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El domingo, 26 de mayo, el Estado dominicano desplegó un operativo represivo contra trabajadores cortadores de caña haitianos en el Batey 5, en la provincia Bahoruco, cuya producción es adquirida por el Ingenio Barahona adscrito al Consorcio Azucarero Central (CAC).
Los trabajadores, al recibir sus pagos incompletos el viernes 24 habían procedido a paralizar sus labores el día siguiente y cerrar las instalaciones en las que residen. El domingo, militares y policías arremetieron contra los trabajadores, en un uso brutal, desproporcionado e ilegal de la fuerza ante un conflicto laboral, dejando decenas de heridos, algunos de gravedad.
Algunos medios digitales habían reportado heridos por armas blancas, perdigones y balas, indicando que alrededor de sesenta (60) trabajadores ya habrían sido posteriormente expulsados a Belladere a través del punto fronterizo de Elías Piña. Estas deportaciones ilegales implican la participación del Estado dominicano en el robo de salarios y prestaciones laborales por parte del CAC y además la expulsión ilegal de testigos de crímenes para entorpecer cualquier posible investigación y sometimiento a la justicia de sus responsables. Según reportes de prensa, uno de los trabajadores heridos se encuentra en la capital bajo riesgo de perder un ojo por las heridas sufridas a manos de militares y policías.
Condenamos estas acciones ilegales por parte del Estado dominicano y llamamos a la prensa nacional a denunciar estos repudiables hechos. Exigimos que la Procuraduría General de la República ponga fin a la inercia institucional y la complicidad con los crímenes que diariamente cometen la Dirección General de Migración, la Policía Nacional y otras instituciones en su represión ilegal e inconstitucional contra la comunidad inmigrante haitiana, y que se abra urgentemente una investigación sobre los hechos en el Batey 5, brindando protección a los testigos y víctimas para que no sean deportados y puedan aportar elementos para una investigación y sometimiento a la justicia de los responsables de estos crímenes.
Recordamos al gobierno nacional y a la opinión pública que el trabajo forzoso, el robo de salarios, los fraudes laborales para no cumplir con las leyes laborales nacionales, la Constitución y los tratados laborales internacionales suscritos por la República Dominicana, ya han llevado a la imposición de sanciones a la empresa estadounidense Central Romana. El gobierno ha incumplido sus promesas en materia laboral hacia los trabajadores inmigrantes cañeros y no ha pagado las prestaciones sociales ni las pensiones a los trabajadores cañeros retirados. En el caso del CAC, se denuncia que el pago por una quincena de trabajo fue de apenas 1,500 pesos (menos de dos dólares diarios), y que esto generó el conflicto laboral. El Ministerio del Trabajo, en vez de intervenir para impedir que se lleven a cabo prácticas de esclavismo y trabajo forzoso, permitió que esta situación continuara con impunidad para la empresa. Luego la empresa se apoyó en la represión estatal para burlar sus obligaciones salariales y legales. Es necesario que se investigue si hubo conspiración entre la empresa y los agentes represivos para realizar deportaciones y no pagar salarios completos ni prestaciones. De no investigar, sancionar a los culpables e indemnizar a las víctimas, el Estado dominicano abrirá las puertas a nuevas y mayores sanciones internacionales contra la industria azucarera del país.
Exigimos que cese la represión y las deportaciones, que se investigue los crímenes cometidos contra los trabajadores, que los criminales respondan por sus actos y que las víctimas sean indemnizadas.
Como venimos diciendo desde el año 2021: ¡Las vidas haitianas importan!