“Es común para las compañías privadas censurar, vigilar, o realizar otras restricciones a la libertad de expresión, usualmente presionados por los gobiernos, pero algunas veces, por su propia iniciativa”, señaló David Kaye.

 El David Kaye, Relator Especial de la Libertad de Expresión de Naciones Unidas, con motivo de la presentación ante el Consejo de Derechos Humanos del “Informe sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de expresión y opinión”.

Uno de los objetivos del estudio es brindar herramientas a las empresas para promover la libertad de expresión en Internet. “Los actores privados necesitan una guía práctica sobre cómo aplicar los estándares de derechos humanos en su rol de obstaculizadores o facilitadores de la expresión”, aseguró Kaye, quien se pregunta, “debido a su rol central, qué responsabilidades tienen las compañías privadas para promover la libertad de expresión o resistir las demandas de los gobiernos”.

El informe también plantea recomendaciones para los gobiernos, con el objetivo de evitar presiones indebidas y proteger a los intermediarios. “Los mínimos requisitos de la normativa de derechos humanos son claros. Los Estados no deben forzar a las compañías a tomar medidas que, innecesaria y desproporcionadamente, interfieren con la libertad de expresión”, precisó Kaye.

Entre las principales recomendaciones del estudio se destacan:

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• - Los Estados no deben requerir o presionar al sector privado para interferir en la libertad de expresión, sea a través de leyes, políticas o medios extralegales.
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• - Cualquier demanda, pedido u otra medida para bajar contenido digital o accede a información de clientes debe estar basada en la validez de alguna normativa, sujeta a supervisión externa e independiente y demostrar medios necesarios y proporcionados para alcanzar uno o más de sus objetivos dentro del artículo 19 de la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
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• - Los gobiernos deben adoptar e implementar leyes y políticas que protejan el desarrollo privado y la provisión de medidas técnicas, productos y servicios que promuevan la libertad de expresión.
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• - Los actores privados deben desarrollar e implementar mecanismos transparentes para la evaluación de derechos humanos. Dichos mecanismos deben incluir la revisión crítica de la formulación y cumplimiento de los términos de servicios, evaluar opciones de diseño e ingeniería, planes diferenciales de acceso a contenidos y servicios en internet, el impacto para los derechos humanos de hacer negocios con clientes de gobierno para el desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones, o la transferencia de regulación de contenidos o tecnologías de vigilancia.
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• - Las entidades privadas deben garantizar la transparencia en sus políticas, estándares y acciones que involucren a la libertad de expresión y otros derechos fundamentales.
• También deben comprometerse con la garantía de la libertad de expresión en el desarrollo de sus políticas internas, ingeniería de productos, desarrollo de negocios, entrenamiento de su personal y otros procesos internos relevantes.
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• - Las organizaciones internacionales deben garantizar la participación de la sociedad civil en la elaboración de políticas públicas y en otros procesos de establecimiento de estándares, incluyendo la creciente presencia de expertos técnicos sensibles a las preocupaciones sobre derechos humanos.

El informe se elaboró a través de un proceso de consulta pública en el que participaron 15 estados y 15 organizaciones de la sociedad civil. Las intervenciones de cada uno de ellos se pueden ver aquí.

Este estudio es parte de un proyecto mayor que examina las responsabilidades de empresas privadas en la era digital y que continuará en 2017 con la presentación de un nuevo trabajo que examinará la normativa que gobierna a las empresas de telecomunicaciones y proveedores de internet que, crecientemente enfrentan demandas para dar de baja contenidos durante períodos de protestas y elecciones.

El Relator Especial también preparará estudios temáticos sobre temas como la restricción de contenidos impuesta por actores privados y gobiernos, la responsabilidad de intermediarios por las expresiones de terceros, el rol de la industria de la vigilancia, el rol de actores públicos y privados en áreas de seguridad digital, gobernanza global de Internet y esfuerzos para expandir el acceso a Internet.