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Derechos humanos | Redacción Espacinsular

Se han cumplido  once años desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitiera la sentencia del caso de las Niñas Yean y Bosico Vs República Dominicana,  la cual se refiere a la responsabilidad internacional del Estado dominicano por la negación de las actas de nacimiento a favor de Dilcia Oliven Yean y Violeta Bosico Cofi.

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A propósito del tercer aniversario de la sentencia 168-13 emitida por el Tribunal Constitucional el 23 de Septiembre del 2013.  Hoy queremos que la ciudadanía sepa que la solución establecida  ha sido insuficiente, miles de personas aún esperan por la devolución de sus documentos (Actas de Nacimientos y Cédulas de Identidad).


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La plataforma Dominican@s por Derecho junto a todas las organizaciones que la conforman felicita al taekwondista Luisito Pie, orgullo dominicano y ganador de la única medalla para la República Dominicana durante los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro.


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La Red de Centros Sociales de la Compañía de Jesús en el país considera una medida oportuna y acertada la iniciativa formulada por el Gobierno de República Dominicana de extender la vigencia de los permisos migratorios durante un año a 155,477 personas que se inscribieron en el Plan de regularización.


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Varias organizaciones de derechos humanos han denunciado hoy la existencia una grave crisis humanitaria en la frontera colombo-panameña que están enfrentando, desde el pasado 9 de mayo, migrantes haitianos, cubanos y también africanos y asiáticos. A continuación el comunicado que nos transmite desde Colombia nuestro compañero Edson Louidor


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Nuestro país continua dentro de la lista de la vergüenza como uno de los cuatro países donde el aborto se encuentra totalmente penalizado; a pesar de que nuestras autoridades han tenido la oportunidad histórica de transformar esta situación, la presión de los grupos anti-derechos, de las iglesias y principalmente de quienes ejercen su trabajo como servidores y representantes populares desde sus ideologías personales; ha impedido la aprobación y entrada en vigor de un código penal moderno donde se garantice el aborto seguro cuando la vida de las mujeres corre peligro, cuando existen malformaciones congénitas incompatibles con la vida o cuando el embarazo es resultado de una violación o incesto. 

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La Compañía de Jesús en el país saludó la iniciativa de los representantes de las distintas Naciones, miembros de la OEA, y del Gobierno dominicano para celebrar del 13 al 15 de junio en nuestro país la 46ª Asamblea de la OEA con el tema “Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo Sostenible de las Américas”.


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Dominican@s por Derecho saludamos la iniciativa de la Misión Permanente del país ante la Organización de Estados Americanos (OEA) de impulsar el fortalecimiento institucional para el desarrollo sostenible en las Américas mediante el Proyecto de Declaración de Santo Domingo.


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El Movimiento Socio Cultural para los Trabajadores Haitianos, afirmó hoy que República Dominicana hizo  al proponer como norte en el tema de la 46º asamblea la Organización de estados Americanos (OEA) el “Fortalecimiento institucional para el desarrollo sostenible en las Américas” mediante el Proyecto de Declaración de Santo Domingo.


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Desde la plataforma Dominican@s por Derecho saludamos la iniciativa de la Misión Permanente del país ante la Organización de Estados Americanos (OEA) de impulsar el fortalecimiento institucional para el desarrollo sostenible en las Américas mediante el Proyecto de Declaración de Santo Domingo.


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Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) atraviesa una crisis financiera extrema que tendrá graves consecuencias en su capacidad para cumplir con su mandato y funciones básicas.


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Los derechos humanos, las sociedades democráticas y el desarrollo sostenible dependen del libre flujo de la información y éste, a su vez, precisa de la libertad de prensa.


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Organizaciones que integran la Plataforma Dominicanos por Derecho  solicitaron  al Estado dominicano, ante la CIDH   impulsar cambios institucionales que permitan separar la administración del   registro civil del sistema electoral en el país.