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Migración | Redacción Espacinsular

El colectivo afirma se abre nueva oportunidad de diálogo para búsqueda de solución definitiva, respetuosa de derechos humanos .

La promulgación del Decreto 262-20 ofrece la oportunidad de retomar el diálogo con  las autoridades gubernamentales,  repasar los avances y deudas pendientes con la población dominicana de ascendencia haitiana, a los fines de dar una respuesta integral a un tema de ciudadanía que aún necesita resolverse.  

Así lo afirmó la Plataforma Dominicanos por Derecho, quienes también hicieron una invitación al presidente Luis Abinader a diseñar e implementar una política pública que permita a miles de dominicanos/as acceder a su nacionalidad y documentación de identidad, para combatir la exclusión social que les ha afectado, ofreciendo un nuevo “Abrazo Solidario” que puede guiarle en la aplicación de una política que elimine el miedo con el que miles de personas llevan décadas lidiando”, dijo el grupo. 

Para el colectivo, estamos ante un momento histórico para cerrar un camino que, dicen, solo ha traído dolor a dominican@s humildes: “Esperamos que el gobierno del cambio pueda acompañar a este segmento poblacional dominicano en su lucha por la equidad, la justicia social, a la conquista de derechos”. 

Tras 7 años de espera, el Poder Ejecutivo liderado por el saliente presidente Danilo Medina, promulgó el decreto 262-20 que concede la nacionalidad dominicana a título de naturalización ordinaria a 750 personas de las más de 8 mil que aplicaron a la Ley 169-14. 

Por eso, Dominican@s por Derecho solicitó a las autoridades aclarar los términos de implementación de dicho Decreto, de modo que “este sea real y efectivamente un instrumento que beneficie a la población destinataria, sin discrecionalidad y respetando el principio de gratuidad contemplada en propia ley. 

En un comunicado remitido a los medios, las organizaciones   afirman que las y los dominicanos de ascendencia haitiana que actualmente viven en condiciones apatridia o en riesgo de estarlo, requieren la protección del Estado dominicano. Esta población tiene una situación socio- económica y documental que se constituye en barrera para acceder de forma efectiva a medidas de apoyo, con lo que se acentúan las desigualdades en el contexto de emergencia sanitaria por Covid-19. 

De acuerdo a las organizaciones de sociedad civil, a quienes aplicaron al proceso de registro de la ley 169-14, durante cuatro años el Ministerio de Interior y Policía les ha mantenido en vilo, muchos no conocen el estatus de sus expedientes, otros sólo han recibido una documentación que apenas acredita identidad, siendo afectados sus derechos civiles y  políticos.    Queda en la incertidumbre la situación  de las miles de personas no documentadas que no pudieron acogerse a este dispositivo para las cuales no existe un camino trazado. 

Por último, el grupo propuso acciones concretas para avanzar en conjunto en la reducción de la apatridia de manera sostenible, incluyendo: 1) Aplicación más robusta de la Ley 169-14 para sus beneficiarios, 2) Ponderar una norma legislativa complementaria en materia de nacionalidad que permita encontrar una solución para las personas nunca registradas y 3) Aprobar una legislación contra la discriminación que incluya el tema etno-racial.

La plataforma Dominican@s por Derecho es el grupo de organizaciones y personas que reivindican los derechos de los dominicanos y dominicanas de ascendencia extranjera afectados por la Sentencia 168-13 dictada por el Tribunal Constitucional (TC) de la República Dominicana.