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Derechos humanos | Pedro Cano

La Red Jesuita con Migrantes (RJM), espacio articulado de instituciones jesuitas de Haití y RD que brindan servicios y atención a los inmigrantes en toda la Isla, celebró su reunión anual del 1 al 3 de junio en Jimaní, abordando como temas principales los marcos situacionales de Haití y de República Dominicana, incluyendo las relaciones binacionales, los planes de documentación y regularización y las deportaciones.

 La RJM considera que Haití y República Dominicana son dos pueblos hermanos que conviven en una misma isla compartiendo recursos naturales en una frontera común de más 300 Km que todas las semanas es testigo del intercambio comercial y la convivencia cotidiana y solidaridad entre la gente de los dos pueblos y sus autoridades. 

Hacemos nuestra la exhortación del Papa Francisco a los obispos dominicanos y nos ponemos a disposición de las autoridades civiles de Haití y República Dominicana para “alcanzar soluciones solidarias a los problemas de quienes son privados de documentos o se les niega sus derechos básicos. Asumimos el criterio apostólico de que “es inexcusable no promover iniciativas de fraternidad y paz entre ambas naciones.”

Al valorar la práctica y los resultados de los procesos de documentación y regularización puestos en marcha por los gobiernos de Haití y República Dominicana, a través del PIDIH y del PNRE, respectivamente, constatamos con pesar la presencia de trabas y obstáculos, incluyendo requisitos irrazonables, que han limitado el impacto positivo esperado.

Es lamentable que en los últimos 5 meses se dejara sin efecto la decisión de suspender las deportaciones, mientras se aplicara el PNRE, y que en cambio se adoptara la aplicación de una Operación Escudo, caracterizada por la aplicación de expulsiones colectivas en caliente, sin observar el debido proceso de ley ni notificar a las autoridades consulares, como debe de hacerse. Agentes de seguridad y militares  dominicanos han estado haciendo redadas y expulsiones colectivas sin observar el debido proceso de ley, lo que pone en riesgo el impacto esperado del PNRE y la promesa del Presidente Danilo Medina de respetar los derechos humanos de las personas vulnerables. También es inexcusable que el gobierno haitiano no haya hecho una efectiva aplicación del PIDHI, lo cual afecta la regularización de sus connacionales.

Las instituciones sociales jesuitas ven con  preocupación la situación de los dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana, debido al riesgo de apatridia que corren por las deportaciones arbitrarias que se están realizando, ya que este colectivo fue injustamente  desprovisto o suspendido de sus documentos de identidad personal. Muchos de ellos todavía no han recibido los beneficios de la Ley 169-14 debido a que la Junta Central Electoral todavía mantiene suspendidas sus actas de nacimientos y sus cédulas de identidad.

Por este motivo, como Red Jesuita con Migrantes, nos unimos a otras organizaciones de la sociedad civil para pedir al gobierno dominicano suspender las deportaciones para todos los extranjeros que puedan ser beneficiarios del PNRE hasta la finalización del proceso de regularización. Asimismo recomendamos, a la luz del art. 37 del decreto 327-13, que  las autoridades dominicanas cumplan la normativa legal interna sancionando a los grupos militares y civiles dominicanos que violan flagrantemente los plazos del proceso de regularización y los derechos humanos en el proceso de deportación.

También pedimos a las autoridades del Estado haitiano  que crean  cuanto antes, las condiciones de seguridad y de recepción para garantizar una acogida digna a las personas deportadas, de manera que se reduzcan los riesgos y las situaciones de desamparo  que sufre esta población al llegar a la frontera.

Por todo lo expuesto anteriormente, reiteramos nuestro compromiso con las iniciativas que ambos gobiernos desarrollen en beneficio de la población más vulnerable, y solicitamos a las organizaciones internacionales a apoyar a los dos Estados en la búsqueda de soluciones duraderas. Exhortamos a la comunidad internacional, especialmente a los organismos que trabajan con la movilidad humana y la asistencia humanitaria, a  brindar protección efectiva y sostenida a las personas en riesgo de ser deportadas al cumplirse el plazo del PNRE. Asimismo, exhortamos a los gobiernos de Haití y República Dominicana  cumplir y hacer respetar el Protocolo de entendimiento firmado por ambos el 2 de diciembre de 1999 relativo a la gestión de las deportaciones; además de evitar una crisis humanitaria esto ayudaría a crear condiciones favorables para que se fortalezca el dialogo binacional de los dos Cancilleres y de  la Comisión Mixta Bilateral, y con ello crear unas buenas relaciones culturales, humanas, migratorias, comerciales y educativas entre los habitantes de los dos países.

 

En el presente contexto institucional, las entidades de la Red Jesuita con Migrantes reiteran su compromiso de acompañar a los grupos de migrantes más vulnerables y  se comprometen a trabajar con otros actores de la sociedad y del Estado en ambos países a fin de brindar asistencia y solidaridad a los migrantes que requieran de nuestra atención, sin distinción de su lugar de origen.