Hasta el momento, ninguna institución, organismo, o persona en plano internacional o nacional ha dicho, escrito o siquiera insinuado que este país no es soberano en materia de política migratoria. Nadie lo discute.

Lo que sí está en discusión es si un país tiene derecho a declarar apátridas a personas que según sus propias leyes son nacionales de ese país, de obligarlos a declararse extranjeros y registrarlos como tal, so pena de ser deportados. Eso y otras confusiones y atropellos es lo que ha causado la malhadada Ley 168/13 y en parte la 169/14.

Cuando los organismos internacionales o alguna personalidad extranjera se refieren al tema migratorio dominicano saben perfectamente de qué están hablando, saben distinguir el tema del libre ejercicio de soberanía, del tema de la violación a derechos humanos consignados en Cartas internacionales, de las cuales este país es voluntariamente signatario. Se refieren a lo que se ha pretendido con la Ley 168/13: desconocer que son dominicanos los descendientes haitianos nacidos en este país antes del 2010, como lo establece la Constitución vigente.

Esos organismos y personalidades insisten en eso y si algunas confusiones en torno al tema se han expresado, tanto fuera como en el país, se debe a la ola de odio, de xenofobia selectivamente anti haitiana, tolerada y hasta estimuladas por sectores del mismo gobierno y a declaraciones del presidente Medina en foros internacionales, donde ha mentido al negar que la Ley 168/13 no creó decenas de miles de apátridas, de los cuales a 63 mil se les acaba de reconocer su calidad de dominicanos, apelando a la Ley 169/14, evacuada para corregir el abuso de aquella, con todo lo que eso significó para ellos en términos de tranquilidad espiritual, pérdidas materiales y de oportunidades.

Nadie cuestiona la soberanía del Estado dominicano en política migratoria, pero se cuestiona que las referidas leyes, frutos del delirio de un grupúsculo ultranacionalista, sean pilares fundamentales de esa política y origen de los principales problemas prácticos y teóricos de esa política. Al gobierno, en su campaña de “explicación” de su política migratoria, le será difícil explicar esa cuestión y porqué tuvo que evacuar una Ley para limitar el abuso que contenía otra, que incomprensiblemente se mantiene en vigencia y que ambas sean las referencias básicas cuando el simple ciudadano, funcionarios gubernamentales y hacedores de opinión hablan del tema o cuando el Gobierno realiza acciones en torno al mismo.

Deberán explicar porqué muchos ciudadanos de ascendencia haitiana, pero dominicanos de pleno derecho, han tenido que inscribirse como extranjeros para ser reconocidos como dominicanos, explicarán cómo es posible que para regular su estatus, por trabas y/o errores de los registradores, algunos tuvieron que erogar más del 10% de sus ingresos de todo un año; que fueron humillados y que miles, ante las declaraciones de funcionarios gubernamentales sobre “preparaciones” y “entrenamiento de personal para las deportaciones”, optaron por el éxodo.

Debe reconocerse que finalmente el Estado haya asumido la regulación migratoria, pero la persistencia de esos y otros problemas, la desinformación, las mentiras y la utilización del patrioterismo que hace Danilo Medina como recurso de campaña electoral, nos desacreditan en el plano internacional.