Varias organizaciones de derechos humanos han denunciado hoy la existencia una grave crisis humanitaria en la frontera colombo-panameña que están enfrentando, desde el pasado 9 de mayo, migrantes haitianos, cubanos y también africanos y asiáticos. A continuación el comunicado que nos transmite desde Colombia nuestro compañero Edson Louidor
Organizaciones de la Sociedad Civil, defensoras de los Derechos Humanos y promotoras de los derechos de la población migrante, refugiada y en necesidad de protección internacional y entidades académicas, manifestamos profunda preocupación frente a la actual crisis humanitaria en la frontera colombopanameña, provocada por el cierre de dicha frontera por parte del gobierno panameño el pasado 9 de mayo y por la incapacidad de los gobiernos de la región para buscar soluciones orientadas a proteger los derechos humanos de los migrantes por encima del enfoque de seguridad y soberanía territorial.
El presidente panameño Juan Carlos Varela justifica esta decisión para enfrentar el paso de migrantes irregulares en su país, después de que sus homólogos de Nicaragua y Costa Rica cerraran sus respectivas fronteras a finales del año pasado con base en el mismo argumento. Como consecuencia de ello, se estima que entre 326 y 520 migrantes, en su gran mayoría cubanos, haitianos y extracontinentales (asiáticos y africanos), se encuentran varados y enfrentando una crisis humanitaria en el municipio colombiano de Turbo, fronterizo con Panamá.
Los migrantes cubanos buscan llegar a Estados Unidos para beneficiarse de la Ley de Ajuste Cubano (llamada política de pies mojados, pies secos), antes de que se restablezcan las relaciones entre el régimen castrista y el país norteamericano; mientras que los haitianos huyen del desempleo en Brasil y de la difícil situación política y socio-económica en su país, en busca de mejores condiciones de vida en los Estados Unidos.
Por otra parte, ante el cierre de las fronteras y el endurecimiento de las políticas migratorias y de asilo de la Unión Europea, los migrantes extracontinentales, originarios principalmente de República Democrática del Congo, Ghana, Senegal, Nepal, Pakistán, Mali, Guinea, Gambia, Somalia, Bangladesh, Angola, Afganistán, Eritrea, Camerún, Sierra Leona y Togo, buscan cada vez más la oportunidad de emigrar a los Estados Unidos a través de América Latina.
En su periplo hacia los Estados Unidos, los migrantes mencionados utilizan las fronteras con Ecuador, Venezuela y Brasil, pasando por rutas cada vez más complejas y peligrosas, tales como los territorios en guerra de los dos departamentos colombianos de Chocó y Antioquia. Al verse varados en Colombia, los extranjeros, principalmente quienes no son cubanos, utilizan la costa y la selva del Darién para proseguir sus viajes hacia Centroamericana y de allí a los Estados Unidos.
De esta población migrante varada en Turbo y que cambia constantemente (ya que se trata de flujos que siguen llegando y saliendo de la frontera), se registran aproximadamente un 25% de mujeres y el resto hombres; cerca del 3% son niños y niñas; a la fecha del 15 de junio de 2016 se encontraban 11 niños y 1 adolescente en el albergue; también se encuentran entre 3 y 5 mujeres embarazadas. Por otro lado, se han identificado personas con zika, malaria, neumonía, hepatitis y gripe
Frente a esta crisis de naturaleza regional, las respuestas de la institucionalidad colombiana han resultado, por un lado, insuficientes ya que el Gobierno colombiano se ha limitado a deportar a migrantes considerados irregulares, con base en diálogos diplomáticos y técnicos con sus homólogos principalmente cubanos y ecuatorianos; y, por el otro lado, contradictorios ya que las autoridades locales de Turbo expiden Salvoconductos para facilitar el traslado de los migrantes hacia Panamá, mientras que las autoridades centrales usan la deportación como medida privilegiada para enfrentar la crisis. Vale mencionar que en su afán por luchar contra el tráfico ilegal de migrantes considerado como el principal factor de migración irregular en esta zona, el Gobierno central ha venido criminalizando acciones solidarias y hospitalarias de la población local de Turbo hacia los migrantes, principalmente los más vulnerables.
Del mismo modo, el enfoque de seguridad que adopta no le ha permitido identificar a los migrantes con necesidad de asistencia y protección, entre ellos niños y mujeres embarazadas.
Frente a esta realidad de crecientes flujos intra y extra continentales y las reiteradas crisis fronterizas y binacionales, recomendamos a los Estados de la región promover activamente diálogos y compromisos entre ellos, que garanticen los derechos humanos de los migrantes en la región, sin importar la nacionalidad, edad, etnia, sexo, etc., de los extranjeros, de acuerdo con las obligaciones e instrumentos internacionales y regionales de protección a los derechos humanos.
Firman:
La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento-CODHESInstituto de Estudios Sociales y Culturales PENSAR de la Pontificia Universidad Javeriana Pastoral Social-Caritas Colombiana