Entidades de la sociedad civil han advertido sobre el peligro, la tensión y las consecuencias para el sistema democrático y político de la República Dominicana que no se escoja una Junta Central Electoral, confiable y de modo transparente.
Comunicado Iniciativa por la Institucionalidad Democratica
Celebramos que haya comenzado a producirse un consenso sobre las personas que deben integrar la Junta Central Electoral (JCE) y el aplazamiento de la elección por otra semana, por cuanto implica que todavía estamos a tiempo para materializar nuestra demanda fundamental de un diálogo político-social fructífero para renovar no sólo la JCE, sino también el Tribunal Superior Electoral y la Cámara de Cuentas, escogiendo personas sin ataduras a poder alguno, y así abrir espacio a la gran concertación que requiere esta sociedad para superar sus carencias institucionales, económicas, sociales y políticas.
El Senado de la República se apresta a ejercer su facultad constitucional de elegir a los nuevos miembros de la Junta Central Electoral (JCE), partiendo de algún consenso, pero todavía con ingredientes de reparto partidista que podría restar legitimidad a la nueva composición del organismo, y dejar insatisfacciones que prolongarían la confrontación política.
Más allá de las ternas presentadas por la comisión senatorial que evaluó a más de doscientos aspirantes a integrar la JCE, se baraja públicamente una nómina de cinco posibles titulares, sobre dos de los cuales parece haber consenso: Julio César Castaños Guzmán para presidente, y Roberto Saladín. Aunque el primero no fue presentado a la comisión evaluadora, reúne el perfil adecuado, avalado por su larga carrera pública y los 8 años en que fue titular del mismo organismo, los últimos cuatro como presidente. Carmen Imbert Brugal también parece reunir el perfil deseado, reconociéndosele integridad y capacidad.
Nos preocupa que los otros dos que completarían los titulares, de acuerdo a la nómina extraoficial publicada, tengan claras vinculaciones partidarias, y antecedentes de fuertes cuestionamientos en funciones públicas. Es el caso de Henry Mejía y Freddy Bolívar Almonte quienes, siendo miembros de la Cámara de Cuentas en el 2008, fueron acusados por la Cámara de Diputados de violación a la Constitución de la República, y a las leyes de Cámara de Cuentas, de Función Pública y Contrataciones de Bienes, Obras, Servicios y Concesiones del Estado, además de nepotismo, soborno e ineficiencia. El escándalo fue tal que hubieron de renunciar para evitar el juicio político que les preparaba el Senado de la República.
Aunque entre los más de doscientos evaluados por la comisión senatorial, había muchos que podrían reunir el perfil deseado, parece que entre los 15 preseleccionados para escoger los titulares, y otros tantos para suplentes, predominan los que tienen sello partidario, incluyendo dos de los actuales titulares cuestionados y otros ocho funcionario de la JCE, que aunque son sujetos de derecho, implicarían una negación a la renovación planteada hasta por altos funcionarios gubernamentales y dirigentes de los diversos partidos.
Lamentamos que previamente no se modificara la Ley Electoral para eliminar la condición de abogado para integrar la JCE, como determinó la Constitución del 2010 y que en aún no se haya podido avanzar en modernizar el sistema de elección definiendo una metodología que en primer lugar estableciera el perfil de las posiciones y luego realizara rigurosas evaluaciones.
La JCE que se elija tendrá serios retos por delante, comenzando por asumir el liderazgo en los esfuerzos para consensuar y aprobar sin más dilación la reforma de la ley electoral y la ley de partidos políticos, partiendo de sendos proyectos introducidos al Congreso por los titulares que terminan su gestión.