“No debemos minimizar la existencia de errores en los textos escolares, deben ser reparados, pero lucrar con el dinero público no es un derecho para nadie”
La profesora y expresidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, María Teresa Cabrera, sostiene que la existencia de errores en algunos textos escolares no pueden ser minimizados y deben ser corregidos de manera inmediata, sin embargo precisa, que lo que realmente motiva las denuncias de las empresas editoriales, es que no podrán seguir percibiendo alrededor de 6 mil 456 millones de pesos que el ministerio de Educación pagaba por la impresión los libros.
En ese sentido, Cabrera, que también es candidata a la presidencia por el Partido Frente Amplio, señala, que para el año escolar 2021-2022, solamente la compra de una parte de los libros del Nivel Inicial y del Nivel Primario costó al pueblo dominicano 3 mil 800 millones de pesos y que si se suma a esto una adenda de 800 millones para la compra de libros de inglés, Educación Física y Artística para esos mismos niveles y una licitación de mil 856 millones de pesos para la compra de libros del Nivel Secundario, que no se llegaron a ejecutar, estaríamos hablando de 6 mil 456 millones de pesos.
“En contraste con ese monto de 6 mil 456 millones de pesos, la producción de los libros, impresos y digitales, para todos los niveles: Inicial, Primaria y Secundaria, con la contratación de la Academia de Ciencias, la Academia de Lengua, la Academia de la Historia, el Archivo General de la Nación, más cinco universidades, Fe y Alegría y el EPISCOPADO, tuvo un costo, según datos del MINERD, inferior a mil 200 millones de pesos, pueden ser descargados gratuitamente por cualquier persona y la propiedad es del Estado, por tanto, pueden ser actualizados cuantas veces sea necesario y reimprimirlos sin tener que volver a licitar su compra”, enfatizó la maestra.
Dice que bajo esa lógica, las empresas editoriales hacen entender como algo pecaminoso, lo que ellos llaman “estatización” de la producción de los libros de texto del sistema educativo. Pero argumenta que lo que en realidad protestan las citadas empresas es la Ordenanza 03-2022 del Consejo Nacional de Educación, mediante la cual se crea la UNIDAD EDITORIAL del MINERD y se dispone la preparación, selección y difusión de medios educativos, libros de texto, instrumentos didácticos, audiovisuales entre otros recursos, por parte del Estado, para garantizar que las y los estudiantes puedan tener acceso gratuito a un costo menor para el pueblo que es quien aporta el dinero del presupuesto de educación a través de los impuestos que paga al Estado.
Cabrera enfatiza que el Estado no está obligado a comprarles a las empresas editoriales 4 0 5 veces más caro, cuando en este país todavía hay familias que no encuentran cupo para inscribir sus hijos e hijas en la escuela porque faltan aulas. Y entiende que “el dinero del Estado sale del sudor de cada dominicano y dominicana, de los impuestos que pagamos, por tanto, debe ser utilizado con racionalidad y pulcritud y que se puede dialogar sobre contenido, enfoque, etc. pero lucrar con el dinero del pueblo no puede convertirse en un derecho para nadie”.
Propone, que el MINERD debe hacer las correcciones necesarias, evaluar el tiempo pertinente para realizar un trabajo de esa naturaleza y robustecer el área encargada de la evaluación final del producto recibido para evitar que errores como los identificados en algunos de los libros se repitan, pero debe estar claro que la definición y aplicación de una política editorial del Estado es correcta y debemos defenderla.