Con 12 votos a favor y las abstenciones de China, Rusia y Pakistán, el órgano autoriza a los Estados Miembros a establecer una Fuerza de represión de las Bandas y crear una oficina de la ONU en el país para apoyarla. 

A dos días de que finalice el mandato de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MMAS) en Haití, el Consejo de Seguridad se reunió este martes por la tarde para examinar un proyecto de resolución destinado a transformar la misión en una Fuerza de Represión de las Bandas y crear una oficina de la ONU en el país para apoyarla.

El texto, presentado por Estados Unidos y Panamá, redactores del informe sobre Haití, obtuvo 12 votos a favor y tres abstenciones (China, Rusia y Pakistán) y autoriza a los Estados miembros de la ONU a llevarlo a cabo en estrecha cooperación y coordinación con el Gobierno de Haití por un período inicial de 12 meses.

Entre otras condiciones, el órgano decidió que la Fuerza tendría un límite máximo autorizado de 5550 efectivos, compuesto por 5500 miembros uniformados, entre militares y policías, y 50 civiles.

Estados Unidos pide contribuciones voluntarias

Tras la votación, el representante de Estados Unidos expresó que, ante la “gravedad extrema” de la violencia de las bandas en el país, la comunidad internacional aún no ha logrado desarrollar una misión de suficiente envergadura para hacer frente a este desafío en materia de seguridad. “La votación de hoy rectifica esta situación”.

Según Michael Waltz, la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad ha logrado evitar el colapso total del Gobierno haitiano frente a las bandas, pero no disponía de los medios necesarios para tener éxito.

Con esta votación, que prevé la transformación de la MMAS en una fuerza de represión de las bandas, la comunidad internacional “comparte la carga y está a la altura del desafío”, aseguró el delegado.

Tras reiterar su llamamiento a la realización de contribuciones voluntarias para sufragar los gastos de la nueva fuerza, se congratuló de que la resolución aprobada por el Consejo encargara a los haitianos la elaboración de un plan para asumir sus responsabilidades en materia de seguridad.

El pueblo haitiano no puede esperar más

El representante de Panamá, cuyo país colabora con Estados Unidos en este tema, celebró la adopción de la resolución. Destacando el amplio apoyo regional e internacional con el que contaba este proyecto, consideró que “el pueblo haitiano no podía esperar más”.

Con esta votación, el Consejo de Seguridad cumple la función que le confiere la Carta de las Naciones Unidas y envía un claro mensaje de apoyo a esta fuerza, que “debe disponer de las capacidades necesarias para hacer frente a las bandas”, subrayó Alfaro de Alba.

Aventura “peligrosa y mal concebida”

El representante de Rusia justificó la abstención de su país por el llamamiento de las autoridades haitianas y de los países de la región a no bloquear la adopción del texto, de ahí la decisión de no oponer veto. 

Aunque reconoció la gravedad de la crisis y la necesidad de actuar, Vassily Nebenzia denunció una “aventura peligrosa y mal concebida” y reprochó al Consejo que repitiera los errores de la Misión que ahora está desplegada, minada por la falta crónica de financiación y la ausencia de una evaluación seria de su eficacia.

El representante advirtió contra una misión con un mandato casi ilimitado para recurrir a la fuerza, sin un mecanismo claro de financiación ni garantías sobre la contratación de su personal. También criticó la idea de utilizar el presupuesto ordinario de la ONU, ya en crisis, y la voluntad de Estados Unidos de imponer decisiones sin un debate suficiente. 

Tras acusar a los autores del texto de “buscar la acción en lugar de los resultados” y de querer rechazar la responsabilidad de la crisis haitiana sobre la comunidad internacional, en lugar de abordar las causas profundas, en particular el flujo de armas ilegales y el legado de repetidas injerencias extranjeras, consideró que la verdadera solución pasa por reforzar las capacidades del Estado haitiano para que pueda restablecer el orden por sí mismo, volver a la vía constitucional e iniciar un desarrollo socioeconómico sostenible.