Las sequías y las crisis políticas, sociales y económicas ponen en riesgo el acceso a la comida de millones de latinoamericanos en Colombia, Guatemala, Haití, Honduras y Nicaragua.
Haití
Es probable que la combinación de la inestabilidad macroeconómica con el impacto de las condiciones secas en la temporada agrícola principal, junto al empeoramiento de la situación de seguridad en medio de la crisis política provoque un deterioro de los ya elevados niveles de carestía de alimentos en Haití.
Se estima que alrededor de 4,4 millones de personas se enfrentaron a una inseguridad alimentaria aguda entre marzo y junio de 2021, un aumento de 6 puntos porcentuales en comparación con el mismo período del año pasado.
El informe pide acciones preventivas, como la distribución de semillas de variedades de cultivos de maduración temprana y tolerantes a la sequía a los hogares vulnerables con acceso a la tierra para reactivar rápidamente la producción en las áreas afectadas por la sequía; la perforación de pozos y la distribución de forrajes, piensos, suplementos de nutrientes, tanques de recogida de agua y ganado menor a criadores de ganado.
Se necesitan 156 millones de dólares para mejorar la situación alimentaria y los medios de vida, y otros 5,2 millones para intervenciones de nutrición y apoyo a las redes de producción a través de transferencias de efectivo sin condiciones, que deberían ir acompañadas de insumos y las herramientas necesarias para los hogares vulnerables.
Un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) destaca la necesidad de tomar medidas en cinco “lugares críticos” en América Latina y el Caribe, donde millones de personas están en riesgo de pasar hambre.
Según el informe trimestral Hunger Hotspots, en Centroamérica, Guatemala, Honduras y Nicaragua enfrentan dificultades debido a una posible reducción en sus cosechas y los efectos socioeconómicos de la pandemia de COVID-19.
Por su parte, Colombia está siendo afectada por disturbios sociales y una recesión económica, mientras que Haití ha sido golpeado por la crisis económica, la sequía, el malestar sociopolítico y el aumento de la inseguridad relacionada con la delincuencia.
Guatemala, Honduras y Nicaragua
Se espera que la situación de seguridad alimentaria en Guatemala, Honduras y Nicaragua continúe empeorando, especialmente en el Corredor Seco, debido a lluvias por debajo del promedio que podrían afectar los cultivos, y por los efectos socioeconómicos del COVID-19.
La falta de alimentos podría afectar a 3,5 millones de personas en Guatemala y a 3,3 millones en Honduras, mientras que en Nicaragua alrededor de 300.000 personas tienen un consumo de alimentos insuficiente y es probable que su situación empeore en los próximos meses.
El informe sugiere acciones anticipatorias para mitigar el déficit de lluvias durante la temporada agrícola, y solicita apoyo para los agricultores y ganaderos más vulnerables, incluyendo la distribución de insumos y herramientas para el cultivo de variedades de ciclo corto, huertos de traspatio y apoyo a la salud animal para reducir la mortalidad y la morbilidad provocadas por la sequía.
También aconseja a los países que brinden respuestas de emergencia y apoyo para la recuperación de los medios de vida a los pequeños agricultores y pescadores afectados por huracanes en las áreas más impactadas de Guatemala, Honduras y Nicaragua.
Colombia
El informe destaca la inestabilidad social y la crisis económica como factores clave de la inseguridad alimentaria que afecta a Colombia y a los migrantes venezolanos en dicho país. La ola de protestas podría tener efectos en la situación de inseguridad alimentaria, a pesar de las favorables perspectivas de producción para la temporada de cosecha de 2021.
Según el Panorama de las necesidades Humanitarias de 2021, hay 3,5 millones de personas con un acceso muy irregular a los alimentos en Colombia, y el 73% de los 1,7 millones de migrantes y refugiados venezolanos en el país estaba al borde del hambre en 2020.
El informe de las dos agencias de la ONU sugiere acciones anticipatorias para enfrentar esta crisis, como la distribución de efectivo a las personas más vulnerables en áreas rurales y urbanas para mitigar el impacto de los incrementos esperados en los precios de los alimentos.
Para ello, se necesitan 34,6 millones de dólares que garanticen el acceso a la comida, la nutrición y los medios de vida con los que apoyar a los migrantes venezolanos y a las comunidades de acogida en las zonas rurales fronterizas mediante la rehabilitación de los sistemas de agua, la producción rápida de alimentos y forrajes, y la entrega de alimentos de emergencia.