“Este protocolo es una cortina de humo que utiliza Luis Abinader para intentar ocultar que su gobierno y los anteriores no han invertido lo suficiente para garantizar el derecho a la salud”, afirmó Ana Piquer, Directora para las Américas de Amnistía Internacional. “Los hospitales dominicanos deben ser lugares de cuidado y protección, no espacios de miedo y vigilancia. El gobierno debe invertir adecuadamente en la salud y derogar de inmediato todas las medidas que atemorizan a las personas a acudir al médico por su nacionalidad o estatus migratorio”, añadió. 

Este protocolo es una cortina de humo que utiliza Luis Abinader para intentar ocultar que su gobierno y los anteriores no han invertido lo suficiente para garantizar el derecho a la salud”. 

Ana Piquer, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.

El 6 de abril de 2025, el presidente Luis Abinader implementó un conjunto de medidas en materia migratoria, que incluyó el “Procedimiento de gestión de los servicios de salud a pacientes extranjeros”: un protocolo para condicionar la entrada de personas extranjeras a hospitales a la presentación de identificación, pasaporte con visado vigente, carnet de trabajo emitido por Dirección de Migración y prueba domiciliaria. Las personas extranjeras que no presenten estos documentos, después de su atención, enfrentan detención y deportación. Según el presidente, estas medidas estarían encaminadas a “controlar la afluencia a los hospitales públicos” y a garantizar los derechos de las personas dominicanas.  

Amnistía Internacional realizó un análisis estadístico con información de establecimientos de salud del Servicio Nacional de Salud (SNS) y encuestas de hogares, así como entrevistas con personas expertas y personas usuarias de los servicios de salud. Según los datos examinados por la organización, la preocupación por el acceso y la disponibilidad de la atención sanitaria en el país no se debe a la saturación de los servicios brindados a personas refugiadas haitianas, sino que puede explicarse por la gradual falta de inversión en salud por parte del Estado, lo que va en contra de sus obligaciones internacionales de utilizar el máximo de sus recursos disponibles para garantizar el derecho a la salud. 

Además, Amnistía Internacional identifica que la implementación del protocolo incrementa las barreras al derecho a la salud de las personas haitianas, aumentando la desigualdad en el acceso a la salud y limitando los esfuerzos de salud pública para toda la población en el país. 

La precarización de la salud pública es consecuencia de falta de disponibilidad de servicios de salud  

El presidente Luis Abinader anunció en febrero del 2025 que su gobierno priorizaría la inversión para beneficio de las personas dominicanas en el sistema de salud. Sin embargo, es de resaltar que, históricamente, los problemas de fondo en el acceso a la salud pública no han estado relacionados con la demanda de servicios de salud por parte de las personas haitianas que viven en el país, sino con un financiamiento insuficiente y baja disponibilidad de recursos. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), República Dominicana es el segundo país con el menor gasto público en salud de la región como porcentaje de su PIB, dedicando menos de la mitad (2.7% del PIB) de lo recomendado por la OMS (6%). Aunque el gasto en salud del presupuesto ha venido creciendo en un 5% de 2022 a 2024, estos incrementos no son sustanciales ni suficientes para alcanzar la meta establecida internacionalmente. 

Además, cuando se compara a la República Dominicana con otros países de la región en términos de sus indicadores de disponibilidad de recursos humanos y materiales, de acuerdo con datos de la OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), se encuentra que el número de camas y de personal de enfermería disponible en el sistema de salud se encuentra por debajo del promedio de la región.   

Es falso que las personas haitianas saturan el sistema de salud dominicano 

La investigación de Amnistía Internacional y datos oficiales muestran que las personas haitianas representan solo una pequeña fracción de quienes utilizan los servicios públicos de salud en todo el país. Con cifras de atención secundaria del SNS hasta el primer trimestre de 2025, las personas haitianas sólo representaron el 7.9% del total de las consultas y 14.8% de las hospitalizaciones totales. Aunque existen algunas provincias donde el número de las primeras es mayor y rebasa el 30%- como Independencia, Elías Piña, Pedernales y el Seibo- el número total de pacientes en estas zonas sólo representa el 2% del total en el país en 2025. 

Un análisis estadístico realizado con datos del SNS revela que la ocupación de camas y la saturación de estas en contextos críticos no es causada por aumentos en las hospitalizaciones, emergencias o cirugías de pacientes haitianos, sino al incremento total de la demanda de servicios de salud. 

No es cierto que los partos de mujeres haitianas saturen los servicios de salud 

Tanto autoridades como medios nacionales y personajes públicos señalan que la proporción de mujeres haitianas en los partos se ha incrementado en el tiempo, asociándolas, de forma racista y misógina, a una presunta “invasión de vientres” en el país. Sin embargo, la investigación de Amnistía Internacional y datos oficiales muestran que, entre 2023 y 2025, la tendencia en el tiempo del número de la proporción de partos registrados se ha mantenido constante, mientras que el número de partos registrados en el SNS- tanto de mujeres haitianas como dominicanas- ha ido a la baja. Con cifras desestacionalizadas, el porcentaje de partos de personas haitianas pasó del 36% en el primer trimestre de 2023 a 37% en el primer trimestre de 2025. 

El aumento en la proporción de partos de mujeres haitianas en la totalidad de partos se explica por la marcada disminución de partos de las mujeres dominicanas y no por un número mayor de partos de las mujeres haitianas. En consecuencia, este cambio en la composición no representa una presión adicional sobre la capacidad hospitalaria ni compromete la disponibilidad de los servicios de salud en el país.  

En contraste, una realidad es que el protocolo y las prácticas derivadas del mismo como la identificación, detención y deportación de mujeres embarazadas tras ser atendidas en hospitales, ponen en peligro la vida y salud de las mujeres y recién nacidos. El temor a la deportación disuade a las mujeres a dejar de asistir a los servicios públicos de salud.  

Esta política alimenta, además, la violencia reproductiva que las mujeres haitianas ya recibían en los centros públicos. Haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana entrevistadas por Amnistía Internacional relataron ser rechazadas en hospitales o haber sufrido comentarios racistas cuando buscaban atención prenatal o de emergencia. Varias informaron no tener otra opción que dar a luz en sus hogares sin asistencia médica adecuada o en espacios informales por miedo a ser detenidas, a pesar de los graves riesgos para su salud, para sus embarazos, y sus bebés a graves riesgos para la salud. 

Las decisiones del gobierno son discriminatorias y profundizan la desigualdad en el acceso a la salud de las personas haitianas 

El protocolo migratorio en hospitales públicos afecta desproporcionalmente a las personas haitianas y de ascendencia haitiana ya que se implementa en un contexto de perfilamiento racial y xenofobia contra personas de origen haitiano, agravando la discriminación racial y perpetuando un discurso oficial que asocia la identidad haitiana con la enfermedad, la pobreza o la irregularidad. La medida es una barrera que dificulta el acceso a la salud y viola las obligaciones internacionales de derechos humanos, incluido el derecho a la salud, la igualdad y la no discriminación, garantizados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en la Convención Internacional contra la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (CERD). 

De acuerdo con la información estadística proveniente de una encuesta realizada por UNICEF revisada por Amnistía Internacional, las personas haitianas tienen menor acceso a agua potable, saneamiento adecuado y agua dentro de la vivienda, factores que funcionan como determinantes de su salud en sus hogares. Además, la cobertura de seguro de salud y vacunación en menores de cinco años es muy baja y los niños y niñas haitianas tienen mayores niveles de desnutrición. Similarmente, las mujeres haitianas embarazadas registran mayor mortalidad neonatal, tienen menos acceso al aseguramiento en salud y menos acceso a consultas de seguimiento. 

El protocolo de salud pone en riesgo la salud de todas las personas en la República Dominicana 

Amnistía Internacional encuentra que el protocolo migratorio en hospitales públicos podría afectar las acciones de prevención y atención a la salud de República Dominicana de acuerdo con el marco internacional de derechos humanos. La Recomendación General 37 del CERD señala que “la discriminación racial genera y agrava las inequidades sanitarias, provocando o aumentando la incidencia de casos de enfermedades y muertes evitables.”  

La opinión de personas expertas en salud pública y cooperación internacional consultadas por Amnistía Internacional señala que el protocolo puede socavar la respuesta de salud pública más amplia, lo que podría poner en riesgo la salud de todas las personas en el país. Indicaron que las barreras en el acceso a la atención médica creadas por el protocolo, que aleja a las personas haitianas que viven en el país de los servicios de salud, podrían aumentar la mortalidad materna y socavar la respuesta nacional al VIH y otras enfermedades infecciosas como la tuberculosis.  

Según las personas expertas entrevistadas, muchas personas haitianas recibían previamente tratamiento contra el VIH a través de programas apoyados por la ayuda internacional, gran parte de la cual se ha reducido o recortado. Sin embargo, desde la entrada en vigor del protocolo sanitario, debido al miedo y la desconfianza, e incluso al riesgo legal de ser deportados, muchas personas haitianas podrían quedar sin acceso a tratamientos que salvan vidas, lo que a su vez afecta los esfuerzos de prevención del VIH en todo el país. Amnistía Internacional concluye que el protocolo migratorio en los hospitales públicos tiene un efecto discriminatorio y racista en el acceso a la atención médica de las personas haitianas y negras y, en términos más generales, socava los esfuerzos de salud pública. 

Llamados al Gobierno dominicano 

Las autoridades argumentan que registrar a “personas extranjeras” en hospitales y notificar su estatus migratorio a las autoridades es una medida de “seguridad” y “orden público”. Sin embargo, obligar al personal de salud a reportar a sus pacientes crea un ambiente de miedo que desalienta a las personas a buscar atención médica, incluso para condiciones crónicas de salud, aumentando los partos sin asistencia, y muertes evitables.  

“Al no estar basado en evidencia ni estar concebido bajo un enfoque de derechos humanos, el protocolo migratorio en hospitales públicos no solo impone barreras en el acceso a la salud de las personas haitianas e institucionaliza el trato discriminatorio hacia las personas haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana, sino que está poniendo en riesgo la salud de todas las personas que viven en el país”, afirmó Diego Vázquez, investigador de Amnistía Internacional. “El gobierno dominicano debe garantizar que todas las personas tengan acceso a una atención de salud aceptable y de calidad sin discriminación”. 

Al no estar basado en evidencia ni estar concebido bajo un enfoque de derechos humanos, el protocolo migratorio en hospitales públicos no solo impone barreras en el acceso a la salud de las personas haitianas e institucionaliza el trato discriminatorio hacia las personas haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana, sino que está poniendo en riesgo la salud de todas las personas que viven en el país”.

Diego Vázquez, investigador de Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional urge al presidente Luis Abinader y todas las autoridades dominicanas a garantizar el derecho a la salud de personas haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana, detener la deportación de estas personas cuando asisten a hospitales y derogar inmediatamente el protocolo migratorio en hospitales públicos que obliga a los hospitales a registrar y reportar el estatus migratorio de las personas atendidas, y a implementar todas las medidas administrativas, políticas y legales para garantizar el derecho a la salud en la República Dominicana sin discriminación por raza, género, origen nacional, estatus migratorio o cualquier otra índole. 

Antecedentes 

Desde octubre de 2024, las autoridades dominicanas han deportado a más de 300.000 personas haitianas, incluidas mujeres embarazadas, niñas y niños, pese a la grave crisis humanitaria y de seguridad en Haití y pese al llamamiento desde 2022 del ACNUR de parar los retornos forzados. Los hallazgos forman parte de la campaña #RDAntirracista de Amnistía Internacional, que documenta la discriminación racial estructural en las políticas migratorias y de nacionalidad en la República Dominicana. La campaña insta a las personas a exigir a Luis Abinader, presidente de la República Dominicana a poner fin a las expulsiones colectivas y a la discriminación racial de personas haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana, garantizar el acceso a la salud sin discriminación, respetar y proteger a quienes defienden la igualdad y no discriminación, la justicia racial y los derechos de las personas migrantes.