señalaron que el Consejo debía mostrar resultados concretos en un plazo definido.

El 30 de enero, el Bureau de suivi del acuerdo de Montana y un grupo de ocho organizaciones políticas, entre las que figuraban el antiguo partido gobernante Parti haïtien Tèt Kale y el grupo de la oposición Pitit Desalin, emitieron una declaración en la que expresaban su desacuerdo con el proceso y pedían la salida del Primer Ministro, Ariel Henry, así como nuevas negociaciones para un acuerdo más inclusivo.

6. A raíz de las conversaciones del 8 de febrero, el Consejo de Ministros anunció que el Alto Consejo de Transición celebraría un foro sobre seguridad nacional con representantes de todos los sectores pertinentes, incluidos los no signatarios del acuerdo del 21 de diciembre, con el fin de forjar un consenso más amplio sobre las medidas para hacer frente a la inseguridad. En una carta de fecha 15 de febrero dirigida al comité independiente de facilitación, el Alto Consejo de Transición solicitó asistencia técnica, incluido el establecimiento de una secretaría. 7.

El 17 de febrero, un grupo de firmantes del acuerdo del 21 de diciembre, entre ellos un grupo de antiguos firmantes del acuerdo de Montana y la coalición política conocida como “Compromiso Histórico”, anunciaron la creación de un comité de seguimiento para abogar por la rápida aplicación del acuerdo y reactivaron los esfuerzos para seguir ampliando el consenso.

El 28 de febrero, representantes del partido político Fanmi Lavalas emitieron una declaración en la que sugerían que la seguridad nacional fuera el punto de partida del diálogo para ampliar el consenso. 8. El 18 de febrero, el comité independiente de facilitación inició consultas con el Alto Consejo de Transición, la BINUH, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a fin de evaluar los recursos técnicos y financieros necesarios para establecer una secretaría del Alto Consejo de Transición. Este apoyo entrañaría que los expertos en financiación trabajaran para organizar consultas sobre seguridad entre múltiples partes interesadas y para convocar una mesa redonda con el fin de ampliar el consenso sobre el acuerdo del 21 de diciembre. La BINUH está coordinando con el PNUD y otros asociados posibles formas de proporcionar este apoyo. 9. Varios asociados internacionales acogieron con satisfacción la investidura del Alto Consejo de Transición como un paso crucial en el camino hacia el restablecimiento del orden democrático y la mejora de la seguridad. El 10 de febrero, el Consejo Permanente de la OEA aprobó una resolución en la que animaba a aplicar el acuerdo del 21 de diciembre y pedía al Consejo Superior de Transición que coordinara un diálogo político destinado a ampliar el consenso y garantizar que el acuerdo fuera lo más integrador posible.

En la 44ª Reunión Ordinaria de la Conferencia de Jefes de Gobierno de la Comunidad del Caribe (CARICOM), si bien reconocieron que el acuerdo era un paso adelante positivo, los Jefes de Gobierno subrayaron la necesidad de que fuera más inclusivo. También expresaron su compromiso de crear alianzas internacionales para apoyar el retorno de Haití a la paz S/2023/274 23-06180 3/18 y la estabilidad como precursores necesarios de unas elecciones libres, justas y creíbles. 10. Ante el actual vacío constitucional y la falta de quorum que impide el funcionamiento del Tribunal de Casación, las consultas entre el Gobierno, el Alto Consejo de Transición y el Consejo Superior de la Judicatura culminaron, el 26 de febrero, con el nombramiento de ocho jueces para llenar vacantes. Los nuevos magistrados, entre ellos tres mujeres, juraron sus cargos en una ceremonia celebrada en Puerto Príncipe el 7 de marzo. Aunque tres asociaciones de magistrados y otras partes interesadas en el ámbito judicial acogieron con satisfacción el nombramiento de los jueces como una medida necesaria para facilitar la administración de justicia, esta decisión también suscitó algunas críticas. Varias personalidades políticas afirmaron que el procedimiento ad hoc adoptado para nombrar a los jueces violaba el artículo 175 de la Constitución haitiana enmendada en 1987, que confiere al Presidente la facultad de nombrar a los magistrados del Tribunal a partir de una lista de tres candidatos por vacante presentada por el Senado. 11.

Todavía no han sido nombrados los nuevos consejeros electorales con arreglo acuerdo del 21 de diciembre. Entretanto, la BINUH y el PNUD siguieron apoyando la creación de capacidades de la secretaría del Consejo Electoral Provisional. Además, se celebraron deliberaciones sobre estrategias para prevenir la violencia electoral en las que participaron representantes de las instituciones electorales y locales, la sociedad civil, el sector privado, los grupos religiosos, los medios de comunicación y el sector cultural, en los departamentos del Sudeste, del Centro y de Artibonito. El Ministerio de Finanzas ordenó el pago de varios meses de salarios atrasados al personal electoral, lo que permitió reanudar las actividades electorales básicas, incluida la actualización de la base de datos de votantes. Entretanto, la Oficina Nacional de Identificación informó de un aumento significativo de nuevas inscripciones de ciudadanos desde principios de enero, alcanzando los 2.000 registros diarios. Al 6 de abril, se habían inscrito unas 5.356.000 personas en edad de votar, de las cuales 2.788.000 eran mujeres. 12.

A principios de febrero, una organización de la sociedad civil denominada Diagnostic and Development Group y un grupo del sector privado llamado Alliance pour la gestion des risques et la continuité des activités presentaron los resultados de una encuesta sobre la situación de la seguridad basada en entrevistas a más de 1.300 personas (el 45 % de las cuales eran mujeres). Según los resultados, el 79 % de los encuestados estaba a favor de la asistencia en la forma de una fuerza armada internacional para ayudar a la policía nacional. Además, el 80 % de los encuestados también se mostró a favor de la movilización del ejército nacional como opción para apoyar a la policía en la lucha contra las bandas. 13. Los dirigentes políticos del país siguieron abogando por el despliegue inmediato de una fuerza armada internacional especializada.

El Primer Ministro y el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto reiteraron su llamamiento tanto al Consejo Permanente de la OEA, el 18 de enero, como a la 7ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), celebrada en la Argentina el 24 de enero. El mismo día, en una declaración emitida en Buenos Aires, los Jefes de Estado y de Gobierno de la CELAC animaron a los Estados miembros a estudiar la posibilidad de participar en la fuerza multinacional especializada solicitada por Haití. En la 44ª Reunión Ordinaria de la Conferencia de Jefes de Gobierno de la CARICOM, el Primer Ministro subrayó la importancia de ofrecer apoyo armado internacional a la policía nacional de Haití para crear un entorno de seguridad propicio a la celebración de elecciones libres, transparentes y creíbles. S/2023/274 4/18 23-06180 14.

Posteriormente, una delegación de alto nivel de la CARICOM visitó Haití el 27 de febrero para evaluar la situación en el terreno y celebrar consultas sobre la situación política y de seguridad. La delegación se reunió con funcionarios gubernamentales, el Alto Consejo de Transición, mandos policiales y representantes de grupos políticos, la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos y el sector privado para conocer sus opiniones sobre las soluciones propuestas por Haití y demostrar la solidaridad de la organización. Tras las reuniones con la delegación de la CARICOM, dos grupos haitianos de la sociedad civil emitieron sendas declaraciones en las que instaban a los países de la región a ayudar a la policía en la lucha contra las bandas y reiteraban su llamado al despliegue de fuerzas internacionales.

15. El 5 de marzo, los Jefes de Gobierno de la CARICOM publicaron una declaración en la que indicaban su intención de convocar una reunión de seguimiento con las partes interesadas haitianas y reiteraban su voluntad de apoyar a la policía nacional de Haití, entre otras cosas mediante la capacitación. Además, el 15 de marzo, un grupo de trabajo sobre Haití del Consejo Permanente de la OEA celebró una sesión con los Estados miembros y observadores permanentes de la organización, el Gobierno de Haití, el Alto Consejo de Transición, las Naciones Unidas y otras partes interesadas para determinar las áreas prioritarias para la asistencia en materia de seguridad. En la reunión, el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto reiteró la petición del Gobierno de que se desplegara una fuerza internacional especializada para ayudar a la policía.

En Puerto Príncipe, durante una visita al cuartel general de las Fuerzas Armadas de Haití, el Primer Ministro solicitó la movilización de todas las fuerzas de seguridad nacionales, incluido el ejército nacional, para ayudar a la policía a luchar contra la escalada de la violencia de las bandas. III. Reducción de la violencia 16. La inseguridad generalizada y la violencia extrema siguieron estando en el primer plano del debate público, ya que el pueblo haitiano se enfrentaba a una escalada de secuestros y delitos violentos perpetrados por bandas, incluido el uso de la violación como arma. Las bandas siguieron compitiendo por ampliar su control territorial en toda el área metropolitana de Puerto Príncipe, extendiéndose a barrios que antes no se veían afectados por este fenómeno, así como a varios municipios del departamento de Artibonito.

Los enfrentamientos entre bandas armadas y con la policía se han vuelto más violentos y frecuentes, lo que ha provocado la muerte de numerosos civiles, la destrucción de bienes, el desplazamiento de población civil de sus hogares y el aumento de la vulnerabilidad y la necesidad de asistencia humanitaria. 17. Los homicidios denunciados aumentaron un 21 %: hubo 815 casos entre el 1 de enero y el 31 de marzo, frente a los 673 registrados en el último trimestre de 2022. El 80 % del total de los casos de homicidios se registraron en el departamento del Oeste. Además, en el primer trimestre de 2023, se contabilizaron 637 secuestros, lo que supone un aumento del 63 %, frente a los 391 de los tres últimos meses de 2022. 18.

Entre el 25 de enero y el 3 de febrero estallaron disturbios civiles en Puerto Príncipe (departamento del Oeste), Gonaives (departamento de Artibonito), Los Cayos (departamento del Sur) y Cabo Haitiano (departamento del Norte) tras la muerte de 11 agentes de policía en dos incidentes distintos protagonizados por bandas armadas, el 20 de enero en Pétion-Ville (departamento del Oeste) y el 25 de enero en Liancourt (departamento de Artibonito). Algunos manifestantes instigaron protestas violentas, a menudo acompañadas de disparos, cortes de carreteras y quema de barricadas. Las manifestaciones paralizaron gran parte del país y provocaron el cierre S/2023/274 23-06180 5/18 de comercios y escuelas. El 26 de enero, decenas de individuos armados, algunos vestidos con uniformes de policía, levantaron barricadas por todo Puerto Príncipe.

Un grupo de manifestantes se congregó ante la residencia oficial del Primer Ministro, aunque no consiguieron traspasar el perímetro interior. Más tarde, ese mismo día, un grupo de manifestantes entró por la fuerza en el aeropuerto internacional Toussaint Louverture, donde acababa de aterrizar el Primer Ministro. Este permaneció retenido en el interior del aeropuerto durante varias horas y posteriormente fue evacuado a un lugar seguro. 19. A raíz de una reunión del Consejo de Ministros y del Consejo Superior de la Policía Nacional, la policía nacional anunció el 29 de enero el despliegue de unidades especializadas para luchar contra las bandas armadas como parte de la operación Tornado 1 en varios municipios de los departamentos del Oeste y Artibonito. Los resultados han sido escasos o inapreciables.

Las operaciones policiales parecen interrumpir momentáneamente las actividades de las bandas, aunque a veces solo se consigue desplazarlas a otras zonas. Sin embargo, la policía nacional sigue demasiado sobrecargada y carece de los recursos necesarios para consolidar estos pequeños avances en materia de seguridad y las bandas armadas continúan ampliando sus actividades delictivas. Programas de reducción de la violencia comunitaria 20. A pesar de las preocupantes tendencias, las iniciativas locales para ayudar a reducir la violencia han arrojado algunos resultados. La actividad comercial y social se ha reanudado hasta cierto punto en Martissant tras dos años de bloqueo por bandas armadas, aunque las carreteras hacia los departamentos del sur siguen en su mayoría cortadas al tráfico comercial. Algunas organizaciones de base comunitaria y algunos grupos de la sociedad civil pidieron a las autoridades que apoyaran las iniciativas locales destinadas a reducir la violencia. 21.

Como parte de un proyecto de reducción de la violencia comunitaria apoyado por el Fondo para la Consolidación de la Paz, el Equipo de Tareas Interministerial sobre Desarme, Desmantelamiento y Reintegración y Reducción de la Violencia Comunitaria celebró una serie de consultas con las comunidades de los diez departamentos administrativos de Haití a fin de recabar apoyo para el plan de acción nacional sobre reducción de la violencia comunitaria.

Estas consultas apoyaron la creación de nuevas plataformas departamentales para mantener debates sobre seguridad, justicia, recuperación de la comunidad, habilidades de los jóvenes, protección y violencia sexual y de género, lo que fomentará la apropiación a largo plazo del plan de acción nacional. La BINUH, con el respaldo de la Oficina de Apoyo a la Consolidación de la Paz y la Oficina de las Instituciones del Estado de Derecho y de Seguridad, facilitó una consulta sobre enfoques innovadores para la reducción de la violencia del 28 de febrero al 2 de marzo en Puerto Príncipe, con la participación del equipo de las Naciones Unidas en el país, el Banco Mundial y el Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe. Armas ilícitas y financiación 22. Como parte de las medidas de lucha contra la proliferación de armas y municiones ilícitas, en febrero, el Primer Ministro firmó el plan de acción nacional con arreglo a la Hoja de Ruta para Implementar las Acciones Prioritarias del Caribe sobre la Proliferación Ilícita de Armas de Fuego y Municiones en Todo el Caribe de Manera Sostenible para 2030.

El plan, donde se exponen las prioridades en la lucha contra el tráfico ilícito de armas de fuego y municiones, servirá de herramienta de seguimiento que contribuirá a la toma de decisiones por parte de los asociados internacionales para proporcionar apoyo. Además, en enero, un grupo de trabajo del S/2023/274 6/18 23-06180 Equipo de Tareas Interministerial, con el respaldo del PNUD y la BINUH, finalizó l a revisión del proyecto de ley sobre gestión de armas y municiones. El proyecto de ley se presentará al Gobierno en un futuro cercano. 23.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) sigue apoyando a las autoridades aduaneras en el fortalecimiento de la capacidad nacional de gestión de fronteras para combatir el tráfico ilícito y la delincuencia organizada transnacional. Entre otras actividades, la UNODC está finalizando su evaluación de los puntos de control fronterizo del país, al tiempo que respalda la formación de los equipos interinstitucionales recién creados con representantes de aduanas, policía y autoridades portuarias y aeroportuarias para seleccionar, revisar e inspeccionar contenedores y cargamentos. 24.

El 3 de marzo, la UNODC publicó un informe sobre los mercados delictivos de Haití titulado “Haiti’s criminal markets: mapping trends in firearms and drug trafficking”. Si bien se ha visto limitado por la escasez de datos, el estudio arroja algo de luz sobre los flujos de tráfico ilícito que permiten a las bandas y otras redes delictivas alimentar la violencia en Haití a través de un mercado de armas de fuego de alto calibre y munición cada vez más sofisticado, junto con el contrabando de drogas. En el informe la UNODC ofrece una visión general de los esfuerzos internacionales, regionales y nacionales para aumentar el apoyo a la aplicación de la ley y la gestión de fronteras en el país y se destaca la necesidad de enfoques integrales que abarquen inversiones adicionales en la policía de proximidad, la reforma de la justicia penal y las iniciativas contra la corrupción. IV. Seguridad y estado de derecho Policía 25. Sigue siendo preocupante la elevada tasa de separación del servicio en la policía nacional. El aumento de los ataques contra la policía ha hecho que se incrementen aún más las tasas de abandono de puesto, absentismo y jubilaciones y, más recientemente, las solicitudes de permisos de permanencia temporal (parole) en los Estados Unidos de América. Desde principios de 2023, 22 policías han sido asesinados por bandas. Se espera que estas tendencias se aceleren a menos que se redoblen los esfuerzos para equipar y formar urgentemente a la policía, reclutar nuevos agentes y mejorar las condiciones de trabajo para retener al personal existente. 26.

Al 31 de marzo, el número total de agentes de policía en todo el país ascendía a 14.772, entre los que figuraban 714 agentes egresados de la última promoción y 1.733 mujeres (el 11,7 %), lo que corresponde a una proporción de 1,2 agentes de policía por cada 1.000 habitantes. Según el departamento administrativo de la policía nacional, si se tienen en cuenta las deserciones, las suspensiones de funciones temporales debidas a investigaciones administrativas y otras ausencias, la dotación operativa real es de unos 13.200 efectivos disponibles para actuar como agentes en servicio activo. A pesar de las dificultades logísticas y de seguridad, se están tomando medidas para realizar exámenes escritos a unos 7.000 candidatos de la 33ª promoción de reclutas, de los cuales aproximadamente un 20% son mujeres.

La BINUH seguirá colaborando en todas las etapas del proceso de reclutamiento hasta que los cadetes estén listos para comenzar los siete meses de formación básica en los próximos meses. 27. Las lagunas en las capacidades policiales, con el telón de fondo del aumento de la violencia de las bandas y la expansión de su control territorial, en particular el creciente uso de tácticas de combate de guerrilla, representan una fuente de gran preocupación. La policía nacional calcula que hay importantes zonas de la capital que se ven afectadas en mayor o menor grado por el aumento de la violencia de las bandas, S/2023/274 23-06180 7/18 entre ellas las zonas más afectadas son Puerto Príncipe, Cité Soleil, Croix-deBouquets, Delmas, Pétion-Ville y Tabarre. Según las estimaciones aproximadas de la policía nacional, existen siete grandes coaliciones de bandas con unos 200 grupos afiliados.

Las bandas tendieron emboscadas y atacaron las infraestructuras de la policía nacional. Varias instalaciones policiales sufrieron graves daños y otras fueron pasto de las llamas. Otras tácticas empleadas por las bandas consisten en sembrar el terror disparando indiscriminadamente contra los pasajeros de los transportes públicos o cometiendo violaciones. La mayoría de estas bandas operan en el área metropolitana de Puerto Príncipe y sus alrededores y en el departamento de Artibonito, y utilizan distintos tipos de armamento pesado, como pistolas y fusiles de asalto.

En las últimas ofensivas de las bandas también se han utilizado uniformes de policía falsificados y armas de gran calibre con capacidad para destruir vehículos blindados. 28. Tras la conclusión de un proceso de adquisición gubernamental iniciado el año pasado, la policía nacional ha recibido ya 11 de los 18 vehículos blindados que se compraron a suministradores comerciales, además de equipos de protección personal, armas y otros materiales. Es necesario complementar estos recursos para mejorar la capacidad de vigilancia y operacional de la policía, por ejemplo, con equipos de visión nocturna.

Con la ayuda de este equipo, la policía llevó a cabo al menos 150 operaciones en todo el país en el período sobre el que se informa, que dieron como resultado la detención de 1.500 sospechosos y la incautación de docenas de armas y aproximadamente 70 kg de marihuana y cocaína. 29.

El fondo colectivo gestionado por el PNUD, que tiene por objeto la profesionalización de la policía nacional, ha recibido 14,9 millones de dólares de los Estados Unidos de un presupuesto estimado de 28 millones de dólares, de los cuales se han prometido 3 millones que aún no se han recibido. El fondo colectivo contribuye a la construcción y renovación de locales de la policía nacional y apoya los esfuerzos para mejorar de la gestión de activos y suministrar equipos a la policía, incluidos vehículos y sistemas de comunicaciones y vigilancia. A lo largo de este período, el apoyo se ha focalizado en mejorar las capacidades de inteligencia policial y en establecer un sistema de verificación de antecedentes. Las actividades para mejorar el proceso de verificación, centradas en reforzar la capacidad tanto de la Inspección General de la Policía Nacional de Haití como del servicio de reclutamiento de la policía nacional, se han visto obstaculizadas por los acontecimientos en el país. Justicia 30. Se produjeron importantes avances en el sector de la justicia, como el nombramiento de ocho jueces para el Tribunal de Casación. Se tomaron medidas para mejorar el desempeño del poder judicial en un esfuerzo por reducir la tasa de detención preventiva prolongada.

La BINUH apoyó las medidas para incrementar el uso del procedimiento de habeas corpus en tres jurisdicciones. Posteriormente, se observó una ligera reducción de 683 personas en prisión preventiva entre el 3 de noviembre y el 19 de enero, es decir, una disminución del 83,94 % de los detenidos en prisión preventiva al 83,15 %. El 23 de enero, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública divulgó un informe sobre los progresos realizados en relación con su nuevo sistema nacional de cuotas para evaluar el desempeño de los fiscales, el primero de este tipo en Haití. Según el Ministerio, desde el 1 de diciembre, los fiscales de las 18 jurisdicciones de Haití dictaron 247 autos de procesamiento definitivos, realizaron 162 visitas a prisiones civiles y enviaron 267 expedientes para su enjuiciamiento ante tribunales correccionales.

El 24 de febrero, el Ministerio anunció que los fiscales debían informar de sus progresos antes del cierre de cada mes o justificar los motivos en caso de no haberlo hecho, y subrayó que el nuevo sistema de cuotas se utilizaría para evaluar el desempeño de los fiscales. S/2023/274 8/18 23-06180 31. El 16 de enero, el Consejo Superior de la Judicatura finalizó un examen en el que concluyó que 28 de los 69 jueces y fiscales examinados no podían ser certificados por motivos de “integridad moral”, incluidas acusaciones relacionadas con el abuso de autoridad, la presentación de credenciales no válidas y la puesta en libertad ilícita de delincuentes peligrosos. No obstante, el retraso en las certificaciones judiciales sigue siendo considerable y algunas organizaciones de la sociedad civil han expresado su preocupación con respecto a la transparencia de los procedimientos.

El Defensor del Pueblo Nacional emitió un comunicado el 11 de febrero en el que instaba al Consejo Superior a considerar un proceso de apelación con arreglo al derecho fundamental a la defensa, citando la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En las semanas siguientes al proceso de verificación de antecedentes, varios jueces y fiscales que no habían obtenido la certificación, entre ellos el Fiscal de Puerto Príncipe, continuaron, no obstante, en sus cargos. El 23 de febrero, el Consejo Superior publicó un memorando en el que les ordenaba dejar de trabajar con efecto inmediato. El proceso de sustitución de los agentes judiciales que no fueron habilitados está en curso. 32. Los esfuerzos para hacer entrar en vigor los nuevos códigos penal y de procedimiento penal no han prosperado.

Mientras las autoridades nacionales debatieron formas de terminar de revisar los códigos y ampliar el mandato de la comisión designada a tal efecto, la BINUH siguió animando a las partes interesadas nacionales a entablar un diálogo constructivo sobre la aplicación gradual de la reforma penal que permitiría su entrada en vigor. 33. El 28 de febrero, la Unidad Anticorrupción puso en marcha el Día Nacional de la Declaración de Activos, una iniciativa para reforzar la transparencia y revitalizar los esfuerzos de todos los funcionarios públicos por respetar la obligación de declarar sus activos. Además, el 3 de marzo, la Unidad presentó expedientes de investigación contra siete exlegisladores, en los que les acusaba de haber incumplido la obligación de declarar sus activos.

La Unidad ha solicitado a las autoridades judiciales que adopten medidas que impidan a siete exsenadores participar en asuntos públicos, lo que incluye la suspensión de sus derechos de sufragio activo y pasivo. 34. También el 3 de marzo, la Unidad Anticorrupción solicitó a las autoridades judiciales que enjuiciaran a un expresidente del Senado por obstrucción a la justicia, y a otro exsenador por malversación de recursos públicos. Se realizó una solicitud similar para el exdirector de la Administración de Aduanas, acusado de enriquecimiento ilícito, blanqueo de dinero y falsa declaración de activos.

Instituciones penitenciarias 35. Las condiciones de privación de libertad siguieron deteriorándose en todo el país. Los esfuerzos por mejorar las condiciones en las cárceles se vieron obstaculizados por los altos niveles de inseguridad, lo que impidió la rotación del personal penitenciario y la entrega de suministros a las prisiones. Al 31 de marzo, las prisiones haitianas albergaban a 11.421 reclusos, entre ellos 290 mujeres, 238 niños y 12 niñas, con una tasa de ocupación global estimada del 285 %, y 9.507 reclusos (el 83,2 %) a la espera de juicio. De este modo, cada recluso solo dispone de una media de 0,35 m2 de espacio para vivir, un factor importante para evitar la propagación de infecciones y enfermedades. En el período de que se informa, murieron 20 personas detenidas, principalmente por malnutrición y anemia. Como parte de los esfuerzos para prevenir la propagación del cólera, la BINUH, en coordinación con la Organización Panamericana de la Salud y el Ministerio de Salud Pública y Población, ayudó a la autoridad penitenciaria a implementar una campaña de vacunación para 3.733 reclusos en tres grandes prisiones, con lo que se vacunó contra el cólera al 92 % de los detenidos. S/2023/274 23-06180 9/18 36. El 26 de enero, la comisaría principal de la policía de Gonaïves (departamento de Artibonito), que también sirve de centro de detención para mujeres y hombres, sufrió dos ataques perpetrados por agentes de policía descontentos e individuos armados. Estos incidentes se saldaron con la muerte de 14 reclusos, 10 fugitivos y la presunta violación de 17 mujeres alojadas en el centro.

La Inspección General de la Policía Nacional de Haití está investigando la posible complicidad de la policía en relación con los hechos. V. Derechos humanos Impacto de la violencia y del aumento de las actividades delictivas sobre la población 37. La situación de los derechos humanos de quienes viven en zonas controladas por las bandas sigue siendo terriblemente deficiente. Las condiciones de vida en las nuevas zonas objetivo de las bandas han empeorado drásticamente. Entre el 1 de enero y el 15 de marzo, al menos 531 personas murieron, 300 resultaron heridas y 277 fueron secuestradas en incidentes relacionados con bandas, sobre todo en Puerto Príncipe. La situación de los residentes del municipio de Cité Soleil, tal y como se expone en un informe publicado conjuntamente por la BINUH y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) el 10 de febrero, refleja los abusos perpetrados contra muchas personas haitianas. Desde julio de 2022, los residentes de Cité Soleil han sido víctimas habituales de homicidios, lesiones y violencia sexual a manos de miembros de las bandas. Los francotiradores apostados en los tejados dispararon con frecuencia a personas que se encontraban en sus residencias o en la calle. Entre el 8 de julio y el 31 de diciembre, en el barrio de Brooklyn, dentro de Cité Soleil, al menos 263 personas murieron, 285 resultaron heridas y 4 desaparecieron en actos de violencia cometidos por bandas. Esta violencia se debe a enfrentamientos entre bandas motivados por intereses políticos, económicos y personales.

La respuesta policial y la ayuda humanitaria han sido limitadas. Por otro lado, la educación, la sanidad y otros servicios sociales estatales están en gran medida ausentes en este barrio. En el informe también se señalaba la falta de avances en las investigaciones sobre los abusos cometidos por las bandas contra la población, lo que socava aún más la confianza pública en la autoridad del Estado. 38. Las actividades de las bandas han tenido un impacto catastrófico en los derechos humanos de los niños. Si bien sigue siendo difícil hacer un seguimiento de los incidentes debido a las dificultades de acceso vinculadas a la inseguridad, las pruebas muestran que los niños son víctimas de los crímenes más graves y atroces, incluida la violencia sexual, y el reclutamiento por las bandas. Estas utilizan niños como informadores callejeros y recaderos, así como durante los combates para transportar munición o cargar armas e incluso para obligarles a cometer ataques. Algunas escuelas se cerraron después de que profesores y alumnos fueran alcanzados por balas perdidas en las aulas, lo que ilustra el carácter indiscriminado de los ataques de las bandas.

Con frecuencia, se han producido secuestros de niños y padres en las inmediaciones de centros escolares. 39. La expansión de las bandas en zonas anteriormente consideradas seguras, como los municipios de Kenscoff y Pétion-Ville, así como el barrio de Croix-des-Bouquets de Canaan, es alarmante. Con esta estrategia, las bandas han ido reforzando su control en torno a la metrópolis de Puerto Príncipe, donde todos los municipios se ven afectados ahora por las rivalidades entre bandas. En enero, la violencia de las bandas se extendió al vecino departamento de Artibonito, y se registraron graves incidentes en los municipios de Liancourt, Petite-Rivière de l’Artibonite, Verrettes y L’Estère. S/2023/274 10/18 23-06180 40. Además, la violencia siguió provocando el desplazamiento de un gran número de personas, la destrucción de propiedades y la erosión de la economía, en concreto restringiendo la libertad de circulación y el acceso a bienes y servicios básicos, como alimentos, agua y atención sanitaria.

Con frecuencia se secuestran camiones, y los viajeros son víctimas habituales de tiroteos, robos y violencia sexual; además, las bandas los extorsionan y los obligan a pagar peajes ilegales. Los ataques contra el personal médico y las infraestructuras han llevado a algunas instituciones, incluidas las gestionadas por organizaciones no gubernamentales internacionales, a suspender temporalmente sus actividades o reducirlas. El hospital Albert Schweitzer, situado en Deschapelles (Verrettes), en el departamento de Artibonito, que atiende a unas 700.000 personas, se vio obligado a suspender sus servicios el 16 de febrero debido a los elevados niveles de inseguridad. Del mismo modo, el 9 de marzo, Médicos Sin Fronteras cerró temporalmente su hospital de Cité Soleil. A fines de marzo, ambas instituciones reanudaron únicamente las actividades de cuidados de emergencia y mantuvieron suspendidos el resto de sus servicios. 41. Al 4 de abril, había aproximadamente 130.000 desplazados internos repartidos por el área metropolitana de Puerto Príncipe, de ellos más del 38 % habitaban en 50 refugios improvisados, la mayoría sin acceso a servicios básicos. Otros vivían en comunidades de acogida, compartiendo unos recursos ya de por sí escasos. En muchas zonas afectadas por la violencia, la actividad económica sigue completamente paralizada. Al mismo tiempo, ha aumentado el número de personas que abandonan Haití, tanto por mar como a través de la frontera por tierra con la República Dominicana. 42.

Las autoridades haitianas, asistidas por la Organización Internacional para las Migraciones y otras organizaciones humanitarias, siguieron registrando elevadas cifras de haitianos repatriados desde el extranjero, aun cuando el ACNUDH, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y otras entidades de las Naciones Unidas pidieron que se ponga fin a los retornos forzosos. Entre enero y marzo, al menos 36.079 personas de origen haitiano fueron repatriadas. De ellas, casi el 90 % fueron deportadas desde la República Dominicana, entre ellas centenares de mujeres embarazadas y madres lactantes y miles de niños no acompañados. Violencia sexual 43. En su afán de expansión territorial, las bandas armadas siguieron utilizando la violación y otras formas de violencia sexual para infundir miedo y ejercer su control sobre las comunidades, lo que ha seguido afectando de forma desproporcionada a mujeres y niñas, con graves consecuencias para su salud y sus derechos humanos. En el período de que se informa, la BINUH verificó 12 incidentes de violación, incluidas violaciones colectivas, que afectaron a siete mujeres y seis niñas de entre 14 y 16 años, en el municipio de Puerto Príncipe.

En un incidente, ocurrido el 5 de febrero, una mujer de 27 años fue violada colectivamente y asesinada por varios miembros de una banda cuando regresaba a su casa desde el mercado de Croix-des-Bouquets. En otro incidente, ocurrido el 14 de febrero, una niña de 16 años fue violada a plena luz del día por varios miembros de una banda. Esta es una tendencia preocupante: entre julio y diciembre de 2022, el ACNUDH documentó 57 casos de violaciones colectivas de mujeres y niñas, así como secuestros y explotación sexual 1

.Estos incidentes reflejan la realidad de muchas mujeres y niñas, que son blanco de las bandas cuando __________________ 1 Naciones Unidas, ACNUDH, “Haití: el aumento de la violencia de las bandas supone estar viviendo una “auténtica pesadilla”– Türk”, comunicado de prensa, 10 de febrero de 2023. S/2023/274 23-06180 11/18 estas intentan ampliar su control territorial, y que son extremadamente vulnerables debido a la falta de protección y servicios de apoyo. 44. La violencia sexual por parte de las bandas siguió, en gran medida, sin denunciarse, especialmente en comparación con otros tipos de violencia.

Esto se debe al riesgo de represalias contra víctimas y testigos por parte de las bandas, la estigmatización de las víctimas por parte de sus familiares y comunidades, la escasa disponibilidad de servicios, incluidos los que prestan los actores internacionales, y la falta de confianza en las instituciones responsables de defender el estado de derecho. El escaso número de denuncias ante la policía, unido a las deficiencias del sistema de justicia, han dado lugar a una impunidad generalizada para la mayoría de los incidentes de violencia sexual cometidos por bandas. 45. Las entidades de las Naciones Unidas y la iniciativa Spotlight están contribuyendo a fortalecer la prestación de servicios a las supervivientes de violencia sexual y de género, incluidos los sistemas de derivación de pacientes para recibir atención médica y apoyo psicosocial, los kits de higiene femenina y la asistencia en efectivo.

El acceso limitado a las zonas controladas por las bandas también afecta al acceso a los servicios para las víctimas de violencia sexual y de género. Siguen siendo escasos los programas de alojamiento que proporcionan una vivienda segura, así como los programas de apoyo para la reintegración y rehabilitación de las víctimas. Situación de impunidad 46. La falta de rendición de cuentas por los abusos y violaciones de derechos humanos cometidos por agentes del Estado y bandas siguen siendo un importante obstáculo para el respeto del estado de derecho.

No se avanzó en los casos judiciales emblemáticos. Las investigaciones de los asesinatos de Grand Ravine (2017) y Bel Air (2019) siguen estancadas, en parte porque el Consejo Superior de la Judicatura no ha habilitado a los jueces encargados de los casos. En el caso Bel Air, la asignación de este asunto a dos jueces generó confusión acerca de la persona responsable del caso lo que provocó nuevos retrasos. La investigación sobre el asesinato en 2020 del Presidente del Colegio de Abogados de Puerto Príncipe, Monferrier Dorval, no ha avanzado, ya que el mandato del juez encargado terminó en junio de 2021, y la investigación sobre la masacre de La Saline (2018) se ha retrasado ya que el juez está a la espera de una sentencia del Tribunal de Casación. 47. La investigación sobre el asesinato del ex Presidente Jovenel Moïse dirigida por el sistema de justicia de Haití no ha avanzado a pesar de que, inicialmente, la policía nacional efectuó varias detenciones. Sin embargo, cuatro personas detenidas en Haití fueron extraditadas a los Estados Unidos el 31 de enero acusadas de conspirar para cometer asesinatos y secuestros fuera de los Estados Unidos y de proporcionar apoyo material y recursos con resultado de muerte. El 14 de febrero, las autoridades estadounidenses anunciaron también la detención de otros cuatro sospechosos acusados de planear y financiar el asesinato del Sr. Moïse. Estas nuevas detenciones elevan a 11 el número total de sospechosos encarcelados en los Estados Unidos en relación con la investigación. Cumplimiento del mandato en materia de derechos humanos 48.

La BINUH ha seguido apoyando a la Inspección General de la Policía Nacional de Haití en la investigación de casos de violaciones de derechos humanos cometidas por agentes de policía. Desde el 17 de enero, se han abierto 37 investigaciones en las que estaban implicados 44 policías. Se han concluido las investigaciones de 9 casos, que han dado lugar a 7 despidos y 9 suspensiones y se han remitido recomendaciones al Director General de la Policía. Otros 5 casos han sido derivados a las autoridades judiciales para su enjuiciamiento penal. S/2023/274 12/18 23-06180 49. Del 8 al 10 de febrero, por invitación del Gobierno de Haití, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos realizó su primera visita oficial al país con miras a llamar la atención sobre la gravedad de la violencia, los abusos y violaciones de los derechos humanos que estaban ocurriendo en Haití y las consecuencias humanitarias y de seguridad para la población haitiana. Entre los principales resultados de la visita, cabe destacar las conversaciones favorables mantenidas con el Primer Ministro para el establecimiento de una oficina del ACNUDH en Haití y la reinstauración de un Experto Independiente sobre la situación de los derechos humanos en Haití, lo que pone de manifiesto la apertura del Gobierno al fortalecimiento de la presencia de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos en el país.

El 4 de abril, el Consejo de Derechos Humanos aprobó la resolución 52/39 titulada “Asistencia técnica y fomento de la capacidad para mejorar la situación de los derechos humanos en Haití, en respuesta a la solicitud formulada por las autoridades de Haití de una acción internacional coordinada y específica”. En la resolución, el Consejo solicita al ACNUDH que coopere con el Gobierno de Haití proporcionando “asistencia técnica y apoyo al fomento de capacidades en materia de promoción y protección de los derechos humanos, justicia, fuerzas de seguridad y administración penitenciaria de Haití, para que pueda proseguir su estrategia dirigida a combatir las actividades de las bandas armadas y a restablecer el estado de derecho, y para facilitar la aplicación de las recomendaciones formuladas y aceptadas durante el último ciclo del examen periódico universal”.

El Consejo solicita al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que nombre a un experto o una experta en derechos humanos que se encargue, con la asistencia de la Oficina del Alto Comisionado y en colaboración con la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití, de seguir la evolución de la situación de los derechos humanos en Haití, procurando en particular integrar la perspectiva de género y prestar especial atención a la situación de los niños y a la trata de personas en toda su labor. Asimismo, el Consejo solicita al Alto Comisionado que, mediante un diálogo interactivo en el que participe el experto o la experta en derechos humanos, le presente en su 54º período de sesiones un informe provisional sobre la situación de los derechos humanos en Haití y, en su 55º período de sesiones, un informe amplio sobre el tema. VI. Desempleo, juventud y otros grupos vulnerables Panorama de la situación socioeconómica 50.

Las perspectivas socioeconómicas de Haití a corto plazo siguen siendo muy difíciles. Los avances económicos en el primer trimestre del ejercicio económico 2022/23 se vieron empañados por la debilidad de las instituciones estatales. Según el Banco Mundial, el producto interno bruto real, que se contrajo un 1,7 % en el ejercicio económico 2021/22, se prevé que se contraiga por quinto año consecutivo un 1,1 %, en 2022/23. Avanzar en las reformas, incluidas las fiscales, es fundamental para reforzar la gobernanza y sentar las bases de un crecimiento económico sostenible e inclusivo. 51. Durante el período de que se informa, el Gobierno publicó su presupuesto para el ejercicio económico 2022/23, centrado en mejorar la movilización de ingresos. El Gobierno espera aumentar la recaudación fiscal y las contribuciones sociales, alcanzando una proporción del 6 % en los ingresos totales en 2023, frente a una media del 23 % en la región de América Latina y el Caribe. Sin embargo, los aranceles aduaneros del primer trimestre del ejercicio económico casi se duplicaron, lo que podría mejorar la capacidad del Gobierno para financiar los sectores sociales. S/2023/274 23-06180 13/18 52.

El Gobierno quintuplicó el presupuesto de 2022/23 para el Ministerio de Asuntos Sociales y Trabajo, que ascendió a casi 200 millones, el 11,6 % del presupuesto total. La capacidad del Gobierno de ejecutar este presupuesto dependerá de la coyuntura económica tanto interna como externa. Las siguientes asignaciones más elevadas del presupuesto total se destinaron al Ministerio de Educación y Formación Profesional (11,2 %) y al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (10,8 %), mientras que el Ministerio de Salud Pública y Población sigue recibiendo una pequeña fracción del presupuesto (3,9 %). El presupuesto asignado a los ministerios de salud y educación en conjunto equivale a la cantidad que se espera recibir en ayudas para el ejercicio económico 2022/23, lo que supone el 15,1 % de los ingresos presupuestarios nacionales. 53. Según la nota trimestral sobre la política monetaria publicada por el Banco Central de Haití el 24 de enero, la transferencia de remesas aumentó un 6,3 % en el último trimestre de 2022, por lo que se invirtió la tendencia a la baja observada desde principios de ese año.

En diciembre, la inflación interanual alcanzó el 48,3 % respecto a 2021, su valor más alto del año. La gourde siguió depreciándose frente al dólar de los Estados Unidos y pasó de 117,7 gourdes por dólar en septiembre a 145.2 gourdes en diciembre, perdiendo un 8 % adicional de su valor en ese período. 54. Según el primer examen del programa supervisado por el personal del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Haití, las autoridades nacionales están haciendo esfuerzos importantes para hacer frente a los múltiples desafíos del país, llevando a la práctica políticas dirigidas a restaurar la estabilidad macroeconómica y el crecimiento, fortaleciendo la gobernanza y proporcionando alivio a los hogares más vulnerables. Por otra parte, el FMI considera que la ejecución del programa supervisado por el personal ha sido satisfactoria en términos generales. Las autoridades aprobaron un nuevo código tributario en diciembre de 2022 y adoptaron reformas aduaneras y de la administración fiscal. En concreto, el código tributario — el primero en la historia del país— supone la racionalización y simplificación del impuesto sobre la renta de las personas físicas y del impuesto sobre la renta de las sociedades, entre otras cosas a través de la ampliación de la base imponible y la eliminación de muchas exenciones. Protección social y seguridad alimentaria 55. Avanzar en las reformas es fundamental para reducir los ya elevados niveles de pobreza, que se han visto exacerbados por la inseguridad y la incapacidad de abordar los retos estructurales para el desarrollo sostenible.

El hecho de que el modelo de desarrollo socioeconómico no sea suficientemente inclusivo ha contribuido a que aumenten las desigualdades económicas y ha socavado los esfuerzos para alcanzar el desarrollo sostenible y la estabilidad en Haití. Para ayudar a construir un modelo económico más inclusivo que contribuya a reforzar la cohesión social, el equipo de las Naciones Unidas en el país, junto con el Gobierno, los asociados nacionales e internacionales, la sociedad civil, el mundo académico y el sector privado, puso en marcha el 27 de febrero un proyecto titulado Diálogo Nacional para una Economía Inclusiva y Pacífica, financiado por el Fondo para la Consolidación de la Paz. 56. Los retos del empleo, la protección social y la seguridad alimentaria siguen siendo enormes. Por ejemplo, podrían suprimirse 9.000 empleos en el sector de la confección de aquí a junio de 2023. El equipo de las Naciones Unidas en el país siguió respaldando a las instituciones nacionales para hacer frente a los persistentes problemas en materia de desarrollo.

El equipo en el país apoyó las iniciativas para aumentar la empleabilidad de las mujeres y los jóvenes vulnerables en la producción de cacao y árbol del pan y para mejorar las condiciones laborales del sector de la confección. En la producción de cacao y árbol del pan, la Organización Internacional S/2023/274 14/18 23-06180 del Trabajo apoyó a 1.150 personas, de las cuales el 48 % eran mujeres, mediante la creación de 50 mutualidades. En el sector de la confección, un total de 170 trabajadores y empresarios, entre ellos 53 mujeres, se beneficiaron de servicios de asesoramiento, auditorías y sesiones de capacitación sobre derechos y responsabilidades de los trabajadores, cooperación en el lugar de trabajo, comunicación y prácticas de adquisición. 57.

El equipo de las Naciones Unidas en el país siguió apoyando a las instituciones nacionales en la mejora de la protección social, en particular al equipo de tareas del Gobierno sobre la puesta en marcha de la política nacional de protección social y progreso social, bajo la dirección del Ministerio de Asuntos Sociales y Trabajo. En el presupuesto para 2022/23, el Gobierno asignó 27,6 millones de dólares para respaldar la aplicación de la política nacional. 58. La situación de la seguridad alimentaria sigue siendo alarmante. Según la última evaluación de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases para el período transcurrido de marzo a junio de 2023, 4,9 millones de personas se enfrentan a la inseguridad alimentaria aguda y necesitan ayuda humanitaria urgente (fase 3 y fases superiores).

Esto representa el 49 % de la población y supone un aumento de 200.000 personas en comparación con el análisis anterior. Un total de 1, 8 millones de personas se encuentran en situación de emergencia (fase 4). De todos los hogares, el 72 % considera que la alimentación es su necesidad prioritaria. En este contexto, el apoyo de las Naciones Unidas es fundamental. Una evaluación de las intervenciones en Puerto Príncipe en 2022, realizada por el Programa Mundial de Alimentos (PMA), muestra que la ayuda del PMA permitió a los hogares aumentar su consumo de alimentos en un 50 %. El PMA, junto con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, está reorientando el programa nacional de alimentación escolar para centrarlo en la producción local y en garantizar una ingesta de alimentos fiable para los niños a la vez que se crean medios de subsistencia y se estimula la economía local. La inseguridad alimentaria y la malnutrición provocan emaciación en los niños, lo que deja efectos de por vida. Con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 30.033 niños fueron admitidos para recibir tratamiento contra la emaciación en 2022, incluidos 12.605 casos de malnutrición aguda grave. 59.

El Banco Mundial también está respaldando al Ministerio de Agricultura, Recursos Naturales y Desarrollo Rural para promover sistemas de producción de alimentos resilientes e inclusivos con la aprobación de una financiación adicional de 50 millones de dólares para el proyecto titulado Agricultura Resiliente de Emergencia para la Seguridad Alimentaria. El FMI aprobó un desembolso de 110,6 millones de dólares a Haití en el marco de la Ventanilla para Shocks Alimentarios del Servicio de Crédito Rápido, que ayudará a cubrir el déficit de la balanza de pagos y a apoyar a los más afectados por la subida de los precios de los alimentos mediante programas de alimentación, transferencias en efectivo y en especie y exenciones de tasas escolares. Para hacer frente a la crisis, habrá que asignar recursos presupuestarios públicos con carácter prioritario al gasto en programas alimentarios y aumentar la asistencia social destinada a los más vulnerables. VII. Prestación de servicios sociales básicos y resiliencia 60. La inseguridad sigue obstaculizando la prestación de servicios sociales básicos mientras aumentan las necesidades humanitarias.

En el plan de respuesta humanitaria para 2023 se estima que 5,2 millones de personas necesitan ayuda humanitaria, un 15,6 % más que en 2021. Las necesidades de financiación del plan en 2023 han aumentado un 92,3 %, pasando de 373,8 millones de dólares en 2022 a 719 millones S/2023/274 23-06180 15/18 en 2023. La inseguridad, los problemas de acceso humanitario y la subida de los precios de los productos básicos han repercutido considerablemente en el costo de las operaciones. El plan para 2023 beneficiará a 3 millones de personas, lo que representa un aumento del 20 % respecto a los 2,5 millones de 2022. 61. Más de 500.000 niños que viven en barrios controlados por bandas tienen dificultades para acceder a la educación, lo que afecta a su derecho a la educación. Muchas escuelas han cerrado, y al menos 11 de ellas se utilizan actualmente en Puerto Príncipe como bases de bandas para lanzar ataques o retener a víctimas de secuestros. Aunque el uso de edificios escolares como fortificaciones o bases para lanzar ataques es esporádico, algunos centros escolares llevan ocupados desde 2021. A pesar de que algunas escuelas han vuelto a abrir con el apoyo del UNICEF, las circunstancias apuntan a que no todos los niños podrán volver a clase. Además, los ataques contra escuelas son cada vez más frecuentes. Según los informes, en los cuatro primeros meses del año escolar 2022/23, de las escuelas evaluadas, 76 estaban ocupadas, de las cuales 54 estaban ocupadas por grupos armados y 22 por personas desplazadas. El PMA y sus asociados han reanudado los programas de alimentación escolar dirigidos a 460.000 alumnos para el año académico en curso, incluso en municipios controlados por bandas, como Cité Soleil. 62.

La propagación del cólera se estabiliza lentamente en el área metropolitana de Puerto Príncipe, que ha sido el epicentro del rebrote desde octubre de 2022. La mayoría de los nuevos casos se concentran ahora en otras regiones, sobre todo en los departamentos del Centro, del Noroeste y de Artibonito. El número de casos sospechosos surgidos del rebrote ha aumentado a 38.086 y el de los casos confirmados a 2.592. Se han visto afectados el 81 % de los 140 municipios en todo el país. De todos los casos confirmados, el 38 % son niños de entre 1 y 9 años. Hasta el presente se han registrado 650 fallecimientos por cólera. 63. El equipo de las Naciones Unidas en el país ha trabajado con el Gobierno y los asociados locales, nacionales e internacionales para contener el brote de cólera, entre otras cosas mediante actividades dirigidas al tratamiento, la prevención y la vacunación. Con el apoyo de las entidades de las Naciones Unidas, el UNICEF y la Organización Mundial de la Salud, el Gobierno puso en marcha una campaña de vacunación en la que 850.067 personas recibieron una dosis de la vacuna contra el cólera, incluido el 92 % de un total de 3.297 personas detenidas en tres cárceles. Además, 823.636 personas se han beneficiado de los esfuerzos para mejorar el acceso al agua, el saneamiento y la higiene, y 637.025 personas se han acogido a iniciativas de implicación social y comunitaria. 64.

La comunidad humanitaria está trabajando para mejorar la coordinación y ampliar urgentemente los esfuerzos para hacer frente al cólera, la inseguridad alimentaria y los problemas de protección, lo que incluye el aumento de su huella operacional a nivel departamental, por ejemplo, en Cabo Haitiano y Los Cayos. Para garantizar una respuesta humanitaria contundente, será imprescindible contar urgentemente con fondos y un acceso humanitario sin trabas. 65. Se ha mantenido el acceso humanitario, pero sigue siendo difícil dada su dependencia tanto de los recursos como del compromiso de la comunidad. En las zonas controladas por bandas, como Cité Soleil y el barrio de Martissant, continúan los esfuerzos para posibilitar la prestación de asistencia vital que incluye actividades relacionadas con la alimentación, la atención sanitaria, el agua y el saneamiento.

En el período que abarca el informe, se llevaron a cabo 40 misiones en estas zonas. El acceso es posible en otros departamentos, aunque los desplazamientos por carretera siguen siendo difíciles debido a la presencia de bandas armadas. Se ha elaborado una estrategia de acceso humanitario para apoyar un enfoque unificado entre los S/2023/274 16/18 23-06180 miembros del equipo humanitario en el país con miras a salvaguardar el acceso humanitario sin obstáculos y facilitar una respuesta integral. 66. En un contexto de acceso inestable a la financiación e infrafinanciación crónica, el equipo de las Naciones Unidas en el país y sus asociados colaboran para garantizar una respuesta integral a las poblaciones más vulnerables. Por ejemplo, el equipo de tareas sobre zonas de difícil acceso, creado en enero, reúne a agentes humanitarios, de desarrollo y de paz con miras a abordar las causas profundas y promover resultados sostenibles. El objetivo es servir a la población más allá de la ayuda de emergencia, buscando sinergias entre los programas humanitarios y de desarrollo y otros, como el Fondo para la Consolidación de la Paz y los programas de reducción de la violencia comunitaria. VIII. Explotación y abusos sexuales 67. La BINUH registró una denuncia de explotación sexual, que incluía una reclamación de paternidad y pensión por alimentos, que implicaba a personal de una misión anterior. Los abusos y la explotación sexuales en Haití, debido a la actual situación humanitaria y de seguridad, siguen siendo un peligro.

Las Naciones Unidas en Haití están alerta ante el mayor riesgo de explotación y abusos sexuales y están tomando medidas para hacerle frente. 68. Bajo la dirección de la Representante Especial Adjunta del Secretario General, Coordinadora Residente y Coordinadora de Asuntos Humanitarios, el equipo de las Naciones Unidas en el país y el equipo humanitario en Haití reforzaron su compromiso de prevenir la explotación y los abusos sexuales y darles respuesta, firmando una declaración conjunta de compromiso interinstitucional. La red interinstitucional de prevención de la explotación y los abusos sexuales y la Oficial Superior de Derechos de las Víctimas siguieron colaborando para garantizar la existencia de mecanismos normalizados que se ocupen de las denuncias y se establezcan las vías de remisión a fin de garantizar una atención de calidad a las víctimas. 69.

En el marco del fondo fiduciario de apoyo a las víctimas de la explotación y los abusos sexuales, se ha propuesto un nuevo proyecto destinado principalmente a prestar apoyo a las madres y los niños nacidos de la explotación y los abusos sexuales cometidos por antiguos miembros del personal de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití, que está pendiente de aprobación. Se prevé que el proyecto sea ejecutado por la Organización Internacional para las Migraciones y comience en junio de 2023. Entretanto, y dentro de las limitaciones impuestas por el empeoramiento de la situación en Haití, la Oficial Superior de Derechos de las Víctimas, con el respaldo de la Defensoría de los Derechos de las Víctimas, la BINUH y el equipo de las Naciones Unidas en el país, siguió ocupándose de las necesidades de estas madres y niños. IX. Observaciones 70. La violencia en Haití sigue intensificándose y las autoridades estatales no han podido responder adecuadamente.

Las bandas se dedican a atacar a la policía y las infraestructuras policiales. La policía sigue careciendo de recursos suficientes y se enfrenta a dificultades abrumadoras en su lucha por impedir que las bandas intensifiquen su control en Haití. Me preocupa que las bandas estén tomando a los niños como objetivo también, especialmente mediante su reclutamiento. Un gran número de haitianos está abandonando el país y la creciente inseguridad sigue S/2023/274 23-06180 17/18 desencadenando movimientos de población dentro de Haití. Sigue siendo limitado el acceso humanitario y el acceso a los servicios básicos, como la educación y la salud, incluido fuera de la capital, en particular en el departamento de Artibonito. La inseguridad alimentaria se encuentra en un máximo histórico ya que se considera que hay 4, 9 millones de personas en las fases 3 y 4 de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases, es decir, cuatro veces más que en 2017. Son señales claras de que, si no se aborda adecuadamente, la crisis de violencia seguirá agravándose, y sus consecuencias podrían durar generaciones. Reviste una importancia capital que todos protejan y respeten a los actores médicos, educativos y humanitarios y sus instituciones, así como a las poblaciones vulnerables, incluidos mujeres y niños. 71.

Encomio los esfuerzos internacionales para hacer frente a la escalada de la violencia, incluida la violencia sexual. Si bien la opinión pública en general ha acogido favorablemente los avances registrados en relación con las medidas de sanciones específicas adoptadas por el Consejo de Seguridad, la restauración del estado de derecho es crucial para que el pueblo de Haití pueda ejercer sus derechos políticos y cívicos. 72. Las soluciones a la crisis deben ser asumidas y lideradas por el pueblo de Haití, pero la magnitud de los problemas es tal que se requiere la respuesta y el apoyo inmediatos de la comunidad internacional. Reitero la necesidad urgente de desplegar una fuerza armada internacional especializada, tal y como expuse en mi carta de fecha 8 de octubre de 2022 a la Presidencia del Consejo de Seguridad (S/2022/747). Junto con el apoyo estratégico y de asesoramiento de la BINUH para reforzar las capacidades policiales, el despliegue de una fuerza de este tipo sigue siendo crucial para los esfuerzos de las autoridades nacionales destinados a frenar la violencia y los abusos de derechos humanos contra el pueblo haitiano, restablecer el estado de derecho y crear las condiciones propicias para la celebración de elecciones creíbles.

A fin de que sean sostenibles y, en última instancia, sean fructíferos, estos esfuerzos internacionales para disuadir a las bandas de cometer actos de violencia y restaurar la seguridad deben centrarse en la rendición de cuentas, la prevención y la protección. Por este motivo, reviste una enorme importancia contar con un sistema de justicia penal efectivo. 73. Si no se quiere que las instituciones de Haití sigan erosionándose y el pueblo haitiano padezca más sufrimiento, las medidas para hacer frente a la violencia de las bandas deben ir acompañadas de avances concretos para resolver la crisis política. Siguen siendo esenciales los esfuerzos para lograr el consenso más amplio posible y definir una hoja de ruta nacional para crear las condiciones políticas y de seguridad necesarias para celebrar elecciones y restaurar las instituciones elegidas democráticamente. Cabe esperar que la instauración del Alto Consejo de Transición ayude a generar el consenso necesario para encontrar una salida a la crisis política. 74.

El pueblo de Haití sigue sufriendo una de las peores crisis de derechos humanos en décadas y una grave emergencia humanitaria. Con el elevado número de muertes y el aumento de las zonas bajo control de bandas armadas, la inseguridad en la capital ha alcanzado niveles comparables a los de países en conflicto armado. La visita del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a Haití puso de manifiesto la magnitud del sufrimiento causado por los altos niveles de violencia de las bandas armadas, que han dado lugar a graves abusos de derechos humanos, han agravado las dificultades económicas y la inseguridad alimentaria, han aumentado los desplazamientos internos y han restringido la libertad de circulación y el acceso a las necesidades básicas. 75. Junto con los esfuerzos para reforzar la policía, el fortalecimiento del sistema judicial también debe recibir una mayor prioridad. La ocupación continua desde junio S/2023/274 18/18 23-06180 de 2022 del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Príncipe es un símbolo inaceptable de las disfunciones críticas del sector judicial.

Para combatir la impunidad, debe haber una protección especial para quienes se ocupan de delitos graves, incluidos fiscales, jueces y testigos. Un sistema de justicia eficaz es esencial para acabar con la corrupción y la impunidad que alimentan el ciclo de la violencia. Los responsables, incluidos los que proporcionan apoyo y financiación a las bandas, deben rendir cuentas ante la ley.

El reciente nombramiento de jueces para cubrir las plazas vacantes en el Tribunal de Casación permite que el poder judicial siga funcionando durante este período de inestabilidad institucional. Sin embargo, estos nombramientos extraconstitucionales ponen de manifiesto la urgente necesidad de restablecer el funcionamiento democrático. 76. Sigo apoyando al pueblo de Haití en estos momentos extraordinariamente difíciles. Reconozco los valientes esfuerzos de los asociados nacionales e internacionales que, ante el aumento de la inseguridad y los delitos violentos sin freno, siguen trabajando para aliviar el sufrimiento de las comunidades vulnerables. Mantengo la esperanza de que, con unidad de propósito, solidaridad y urgencia, pueda producirse un cambio positivo y una reforma sostenible en Haití en un futuro próximo. 77. Reconozco los continuos esfuerzos y la dedicación del personal de las Naciones Unidas en Haití, bajo la dirección de mi Representante Especial y mi Representante Especial Adjunta. Agradezco a mi anterior Representante Especial, Helen Meagher La Lime, sus abnegados servicios a Haití y doy la bienvenida a María Isabel Salvador, que asume sus funciones como mi nueva Representante Especial para Haití y Jefa de la BINUH