Quienes escucharon los discursos del Papa Francisco en su visita a Estados Unidos, sobre todo el discurso del sábado 26 de septiembre en la Plaza de la Independencia en Filadelfia, confirmaron que el Papa tiene como uno de sus puntos principales de agenda internacional el apoyo a los inmigrantes.

 

El Papa habló de no temerle a los extranjeros, de que los inmigrantes sean aceptados, que contribuyan al desarrollo de los países donde emigran, y que no se avergüencen nunca de sus raíces y tradiciones culturales. Habló en especial a los inmigrantes latinos.

No hay que asumir por esos planteamientos que el Papa esté promoviendo la apertura de frontera de todos los países y se arme un caos mundial; ni tampoco que promueve la fusión de países.

Lo que el Papa plantea es que cuando por alguna razón se produzcan procesos migratorios, en los países donde lleguen los inmigrantes, los traten con humanidad y justicia.

En República Dominicana, distintos gobiernos por 100 años han mantenido una política nefasta con relación a la migración haitiana.

Durante gran parte del siglo 20, los haitianos fueron traídos al país por el propio Gobierno dominicano para la producción azucarera. Eran asentados en bateyes donde a lo sumo recibían una tarjetita que los acreditaba como residentes del batey. Ahí permanecían por décadas sin documentos ni derechos, y sus descendientes también. Haití, por su parte, iba de mal en peor.

Sabiendo que el vecino país es muy pobre, de donde quiere irse mucha gente, los gobiernos dominicanos han mantenido abierta la frontera dominico-haitiana para ser puente de trata humana, contrabando y corrupción.

Por estas razones, no por otras, se ha producido una gran migración haitiana indocumentada a República Dominicana, con una función clave: suplir mano de obra barata a los empresarios privados y al Estado.

Desde que se emitió la Sentencia TC 168-13 hace dos años, República Dominicana ha estado inmersa en una confrontación nacional e internacional sobre la migración haitiana y los derechos de los descendientes. Han proliferado las tensiones, los insultos y rechazos.

En mi caso particular, que quede claro, nunca he sido partidaria de permitir una migración masiva indocumentada como ha patrocinado el Gobierno dominicano. Pero tampoco soy partidaria de mantener esa población inmigrante excluida de derechos.

Me he opuesto a la Sentencia TC 168-13 porque es una aberración interpretar antojadiza y retroactivamente la Constitución Dominicana para negar derechos; en este caso, derechos de nacionalidad a los descendientes de inmigrantes indocumentados nacidos y criados en territorio dominicano.

Que me insulten y me llamen traidora por haberme opuesto a la Sentencia TC 168-13 es un honor.

Si el Papa Francisco hubiese visitado la República Dominicana en vía a Cuba y presentado su visión sobre la migración, hubiese sido declarado persona non grata por los mismos grupos que tildan de traidores a quienes hemos criticado la Sentencia TC 168-13. Porque acoger la visión de respeto a los inmigrantes y a la diversidad de culturas, no es tema actualmente aceptado en República Dominicana.

Repito, me opongo rotundamente a que el Gobierno dominicano mantenga una frontera abierta para la migración de trabajadores indocumentados a ser explotados por los empresarios y el Gobierno. Pero me opongo también a que se nieguen derechos a los inmigrantes que el propio Gobierno dominicano dejó entrar y asentar, y sobre todo, me opongo a que se nieguen derechos a sus descendientes nacidos y criados en República Dominicana.

La patria grande se construye con legalidad e inclusión social. No con migración indocumentada, no con exclusión social, no con discriminación.