Al cumplirse un año más de la promulgación de nuestra primera Ley Fundamental  lamentamos, como dominicanos, los atropellos reiterados y violaciones que ha sufrido nuestra ley de leyes.

Indiscutiblemente el comportamiento de nuestras autoridades, especialmente aquellas encargadas de cumplir y hacer cumplir la Constitución, evidencian un claro irrespeto a nuestra norma fundamental, convirtiéndola en un objeto de valor relativo, en función de los intereses y agendas de aquellos que han concentrado poder a lo largo de décadas.

En cuanto a la supremacía de la Constitución, los límites al abuso y la garantía de los derechos fundamentales nuestra sociedad posterior a la tiranía sigue padeciendo graves falencias y retrocesos.

 A tan solo un mes de cerrar el padrón electoral para los comicios del 15 de mayo del 2016, miles de dominicanos hijos e hijas de extranjeros inmigrantes, especialmente de inmigrantes haitianos, no han podido acceder a sus cédula de identidad y electoral.

 Esto significa que de no recibir sus carnet dentro del plazo estipulado para la obtención y/o cambio del documento que habilita los deberes y derechos ciudadanos, estos miles de compatriotas no podrán ejercer el derecho al sufragio en las próximas elecciones.

 Nuestra Constitución establece el sagrado derecho (al mismo tiempo deber) de elegir así como de ser elegidos, para todo ciudadano y ciudadana.

Indiscutiblemente que el hecho de no dotar a ciudadanos/as del documento necesario para ello sin ninguna justificación atendible constituye una violación grave a la Ley Fundamental. Otra consecuencia más de las políticas y procedimientos que en República Dominicana han venido violando e institucionalizando el irrespeto al Derecho Humano y Fundamental a la nacionalidad y la identidad. Estas políticas y procedimientos son, especialmente, la circular 17 y resolución 12 de 2007 de la JCE, la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, y los graves efectos de la Ley 169-14 que en la práctica anula registros de nacimiento de las personas bajo el concepto de “transcripción”, además de las fallas en su implementación y cabal cumplimiento.

Lamentamos de igual manera que nuestras autoridades no se comporten con valentía, coherencia y se ajusten a la máxima  de “cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes”, preservando el bien superior de la sociedad y el rol del Estado como garante de la dignidad y los derechos de las personas. Hasta ahora, ha habido un empecinamiento en tergiversar y hacer interpretaciones antojadizas y medalaganarias, presentando un falso panorama de que los miles y miles de casos de violación al derecho de nacionalidad e identidad y la denegación de documentos son un problema superado. También ha habido por parte de las autoridades, a todas luces, un accionar  desafiante del marco jurídico que nos rige como nación, sujeta a un establecido Estado de Derecho. 

 Insistimos en decir que la legitimidad del padrón electoral y del sistema electoral dominicano quedan y quedarán en entredicho mientras no terminen y sean superadas totalmente las violaciones a los Derechos Humanos y el Derecho Fundamental a la nacionalidad y la identidad, y al acceso pleno a los documentos que así lo acrediten.

 La sentencia 168-13, las medidas de la JCE, las disposiciones y aplicaciones arbitrarias de la Ley 169-14 han sido un Golpe de Estado de las propias autoridades a la Constitución y su esencia que es el régimen de derechos y el carácter democrático y republicano del Estado. Mientras eso no sea superado y corregido totalmente, la Constitución seguirá condenada a ser “un pedazo de papel” y nuestro sistema democrático-electoral carecerá de confianza, legitimidad ciudadana y respeto internacional por contraponerse con los más elementales Derechos Humanos.

Un año mas encuentra a nuestro país sumido en una gran contradicción e incertidumbre. ¿Con qué consciencia nuestros gobernantes y garantes de la Constitución podrán aludir a la Ley Fundamental, a las efemérides del 6 de noviembre de 1844, del 29 de abril de 1963 y del 24 de abril de 1965? ¿Con qué autoridad moral podrán mirar a las futuras generaciones, a sus hijos sin tener decirles que fueron precursores y que permitieron un régimen antidemocrático y de violaciones a los Derechos Fundamentales por los que los Trinitarios, los luchadores antitrujillistas, los restauradores, Juan Bosch y los luchadores de Abril dieron sus vidas? ¿Cuánto más se podrá manejar y manipular la verdad escandalosa de que en nuestra Patria se ha desnacionalizado y se sigue desnacionalizando y atropellando en sus derechos a miles de dominicanos y dominicanas por el solo hecho de su origen social y la condición de sus padres?

 Sin embargo creemos que no todo está perdido, y que se puede rescatar mucho de lo afectado. De manera que animamos a nuestros gobernantes a asumir el respeto a la Constitución y a los Derechos Humanos como un deber al que queda sujeto todo funcionario y todo ciudadano que de verdad respete y ame a la Patria, la libertad y la democracia.