La propuesta más ambiciosa es la de la Coalición Democrática que pretende una sinergia político-social para desplazar al PLD, pero también una decena de partidos compelidos por las nuevas leyes persiguen alianzas de sobrevivencia en los niveles congresual y municipal
Nunca antes en el proceso democrático nacional se habían registrado tantos esfuerzos por alianzas o coaliciones de partidos para unas elecciones generales, determinados por el dominio político del Estado logrado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), por el cansancio generado por sus cinco gobiernos de los últimos seis a partir del 1996 y por la Ley de Partidos.
El proyecto más ambicioso se expresa en la llamada “Coalición Democrática por un Gobierno de Regeneración Nacional”, que pretende una conjunción de toda la oposición para desplazar al PLD del gobierno o por lo menos reducir su monopolio del poder, pero muchos partidos minoritarios buscan también unirse para no desaparecer por las nuevas normativas.
Muchos buscan alianzas
Desde el año pasado se plantean alianzas de partidos y sociales para desplazar al PLD del gobierno, promovidas por la experiencia de los comicios del 2012 y 2016, cuando el partido gobernante avasalló abusando de todos los recursos del Estado para afianzar un dominio electoral sin precedentes, que se extiende a las más diversas instancias sociales mediante mecanismos de cooptación como repartos de cargos, subsidios, contratos y exenciones.
Casi todos los partidos de oposición han formulado planteamientos sobre la necesidad de unirse para enfrentar “al monstruo” que domina la sociedad, entre ellos el Revolucionario Moderno, el Reformista Social Cristiano, Alianza País, Frente Amplio, Opción Democrática y Dominicanos por el Cambio. Todos estos y otros cinco pasaron más de dos años en un esfuerzo de concertación, pero sufrieron un tropiezo cuando los dos primeros y mayores apoyaron la Ley de Partidos promovida por la facción peledeísta del presidente Danilo Medina.
Partidos que no se aliaron en el 2016, aunque tienen posiciones políticas similares, como Alianza País y Opción Democrática, ahora persisten en constituir una coalición, aunque tuvieron un tropiezo cuando la Junta Central Electoral les rechazó su propuesta de ir coaligados desde las elecciones primarias a celebrarse el 6 de octubre próximo. Estos tratan de atraerse a otros como el Revolucionario Social Demócrata, el Partido Humanista y Dominicanos por el Cambio.
Por otro lado se mueven una decena de partidos, aliados del PLD, pero que buscan conformar una alianza para las elecciones municipales y congresuales, compelidos por la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas que les ha puesto más difícil su sobrevivencia jurídica. Están dispuestos a ofrecer la mitad de las candidaturas a dirigentes sociales para atraerse votación.
La Coalición Democrática
El proyecto más ambicioso es el de la Coalición Democrática (CD) proclamada el 11 de noviembre en Santo Domingo por unos 500 militantes sociales y replicada posteriormente por otros 300 en Santiago, así como en otras ciudades, sobre la base de unos “Lineamientos Básicos para un Gobierno de Regeneración Nacional y un Nuevo Modelo de Desarrollo Económico-Social.
Los lineamientos de la CD están contenidos en 20 prioridades políticas e institucionales y económico-sociales con el objetivo de rescatar la institucionalidad democrática, combatir la corrupción y la impunidad, contener el proceso de insostenibilidad fiscal, restablecer la posibilidad de competencia electoral y echar las bases para un nuevo modelo de desarrollo que estimule la competitividad, el desarrollo y la equidad en la distribución del ingreso.
Como no se trata de una nueva organización política, sino un espacio de concertación, la Coalición trabaja sin publicidad, aunque sí lo hacen varios de los grupos que la integran como el Movimiento Independiente de Rescate Democrático, Bien Común y el Congreso Cívico, con ramificaciones en múltiples regiones y en Nueva York y Florida. Los informes disponibles indican que ya han constituido una mesa de concertación con la mayoría de los partidos de oposición, en la que los lineamientos básicos han tenido absoluto consenso.
La CD parte de la necesidad de unir partidos políticos y dirigentes sociales en torno a candidaturas de los mejores cuadros de los partidos y provenientes de los grupos sociales para generar una sinergia que supere el inmovilismo y el pesimismo de amplios segmentos que han perdido confianza en el partidismo político, bajo las premisas de que se unen ahora o habrá peledeísmo por muchos años. En la opinión pública prevalece la convicción de que la unidad de la oposición crearía un nuevo escenario de competencia electoral.
El proyecto Juntos Podemos
Una docena de partidos minoritarios están empeñados en crear su propia coalición y también convencidos de que si se juntan con grupos sociales y ciudadanía, lograrán una representación significativa en los municipios y el Congreso Nacional, compelidos por las nuevas normativas de la Ley de Partidos que deja sin personaría jurídica a los que no alcancen el uno por ciento de la votación, aunque obtengan algún cargo legislativo o en los ayuntamientos, como era hasta ahora.
En Junto Podemos confluyen la mayor parte de los 14 partidos que fueron aliados al PLD en las elecciones del 2016, pero quieren incorporar a otros de oposición para alianzas en las elecciones municipales de febrero del 2020, que serían una especie de referéndum para las de tres meses después. A la cabeza aparece José Francisco Peña Guaba y su Bloque Institucional Social Demócrata que en el 2016 logró ganar la senaduría de San José de Ocoa, en una alianza variopinta, incluso contra el PLD, a quien sin embargo apoyó al nivel presidencial.
Han tenido la habilidad de realizar un mapeo nacional partiendo de las debilidades provinciales y municipales de los partidos dominantes, especialmente del PLD, ya manifiestas en los resultados del 2016. En esos comicios la votación propia del PLD, sin sus 14 partidos aliados, fue de 50.2 por ciento en el nivel presidencial, pero cayó al 41.7 en el congresual y a 35.7 en el municipal. Juntos Podemos no se define como un proyecto de oposición al PLD, sino de supervivencia política, y deja a quienes lo integren en libertad de decidir a qué candidato presidencial respaldarán. Sus principales promotores son funcionarios del actual gobierno.
Un oligopolio político
Aunque en las pasadas elecciones participaron 26 partidos políticos, e igual número están habilitados para el 2020, aparte de otros cuatro que persiguen reconocimiento, el sistema político tiene una tradición oligopólica, descansando casi siempre en dos, desde el 2016 el PLD y el PRM. El PRSC y el PRD, completan “los mayoritarios”, porque superaron el 5% del sufragio.
A diferencia de lo ocurrido en toda América Latina, en el país no ha habido emergentes que rompan abruptamente el dominio político, y de hecho apenas dos candidatos alternativos han rebasado el 1 por ciento en elecciones presidenciales en el “período democrático” iniciado en 1978, Elías Wessin con el 1.89 en 1982 y Guillermo Moreno, con 1.37 y 1.83 en 2012 y 2016.
Ha habido candidatos presidenciales de izquierda, como Narciso Isa Conde, Rafael Fafa Taveras, Max Puig, José González Espinosa y Raúl Pérez Peña. De derecha como Vincho Castillo, Pelegrín Castillo, Elías Wessin Chávez, Francisco Augusto Lora, Pedro Candelier y Luis Julián Pérez. Del centro como César Estrella Sadhalá, Eduardo Estrella, Rafael Abinader, Roberto Saladín o Hatuey de Camps. También dirigentes populares como Ramón Almánzar y el sacerdote Antonio Reynoso. Como se puede advertir en el cuadro anexo, de 32 candidaturas presidenciales, sólo dos superaron el uno por ciento y tres el 0.50.
Esos resultados tan concentrados no son por falta de méritos, que en muchos sobraban, sino por un sistema político hecho a la medida de los dominantes, por el financiamiento público y privado, por el clientelismo y el abuso de los recursos públicos de los que han usufructuado los poderes del Estado.
Una ley agravante
La ley de Partidos 33-18 agrava la situación de los partidos minoritarios, algunos de los cuales llevan múltiples elecciones adheridos a los dominantes para mantener la personería jurídica. La nueva normativa los pone contra la pared, porque antes bastaba con que obtuvieran algún cargo congresual o municipal, en una alianza para mantener su reconocimiento, pero ahora se requiere que también obtengan al menos el 1 por ciento de la votación.
Si se mide por los resultados de las elecciones del 2016, sólo 12 de los 26 partidos hubiesen mantenido el reconocimiento, al haber obtenido más del 1 por ciento en los tres niveles de elección, presidencial, congresual y municipal. Con el agravante de que ahora los requisitos para nuevos registros son mayores: según el artículo 15 de la Ley 33-18, el 2 por ciento de los votos de la última elección, y tener organismos de dirección y operando en cada municipio. A diferencia de cuando fueron habilitados la mayoría de los partidos, que había un mercado de listados para avalarlos, ahora la JCE verifica por muestreo la validez del apoyo ciudadano.
La nueva legislación también contiene dificultades para los pequeños, como el límite del 20 por ciento de candidaturas para alianzas, aunque hay una contradicción entre la Ley de Partidos y la Ley del Régimen Electoral. Esta última parece abrir espacio a las coaliciones, más allá de las alianzas, cuando en sus artículos 168 y 269 plantea que “para la postulación de candidatos comunes y cualesquiera otros acuerdos, los partidos aliados o coaligados serán una sola entidad”. Juristas como Francisco Alvarez Valdez y Fernando Henríquez entienden que la coalición supera el límite de las alianzas y podría permitir mayores posibilidades de candidaturas comunes, pero eso dependerá del reglamento que habrá de dictar la JCE.
El tiempo también pone límites, porque según la ley 33-18 y su reglamento, las alianzas y coaliciones tienen que definirse el 7 de junio, según la Ley 33-18.-
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Resultados obtenidos por los candidatos alternativos
Elecciones Presidenciales 1978-2016
Candidato partido año votos %
Guillermo Moreno Alianza País 2016 84,399 1.83
Elías Wessin Chávez PQDC 2016 20,403 0.44
Pelegrín Castillo FNP 2016 16,283 0.35
Minou Tavárez M. APD 2016 16,256 0.35
Hatuey de Camps PRSD 2016 8,264 0.18
Soraya Aquino PUN 2016 5,678 0.12
Guillermo Moreno Alianza País 2012 62,290 1.37
Eduardo Estrella DXC 2012 9,340 0.21
Julián Serulle Frente Amplio 2012 6,550 0.14
Max Puig APD 2012 5,064 0.11
Eduardo Estrella PRSD 2008 19,309 0.47
Guillermo Moreno MIUCA 2008 18,136 0.44
Pedro J. Candelier PAP 2008 6,118 0.15
Rafael Flores Estrella FR 2004 4,737 0.13
Ramón Almánzar PNA 2004 4,195 0.12
Raúl Pérez Peña PAD 2004 1,834 0.05
Ramón Almánzar PNA 2000 5,961 0.19
José González Espinosa PTD 2000 6,138 0.19
César Estrella Sadhalá UNIDO 2000 3,359 0.11
José R. Abinader ASD 1996 3,907 0.13
Antonio Reynoso MIUCA 1994 22,548 0.75
Marino V. Castillo FNP 1990 5,956 0.31
Roberto Saladín PPC 1990 4,196 0.22
Marino Vinicio Castillo FNP 1986 6,502 0.31
Jorge Martínez Lavandier PDN 1986 1,197 0.06
Elías Wessin PQD 1982 33,991 1.89
Narciso Isa Conde PCD 1982 11,180 0.62
Rafael Abinader ASD 1982 8,879 0.49
Rafael Fafa Taveras IU 1982 5,906 0.33
Francisco A. Lora MIDA 1978 13,300 0.81
Narciso Isa Conde PCD 1978 9,828 0.59
Luis Julián Pérez MSN 1978 7,782 0.47
Elaborado por Juan Bolívar Díaz