Las últimas semanas hemos visto con preocupación un repunte en los asesinatos y la violencia en contra de personas haitianas por parte de efectivos militares, policiales y agentes migratorios, así como civiles radicalizados, en un agitación xenófoba y racista por parte de voceros del gobierno.
El 13 de marzo, militares dominicanos asesinaron a un hombre haitiano conocido como Ti Ronel cerca del puesto de control La Javilla, en la provincia de Dajabón. También el pasado 19 de abril el trabajador haitiano Fritznel Dorcan fue asesinado y su primo herido de gravedad por un militar dominicano en San José de Las Matas, provincia de Santiago. El 25 de junio fue reportado otro asesinato de un hombre haitiano por parte de militares en Dajabón.
Siguen los allanamientos ilegales en Montecristi, Las Terrenas, y diversas otras partes del país por parte de militares, agentes policiales, y de la Dirección General de Migración (DGM). Estos allanamientos sin orden judicial ni presencia de fiscales suelen realizarse en altas horas de la noche.
El 26 de mayo los trabajadores haitianos del Consorcio Azucarero Central que reclamaban el respeto a sus derechos laborales en el sur del país fueron reprimidos por militares y policías, quedando 14 trabajadores heridos, dos de ellos de gravedad y con riesgo de lesiones y discapacidades permanentes. La DGM también deportó arbitraria e ilegalmente a más de sesenta (60) trabajadores que se encontraban en situación migratoria regular. Rechazamos la utilización de la DGM en el marco de conflictos laborales que deberían ser mediados por el Ministerio del Trabajo con pleno respeto a los derechos laborales.
Otro ejemplo de esta violencia racista en la industria azucarera ha sido la detención arbitraria del trabajador dominicano de ascendencia haitiana, Miti Senvil, por parte de la vigilancia privada de la empresa Central Romana en la provincia El Seibo en el mes de marzo de este año. Cuatro meses después, Senvil continúa detenido, revictimizado por ser una persona en condiciones de apatridia, sin haber sido condenado por ningún crimen.
El 2 de julio, el hacendado Hungría Díaz, padre de la fiscal María Díaz Corcino, asesinó a dos campesinos haitianos, Maurice Delia y Jean Duversaint, abatiéndolos a tiros en la localidad de Paso Cena, en las afueras de Pedernales, mientras recogían leña. Tras varios días de denuncias públicas y el testimonio de un sobreviviente, una semana más tarde el asesino fue detenido.
El Grupo de Apoyo a los Repatriados y Refugiados (GARR) denunció en una nota de prensa la muerte de Saint Mira Millien, una joven haitiana de 23 años, quien fuera detenida arbitrariamente por agentes de la DGM el 3 de julio mientras viajaba a Haití. En vez de permitirle llegar a su destino, más aún dada su condición de salud, se le detuvo y se le negó atención médica, hasta producir su muerte el día siguiente. El GARR denunció que los agentes migratorios intentaron deshacerse del cadáver en la frontera con Haití, violando los protocolos binacionales y sin dar explicaciones sobre la muerte producida bajo su custodia.
El caso de Saint Mira Millen retrata crudamente la violencia racista del gobierno dominicano, cuyos agentes han realizado miles de detenciones arbitrarias con fines extorsivos, tanto de personas en situación migratoria regular como irregular. La denegación de atención médica es una constante en los centros de detención, como el campo de concentración de Haina, pese a constituir una forma de tortura ilegal e inconstitucional. La denegación del derecho a la defensa legal también es una constante en las detenciones migratorias. También en este caso se violó el protocolo binacional de deportación, e incluso en la muerte se irrespeta a las personas migrantes haitianas.
La comunidad inmigrante haitiana no puede ser señalada como responsable de la crisis de la educación y la salud pública
En este marco de creciente violencia contra la comunidad inmigrante haitiana, nos preocupa que el pasado 9 de julio durante la rueda de prensa presidencial semanal, ante la pregunta de un periodista que afirmó que las aulas de las escuelas públicas “están siendo ocupadas por una gran cantidad de estudiantes haitianos de todas las edades”, el presidente Abinader haya respondido afirmando que “los estudiantes dominicanos deben tener prioridad en las escuelas dominicanas, y después que lo ocupen los dominicanos, pues los hijos de los trabajadores extranjeros que están en el país podrían ocuparlas también”. Esta declaración sugiere postergar la inscripción de los niños extranjeros en las escuelas, lo que constituye una práctica discriminatoria.
Las cifras del MINERD del año 2022-2023 reflejan que más del 92% del estudiantado fue de nacionalidad dominicana, mientras que 6% fue haitiano y 1% de otras nacionalidades. La noticia falsa, difundida con fines de incitación al odio, de que supuestamente niños y niñas inmigrantes de Haití están quitándole los cupos a las niñas y niños dominicanos, simplemente no se sustenta en la realidad.
Saludamos el desmentido que han publicado sobre este tema la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y el propio Ministerio de Educación (Minerd), señalando que la falta de cupos no se puede imputar a las niñas y niños haitianos. Es importante reconocer que el derecho a la educación es universal y no alimentar noticias falsas y discursos de odio que culpan a la comunidad inmigrante de cualquier déficit en la política pública.
Otra declaración que presentan a nuestra comunidad como una carga es la del director del SNS, Mario Lama, quien a fines de junio de este año afirmó que la atención de salud a inmigrantes haitianos representa un gasto de entre 10 mil y 15 mil millones de pesos. El funcionario no mostró ningún respaldo estadístico para esta afirmación, que contradice otras cifras ofrecidas por él mismo y por otros funcionarios en el pasado reciente.
Los ministerios de Defensa y Salud Pública anunciaron el 21 de julio protocolos de seguridad ante un supuesto brote de ántrax en Haití. Estas disposiciones llevaron a la paralización del comercio fronterizo en el paso de Elías Piña el 22 de julio, así como a un gran nerviosismo y discursos antihaitianos en las redes sociales. Sin embargo, no existe hasta el momento la confirmación de ningún caso de ántrax en Haití. El Colegio Médico Dominicano criticó las medidas del gobierno y la desinformación: “No existe ningún motivo para crear pánico ni alarmas innecesarias en estos momentos”, declaró el presidente del gremio Waldo Suero.
Llamamos al gobierno dominicano a escuchar los permanentes llamados de organizaciones de derechos humanos, tanto locales como internacionales, instancias multilaterales como la CIDH y las oficinas de la ONU que monitorean los derechos humanos y las migraciones, y los propios llamados de la comunidad inmigrante haitiana en República Dominicana a respetar los derechos de la comunidad inmigrante y deponer sus políticas discriminatorias y los discursos que incitan al odio.