A las Autoridades Gubernamentales, al Ministerio de Vivienda, a las Organizaciones Sociales y Ambientales, y al Pueblo en General
La Red Socioambiental Nacional de la República Dominicana expresa su más profunda solidaridad con las familias desalojadas en todo el país y su firme apoyo a las organizaciones que se han dedicado a defender los derechos fundamentales de estas personas. Nos unimos a la lucha de la Red Urbana Popular, el Comité para la Defensa de los Derechos Barriales (COPADEBA), Ciudad Alternativa, y las Organizaciones de Derechos Humanos que han estado al frente de la batalla para proteger el derecho a una vivienda digna, en medio de una creciente crisis de desalojos forzosos en nuestro país.
Saludamos públicamente el anteproyecto de ley presentado por el senador de la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, cuyo objetivo principal es garantizar el derecho a una vivienda digna para las familias desplazadas y establecer mecanismos efectivos de protección contra los desalojos forzosos. Este esfuerzo legislativo representa una oportunidad histórica para resolver un problema que afecta a miles de familias dominicanas, especialmente a las más vulnerables. El derecho a una vivienda digna no es solo un principio constitucional, sino un derecho humano fundamental que debe ser protegido y defendido en todos los niveles del gobierno.
Reconocemos los méritos del proyecto de ley pues propone reglas claras y equitativas para los desalojos, priorizando la protección de las comunidades establecidas y las personas en condiciones de vulnerabilidad. Sin embargo, consideramos que se pueden introducir mejoras para asegurar que esta ley cumpla plenamente con su propósito de proteger a los desalojados y prevenir futuras crisis.
Por lo anterior, la Red Socioambiental, a nombre de todas las organizaciones que representa sugiriere:
1. Moratoria a los Desalojos: Exhortamos al presidente Luis Abinader a emitir un decreto que establezca una moratoria a todos los procesos de desalojos en curso hasta que el proyecto de ley sea aprobado e implementado. Esta moratoria permitirá salvaguardar a las familias vulnerables mientras se establecen los mecanismos adecuados para su protección.
2. Integración de Programas de Vivienda Social: Proponemos que el proyecto de ley incluya un mandato para que el gobierno, a través del Ministerio de Vivienda, desarrolle programas específicos de vivienda social para las personas desalojadas, priorizando soluciones sostenibles y ecológicas que beneficien tanto a las personas afectadas como al medio ambiente.
3. Participación Comunitaria en la Planificación de Desalojos: Sugerimos que el proyecto de ley incorpore mecanismos formales de consulta y participación comunitaria en cualquier plan de desalojo. Las decisiones sobre los desalojos no deben tomarse sin la participación activa de las personas afectadas, asegurando que sus voces sean escuchadas y respetadas.
4. Compensación Justa y Reasentamiento Sostenible: Proponemos que el Estado garantice compensaciones justas a las familias desalojadas y asegure que el reasentamiento se realice en condiciones que promuevan el desarrollo social y económico de las comunidades afectadas. El proyecto de ley debe garantizar que estas soluciones habitacionales alternativas no solo sean temporales, sino que contribuyan al bienestar a largo plazo de las personas.
5. Establecimiento de Zonas de Protección Ambiental y Social: Sugerimos la creación de zonas de protección en áreas rurales y urbanas vulnerables, donde los desalojos estarían restringidos para preservar tanto los derechos humanos como los recursos ambientales. Estas zonas deben ser protegidas de la especulación inmobiliaria y los intereses corporativos que despojan a las comunidades de sus tierras.
6. Impuesto a la Propiedad para Financiar Soluciones Habitacionales Alternativas: Proponemos la implementación de un impuesto progresivo sobre propiedades vacías o subutilizadas, cuyos fondos se destinen a la construcción de viviendas para las personas desplazadas. Este enfoque no solo ayudaría a reducir el déficit habitacional, sino que también promovería una distribución más equitativa de los recursos.
7. Capacitación en Derechos Humanos y Medioambientales: Sugerimos incluir en el proyecto de ley una disposición para capacitar a jueces, fiscales y funcionarios en los derechos humanos y medioambientales relacionados con los desalojos. Esto aseguraría que las decisiones judiciales estén en consonancia con los principios fundamentales de justicia social y sostenibilidad.
Desde la Red hacemos un llamado al Senado de la República Dominicana para que tome en cuenta las sugerencias de las comunidades y las organizaciones que han trabajado arduamente en la defensa de los derechos de las personas desalojadas. Es fundamental que la nueva legislación refleje las necesidades y aspiraciones de los más afectados y no se limite a beneficiar a intereses privados.
Asimismo, exhortamos al presidente Luis Abinader a que, en ejercicio de su poder ejecutivo, apoye activamente estas reformas y garantice que la República Dominicana avance hacia una sociedad más justa y equitativa, donde el derecho a una vivienda digna sea una realidad para todos y todas.
Finalmente, la Red Socioambiental reafirma su compromiso con la lucha por la justicia social y la defensa del medio ambiente en la República Dominicana. Nos solidarizamos con las familias desalojadas y con todas las organizaciones que han dedicado sus esfuerzos a proteger los derechos fundamentales de estas personas. Juntos, podemos construir un futuro más justo, donde el derecho a una vivienda digna sea garantizado para todos los dominicanos.
¡Unidos por la Justicia Social y Ambiental!