La situación de seguridad en Haití se ha deteriorado drásticamente en los últimos años, a medida que pandillas violentas se han fortalecido en todo el país. Esas pandillas controlan zonas estratégicas del área metropolitana de Puerto Príncipe, comúnmente conocidas en Haití como “zonas rojas” o “zonas sin ley”, que rodean parcialmente la capital.

El control de las zonas costeras de Puerto Príncipe permite a esas pandillas recibir armas por vía marítima, según señalaron representantes de la sociedad civil.

Las pandillas perturbaron gravemente la actividad económica en todo Haití entre mediados de octubre y mediados de noviembre al bloquear el suministro de combustible desde el puerto de la capital, lo cual afectó el funcionamiento de hospitales, el abastecimiento de agua, las comunicaciones, la recolección de residuos y la asistencia humanitaria, según informaron trabajadores de salud y representantes de la ONU a Human Rights Watch. Las pandillas siguen teniendo capacidad para obstruir las principales rutas de abastecimiento del país y las terminales de combustible “a voluntad”, advirtieron en febrero agencias de la ONU.

Las pandillas controlan las dos rutas que conectan la capital con República Dominicana, al este, y con la península del sur de Haití, que sobresale al oeste de Puerto Príncipe, la cual sufrió un terremoto devastador en agosto de 2021. De este modo, “separaron” las cuatro provincias del sur del resto del país, el ministro de Justicia, Berto Dorcé, explicó en diciembre a Human Rights Watch.

Los aproximadamente 1,1 millones de personas que viven en “zonas sin ley” están a la merced de las pandillas. En enfrentamientos con otras pandillas con las que se disputan el control de los vecindarios, hombres armados atacaron autobuses y utilizaron francotiradores para disparar de manera indiscriminada contra civiles, según informaron organismos de la ONU. Conforme dijeron a Human Rights Watch agencias de la ONU, organizaciones no gubernamentales y trabajadores de salud, en algunas de las “zonas sin ley” no hay presencia gubernamental; es decir, no hay escuelas, policía o servicios de salud, ni siquiera de urgencias.

Cerca de 19.000 personas huyeron de la violencia en esos vecindarios, informó la OIM a Human Rights Watch; algunas sobreviven en campamentos improvisados en otros lugares de la ciudad. Representantes de la OIM indicaron que algunos campamentos están dentro de zonas inseguras, donde las agencias de la ONU no pueden proporcionar asistencia. 

La policía informó que hubo 1.615 asesinatos y 655 secuestros en el país en 2021, pero representantes de la sociedad civil y de la ONU explicaron que muchos delitos no son denunciados.

La Comisión Episcopal Nacional de Justicia y Paz, una organización no gubernamental, señaló haber documentado 659 asesinatos en 2021 solo en el área metropolitana de Puerto Príncipe, sin contar los casos en zonas sin ley, a donde no pueden acceder para hacer un conteo.

El Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos (CARDH), otro grupo no gubernamental haitiano, recopiló una lista de 949 secuestros en el país en 2021, contando solo los casos difundidos en medios de comunicación o informados directamente a la organización. Prácticamente cualquier persona es blanco de secuestro para pedir rescate, no solo las que cuentan con mayores recursos económicos. Las mujeres secuestradas son violadas de manera rutinaria, según fuentes de la ONU y del sector de salud.

Varios informes apuntan a que las pandillas utilizan la violencia sexual para aterrorizar y controlar vecindarios, y someten a hombres jóvenes a abusos sexuales como ritual de iniciación, denunciaron organismos de la ONU. Más del 20 % de las niñas y los niños del país fueron víctimas de violencia sexual, informó la ACNUDH.

Los sobrevivientes suelen tener temor de denunciar los delitos ante las autoridades, ya que sospechan la existencia de vínculos entre las pandillas y la policía. El inspector general de la policía haitiana, Fritz Saint Fort, que supervisa las investigaciones disciplinarias, señaló a Human Rights Watch que algunos agentes actúan como intermediarios entre los traficantes de armas y los grupos criminales, y que otros son sus informantes. “Son muy peligrosos. Transmiten información sobre operaciones policiales a las pandillas”, explicó.

Varios funcionarios se refirieron a los vínculos entre pandillas y políticos. Renan Hédouville, director de la Oficina de Protección Ciudadana de Haití, dijo al respecto que “las pandillas pueden hacer lo que quieran, porque cuentan con protección”. Robert Sanders, consejero político de la embajada de EE. UU. en Puerto Príncipe, dijo: “Las pandillas son financiadas por políticos con fines comerciales y políticos”. La ACNUDH ha señalado que el gobierno haitiano debe resolver el problema del “patrocinio político de las pandillas armadas”.

Colapso de las instituciones democráticas

El colapso gradual de las instituciones democráticas ha dejado a Haití sin líderes electos. El país no cuenta con un parlamento en funcionamiento, ya que el expresidente Moïse se negó a organizar elecciones legislativas en 2020, cuando culminó el mandato de dos tercios de los 30 senadores. Los 10 senadores cuyos mandatos no han concluido son los únicos funcionarios con cargos que son resultado de elecciones nacionales en Haití.

El Consejo Superior del Poder Judicial de Haití dictaminó el 6 de febrero de 2021 que el mandato del expresidente Moïse finalizaba ese día, tras concluir que había comenzado su mandato en febrero de 2016, al ganar las elecciones de octubre de 2015. Sin embargo, el expresidente Moïse se negó a acatar la decisión. Sostuvo que, dado que las acusaciones de fraude electoral resultaron en una segunda votación en todo el país en noviembre de 2016, que también ganó, su mandato recién había comenzado en febrero de 2017, por lo que terminaría el 7 de febrero de 2022.

El presidente Moïse fue asesinado el 7 de julio de 2021. Unos días antes, había nombrado a Ariel Henry como primer ministro.

El primer ministro Henry no recibió aprobación parlamentaria antes de asumir el cargo, como exige la Constitución. “Estamos al margen de la Constitución", reconoció el primer ministro Henry a Human Rights Watch en diciembre.

En septiembre, el fiscal general, Bedford Claude, alegó que el primer ministro Henry se había comunicado telefónicamente con uno de los principales sospechosos de haber organizado el asesinato del expresidente Moïse, horas después de su muerte. Claude solicitó a un juez que aprobara cargos contra el primer ministro Henry en relación con el asesinato.

El primer ministro Henry, quien rechaza la acusación, despidió a Claude. Una investigación del New York Times afirmó que el sospechoso se reunió con el primer ministro Henry dos veces en la residencia ministerial tras el asesinato, cuando la policía lo buscaba. No ha habido una decisión judicial sobre la solicitud de Claude de que se apruebe la acusación contra el primer ministro Henry.

Incluso tras finalizar lo que el expresidente Moïse consideraba su mandato, el primer ministro Henry —quien fue designado por el expresidente, no electo— sigue a la cabeza del gobierno. Todavía no se ha fijado una fecha para las elecciones presidenciales. No hay consenso acerca de quiénes deberían integrar el Consejo Electoral Provisional, el organismo encargado de organizar elecciones, y la grave situación de seguridad en todo Haití plantea dificultades considerables para llevar a cabo una votación. En las condiciones actuales, no es seguro para los candidatos hacer campaña en gran parte del país, ni que las personas voten. Hasta los altos funcionarios públicos están en la mira. En enero de 2022, hombres armados abrieron fuego contra el primer ministro Henry y su comitiva cuando se retiraban de la catedral en Gonaïves, matando a una persona e hiriendo a otras dos.  

Ausencia de justicia

El sistema de justicia de Haití prácticamente no funciona. El presidente Moïse destituyó arbitrariamente a tres jueces de la Corte Suprema en febrero de 2021 y nombró nuevos jueces sin observar los procedimientos establecidos en la Constitución. En enero de 2022, apenas 5 de los 12 magistrados seguían en sus cargos y no podían tomar decisiones, dado que se necesita un mínimo de 7 jueces para dictar sentencia. El mandato de dos de los cinco magistrados restantes terminó en febrero.

En Haití, el presidente debe renovar los mandatos de los jueces de instrucción, que dirigen investigaciones judiciales, pero el expresidente Moïse no cumplió con esa tarea. El mandato de dos tercios de esos jueces ya venció, indicó un miembro del Consejo Superior del Poder Judicial. Siguen cobrando sus sueldos, pero no pueden tomar decisiones oficiales de ningún tipo.

La crisis de seguridad ha agravado estos problemas. Algunos jueces no han ido a sus despachos en seis meses por temor a los secuestros y los tiroteos, según indicaron varias fuentes judiciales. “Abandonaron literalmente sus puestos, porque los tribunales están en zonas rojas y no hay forma de protegerlos”, informó una autoridad judicial. El camino que conduce al Palacio de Justicia, el principal complejo judicial de Haití —que alberga varios juzgados— está controlado por pandillas, lo que hace imposible celebrar audiencias allí, dijo a Human Rights Watch un representante de la Asociación Nacional de Secretarios Judiciales de Haití.

El representante explicó que es habitual que ladrones irrumpan en los juzgados penales de Puerto Príncipe para robar expedientes de los casos. Los expedientes solo están en papel y no tienen respaldo digital. El 27 de octubre de 2021, por ejemplo, ladrones entraron en el Palacio de Justicia y robaron el expediente de la investigación sobre el asesinato de Monferrier Dorval, presidente del Colegio de Abogados de Puerto Príncipe, ocurrido en agosto de 2020. También robaron las declaraciones patrimoniales de muchos altos funcionarios gubernamentales. Las copias del expediente y de las declaraciones de bienes estaban guardadas en la misma caja fuerte, según indicaron funcionarios de justicia.

Varios jueces, secretarios y abogados han sido amenazados, según indicaron representantes de la ONU, al igual que secretarios y abogados entrevistados por Human Rights Watch. Un miembro del Consejo Superior del Poder Judicial dijo que poderosos intereses económicos que emplean y financian a las pandillas les dan instrucciones de que amenacen a funcionarios de justicia, con el fin de obstruir las investigaciones.

Entre los amenazados se encuentran dos jueces y dos secretarios que investigaron el asesinato del expresidente Moïse. Según un funcionario judicial, recibieron llamadas exigiéndoles que implicaran a determinadas personas en el homicidio bajo la advertencia de que, de lo contrario, ellos mismos serían asesinados. Ninguno de ellos recibió protección policial, según informaron funcionarios de justicia a Human Rights Watch. Por lo menos uno de los cuatro denunció las amenazas al fiscal general y a la policía por escrito en julio de 2021, pero funcionarios de justicia con conocimiento del caso dijeron en diciembre que no estaban al tanto de que la policía hubiera adoptado ninguna medida. Uno de los jueces huyó del país.

En octubre de 2021, asaltantes dispararon contra el vehículo del juez que en ese momento estaba a cargo del caso de Moïse. También ingresaron al despacho del juez e intentaron, sin éxito, abrir la caja fuerte donde guardaba documentos confidenciales.

La crisis política e institucional ha agudizado la impunidad ya generalizada.

Desde 2018, las organizaciones de la sociedad civil haitiana han documentado el asesinato de cientos de personas en al menos 18 masacres, presuntamente cometidas por pandillas, en el área metropolitana de Puerto Príncipe. El gobierno de Estados Unidos emitió sanciones contra un policía que se había convertido en líder de pandilla y dos exfuncionarios del gobierno, en relación con la masacre de 71 personas en el barrio de La Saline en 2018. Nadie ha sido acusado en relación con esa masacre, ni con ninguna de las otras 17.

Desde octubre de 2020 hasta septiembre de 2021 —el último año judicial— solo se celebraron 226 juicios penales en un país con 11 millones de habitantes, informó la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos, una organización no gubernamental haitiana. En algunas jurisdicciones, los tribunales no han celebrado ninguna audiencia en relación con causas penales durante tres años, indicó la Oficina de la ACNUDH.

Mientras tanto, el 81 % de las más de 11.000 personas detenidas siguen esperando un juicio. Algunas llevan años detenidas. Las cárceles y los centros penitenciarios albergan más del triple de la cantidad de detenidos para la cual fueron construidos. Un informe de la ONU de junio de 2021 afirmó que los detenidos estaban recluidos en condiciones “inhumanas” y eran sometidos a malos tratos y tortura.

La corrupción sigue menoscabando el sistema judicial, según afirman funcionarios de justicia. En 2017, el expresidente Moïse obtuvo facultad legal para nombrar al jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UCREF), encargada de combatir la corrupción en el sistema de justicia y en otros ámbitos. Representantes de la RNDDH y de Nou Pap Dòmi, otra organización no gubernamental, señalaron que la falta de independencia de la unidad respecto al poder ejecutivo la priva de eficacia. La estrategia nacional de anticorrupción de Haití finalizó en 2019 y el país no ha adoptado una nueva.

La basura se acumula en una calle de Puerto Príncipe, Haití, donde la recolección de basura y el saneamiento son inadecuados, en diciembre de 2021.Click to expand Image

                                                                Grave situación humanitaria

La crisis política y de seguridad está agravando una situación humanitaria que ya era crítica.

El 14 de agosto de 2021, la península suroccidental de Haití quedó devastada por un terremoto de magnitud 7,2, en el que murieron más de 2.200 personas y más de 800.000 se vieron afectadas. El terremoto causó daños y pérdidas equivalentes al 11 % del PIB, incluyendo el daño o la destrucción de 59 establecimientos de salud y más de 137.000 viviendas. Dañó o destruyó significativamente 308 escuelas, lo cual afectó a 100.000 niñas, niños y profesores. Desde el terremoto, más de 30.000 personas del sur de la península siguen desplazadas.

Las pandillas empeoran la situación. El bloqueo de combustible que llevaron a cabo en octubre y noviembre interrumpió la entrega de asistencia y, durante casi dos meses, su control sobre la única carretera desde Puerto Príncipe hizo imposible que agencias de la ONU enviaran ayuda a la península por tierra, según informó la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA). Con escolta armada, los organismos pudieron reanudar los envíos a principios de diciembre.

Los ingresos de casi el 24 % de la población del país están debajo del nivel de pobreza extrema, de USD 1,23 al día, informó la ACNUDH. Alrededor de 4,4 millones de personas, o casi el 46 % de la población, están en situación de inseguridad alimentaria aguda. Unos 217.000 niños y niñas sufren desnutrición moderada a grave.

“El gobierno no brinda servicios básicos”, afirmó el primer ministro Henry. Conforme al derecho internacional, los países están obligados a generar y garantizar progresivamente niveles mínimos esenciales de derechos económicos y sociales, incluyendo los derechos a la salud y a la alimentación, así como el acceso al agua y a instalaciones sanitarias.

El gobierno haitiano estima que necesita USD 2.000 millones para recuperarse del terremoto. Durante una conferencia celebrada en febrero, los donantes prometieron aportar USD 600 millones.