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Columnista Invitado/a | Luis Sirito Carmelo

Con el retorno de la democracia, la República de Chile viene exhibiendo grandes avances en su economía así como en su administración pública, con un Estado medianamente institucionalizado, con buenos resultados en la implementación de políticas públicas dirigidas a reducir  la pobreza (de un 40% en el año 1990 a un 8.6% en el año 2017) y una política macroeconómica que busca un crecimiento con estabilidad para los próximos años.

Las exportaciones chilenas durante el año 2018 alcanzaron la cifra de 75,482 millones de dólares, lo que representa un crecimiento importante para este país. Además, Chile goza de una política fiscal coherente, a lo que se agregan las alzas en los precios del cobre. Para el presupuesto del año 2005 estuvo proyectado a 0.95 centavos de dólar la libra, sin embargo, para el año 2019 alcanzó los tres dólares. Para el año 2000, el país tenía el Producto Interno Bruto en 78,000 millones de dólares y para el 2018 ya se elevó a 300,000 millones de dólares, un aumento de más de 300%. Para el año 2015, la deuda pública chilena representaba el 14.4% del PIB nacional.

Al avance de la economía de Chile, se le ha sumado la consolidación de la democracia, motor de los logros alcanzados. En el año 2005  se logró una  reforma constitucional que  para  muchos, incluyendo el Presidente de entonces Ricardo Lagos, dejaba claro el fin de la transición del régimen militar dirigido por el General Augusto Pinochet a la democracia. Dentro de los asuntos más relevantes incluidos en esta nueva constitución estaban la  disminución del periodo presidencial de seis a cuatro años y la potestad presidencial para nombrar y remover a los jefes de los distintos cuerpos castrenses, entre otros aspectos. De esta manera, los militares a través del Consejo de Seguridad Nacional no podrían auto convocarse y pasaban  a ser asesores del presidente de turno.

Sin embargo, cabe destacar que en Chile persisten graves problemas. Algunos han existido desde siempre; otros se han creado y profundizado durante los gobiernos democracias de desde el 1990 en adelante, empezando por los demócratas Cristianos  Patricio Aylwin (1990-1994) y  Eduardo Frei (1994-2000), el militante del Partido Socialista y fundador del Partido Por la Democracia  Ricardo Lagos (2000-2006), también la socialdemócrata Michelle Bachelet (2006-2010/2014-2018) y por último el conservador de derecha Sebastián Piñera (2010-2014/ 2018- actual presidente).

La pobreza, la marginalidad de los más desposeídos, la situación de los pueblos originarios, el sistema previsional, la desigualdad social, y la delincuencia son los grandes males que afectan a este país sudamericano y que los gobiernos en democracia no han podido hacerle frente. El pasado 15 de diciembre se realizó una consulta nacional coordinada por los municipios de Chile donde se pedía a la ciudadanía elegir lo que consideraban las tres prioridades para generar políticas públicas. Estas preferencias marcaron tendencias  mayoritarias en mejoras a las pensiones, mejor calidad de la educación y mejora en el sistema de salud.

El  gobierno del presidente Alwyn fue considerado como un gobierno de transición del régimen militar a la Democracia y el gobierno de Eduardo  Frei  como un gobierno reformista en lo que relativo al proceso de modernización del estado. No así los gobiernos de Lagos y de Michelle Bachelet en sus dos gobiernos.

En el año 1999, el Presidente Lagos prometió en la campaña electoral que terminaría con la desigualdad social y que al mismo tiempo crearía cerca de medio millón de empleos en su primer año de gobierno. En el año 2005, en una comparecencia ante estudiantes de Gestión Pública de la Universidad de Chile, el propio Presidente admitió que no pudo cumplir algunas de sus promesas “Quiero que les sirva de consejo, como futuros diseñadores e implementadores de políticas públicas, cuídense con las cifras. Cometí un error al dar cifras y luego me pasaron la factura”, enfatizó. Sin embargo, el Presidente entiende que logró realizar su promesa de campaña, pero le tomó, más tiempo de lo prometido. Sin embargo en ese encuentro Lagos evitó tocar el tema de la desigualdad.

Las diferencias sociales en Chile están muy bien marcadas. Para algunos políticos esta diferencia constituye una vergüenza nacional. No sólo es notorio cuando se visitan los barrios altos como La Dehesa y otros en el sur de la ciudad de Santiago. Según la CEPAL, en el año 2018, el 1% más rico recibió casi el 26.5% de la riqueza y el 10% concentró el 66.5% de la riqueza que se produce en el país.

En los gobiernos de la Concertación se hicieron  grandes esfuerzos para encarar la situación de desigualdad, durante sus ejecutorias se crearon varios programas de protección social. De ellos, el más emblemático fue  el programa Chile Solidario. Sin embargo, ni los gobiernos socialdemócratas ni socialcristianos pudieron disminuir las diferencias sociales que arropan a Chile. 

Al expresidente Ricardo Lagos Escobar se la ha considerado como el más popular de los gobernantes post dictadura, al dejar el palacio presidencial de La Moneda en los últimos años. Las cifras indican que dejó el cargo con casi un 70% de aceptación, y tal posición lo sitúa, en Chile y en América Latina, como el mandatario que al abandonar su cargo ha tenido una aprobación mayor de la que tenía al inició de su mandato en 2000.

Durante su gestión ayudó a conseguir la aprobación de reformas importantes en la administración pública, acuerdos comerciales, concesiones en obras públicas y ejecución de políticas públicas entre las que más han contribuido a mejorar las cifras macroeconómicas, logrando un importante crecimiento económico durante los últimos años de un -1.1% en el 1999 a un 6.3% en 2005 y a una mejoría sustancial del desempleo y disminución de la pobreza.

Pero al mismo tiempo, hay estudios que demuestran que a los empresarios y a la oligarquía les pareció muy bien la gestión de Ricardo Lagos, con relación a los otros periodos de sus antecesores, el miedo del sector empresarial a los socialistas facilitó la llegada de Michelle Bachelet quien era la delfín del presidente Lagos.

Los gobiernos de Michelle Bachelet se caracterizaron por diseñar e implementar programas sociales que, de alguna manera, sirvieron de muro de contención y demoraron la explosión social. Su primera asunción, después de ganar unas elecciones reñidas de alguna manera la obligaron a pactar con sectores dentro de su coalición. Quizás el peor pecado de la expresidenta Bachelet fue haberse definido como una candidata ciudadana.

En su primera gestión se produjo la primera gran rebelión. La famosa revolución de los pingüinos. Apenas faltando días para cumplir tres meses en el poder, el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet se enfrentó a la protesta estudiantil más grande que se ha registrado en este país trasandino, obligándola a modificar partidas importantes del presupuesto de su gobierno para destinarlas a gastos no contemplados, dirigiendo esos recursos al sector educación. También tuvo que agilizar, a través de una comisión especial, la revisión de la Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE) promulgada durante el gobierno del dictador Augusto Pinochet.

Casi un millón de manifestantes movilizados en todo el país eran estudiantes (pingüinos) de secundaria, con edades que oscilaban entre 12 y 17 años. Estos, que hoy algunos son diputados y actores políticos de relevancia en el país, pusieron al Palacio de La Moneda en sobresalto, con demandas bien estructuradas. Pero ¿por qué la manifestación de los estudiantes de secundaria tuvo éxito y logró paralizar el país?

Hay muchos factores que incidieron a favor de los estudiantes, pero hay tres que fueron  de vital importancia.

Primero, la ausencia de partidos políticos u otros grupos organizados con intereses particulares en la manifestación de los estudiantes les dio legitimidad y autenticidad a sus demandas. Además, eran caras nuevas y desconocidas por los medios de comunicación, eso favoreció que el movimiento estudiantil organizado saliera a respaldarlo. Pero siempre los pingüinos mantuvieron el protagonismo.

Segundo, para la población chilena la desigualdad social es producto del sistema de enseñanza: educación primaria y secundaria pública en calidad es catastrófica en comparación con la privada y se empeora con el pasar de los tiempos. Chile es uno de los países de América Latina con mayor ingreso per cápita con una inversión en educación pública de muy mala calidad. Las inversiones que han realizado los gobiernos en democracia no han podido lograr la homogenización de la calidad de la enseñanza pública y privada. En la actualidad existen tres tipos de niveles o categorías en materia educativa: la educación impartida por los colegios privados pagada por los padres de los alumnos; la educación impartida por colegios privados pero subvencionado por el estado y la educación pública administrada por las corporaciones municipales y la administrada por  el Departamento de Educación de la Municipalidad. 

Tercero, la probabilidad de que un estudiante que provenga de la educación pública pueda cursar una carrera universitaria es muy baja. Las universidades exigen un puntaje minino para la matriculación, de acuerdo a las carreras que quiera cursar el estudiante y eso se logra con los conocimientos obtenidos durante su formación secundaria.

A diario cuando vemos las imágenes de lo que está pasando en Chile nos preguntamos ¿por qué tanta violencia, por qué en el  país que todos teníamos como referente político, económico y social sus habitantes se han levantado en protestas muy violentas?

La administración del gobierno militar implantó un sistema que está muy bien estructurado en la constitución del año 1980. El sistema económico le transfiere mucho poder al mercado, el Estado prácticamente desaparece en los principales medios de producción de bienes y servicios, su rol es de ente regulador. Prácticamente, los gobiernos no podrán cambiar nada al menos que modifiquen la constitución de la República, luego hacer una gran reforma legislativa que de alguna manera le devuelva al Estado un rol más protagónico. Estos cambios tomarán mucho tiempo para sacar la educación, la salud, y la previsión social, del mercado.

Las AFP son el sector con mayor rechazo según los economistas Paula Benavides y Rodrigo Valdés. Estos académicos en un estudio realizado al sector consideran que ganancias del sector son excesivas “Las utilidades de las administradoras del sistema han sido excesivamente altas, lo que sugiere que la competencia es imperfecta” fuera del control de los órganos reguladores.

En este momento, la preocupación del sector empresarial parece indicar que está dispuesto a ceder. En días pasados uno de los empresarios más ricos Chile, Andrónico Luksic, preocupado por la situación hizo fuertes declaraciones contra la clase política con relación a la situación del país «Para los problemas de hoy, soluciones hoy; y aprendamos de una vez que para los problemas de mañana, también soluciones hoy. La clase política puede hoy resolver las pensiones, la educación, la salud y el transporte público. ¿Qué esperan? es ahora cuando debemos actuar. Hoy. No mañana. Muchos compatriotas ya no pueden esperar. Y los que podemos tendremos que ayudar a pagar la cuenta. En esto no hay magia. Por un Chile mejor de verdad». Sus declaraciones muestran mucha preocupación por su sector. Sin embargo, los empresarios  nunca asumieron, ni siquiera un aumento de salario mínimo decente,  que en  su momento se llamó Salario Ético,  promovido por sectores  de la iglesia y de la  sociedad civil que entendían que la desigualdad podría generar problema a largo plazo

Por otro lado, el actual presidente no cuenta con una base social y política sólida en el país. Cuando llegó al poder por primera vez, su partido Renovación Nacional era una de las  organizaciones políticas más pequeñas en el Chile contemporáneo y dentro de su coalición, y sigue siendo uno de los partidos pequeños sin mucha influencia en los movimientos sociales.  Lo peor, es que no cuenta con la aprobación ciudadana. La última medición de CADEM,  encuesta validada por el gobierno, muestra una aprobación de un 4% a la gestión gubernamental, la más baja en toda la historia de los presidentes desde el retorno a la democracia.

La clase política de derecha y en parte de izquierda se ha beneficiado del modelo económico implantado por el régimen militar encabezado por el General Pinochet y se hizo cómplice de mantener las  grandes ganancias de las empresas en áreas importantes de la economía, como las minerías, el sector salud, el sector educación y el sector financiero, a través de la corrupción.

En República Dominicana  hemos copiado ese modelo,  si no hacemos una revisión profunda de lo que ya hemos implementado tarde o temprano vamos a vivir lo que se está viviendo en Chile, donde la sociedad le dice a la clase política: “¡hasta aquí, no más!”.

Indudablemente que estamos a tiempo de empezar a revisar nuestras políticas que tienen muy buenos resultados en números, pero que no han impactado en la solución de los problemas de la gente.  La clase política Chilena al igual que la nuestra  por todos estos años se ha manejado a espalda de la sociedad que ha ido evolucionado con una generación   jóvenes   que están comprometido con la lucha por sus derecho y que ha entendido que el Estado no debe dejarle todos al mercado, el mismo  debe jugar su rol en la distribución de la riqueza. En el Chile moderno ha surgido un nuevo liderazgo que ha sido capaz de poner en relieve  un problema conocido por todos, pero muy poco fueron capaz de proponer soluciones viables.

Con la revuelta social  en Chile se está  cuestionando el modelo económico,  la respuesta tardía que tienen las élites políticas es la modificación de constitución. Para el 29 de abril de 2020 se ha programado un plebiscito vinculante a nivel nacional para que los chilenos voten por una nueva constitución y una asamblea constituyente para generar esta nueva carta magna. Sin embargo, esto no es una respuesta que tendrá efecto inmediato,  por lo tanto se tomará  tiempo, las protestas seguirán, surgirán nuevos actores políticos porque los actuales están  prácticamente comprometidos con las políticas públicas implementadas en los últimos 30 años en democracia.