Este 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que conmemoramos esta semana, encontró a las mujeres dominicanas luchando contra importantes retrocesos. Proclama leída el domingo 30 de noviembre en la actividad "Voces contra la Violencia". Cada migrante violentada por su raza o su nacionalidad

República Dominicana sigue siendo un territorio peligroso para las mujeres y niñas, especialmente para las negras y con menos recursos que son la mayoría de nuestra población. Y esto ocurre no por un destino trágico sino porque las instituciones del Estado, una y otra vez, toman decisiones que profundizan la desigualdad, legitiman la impunidad y dejan sin protección a grupos completos de personas en nuestra sociedad.

Es una ironía devastadora que el país que convirtió a las hermanas Mirabal en símbolo mundial contra la violencia de género siga encabezando la lista de naciones latinoamericanas con las mayores tasas de feminicidios, de embarazos adolescentes y de otras formas de violencia contra las mujeres y niñas.

Es doloroso que el país cuyo movimiento feminista propuso la creación de este día en el 1er Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe en 1981 en Bogotá, todavía ve y trata a las mujeres como incubadoras y no como seres humanos con derechos fundamentales.

Es indignante que un pueblo conocido por su solidaridad tenga autoridades que han convertido el odio en política pública deportando mujeres embarazadas y recién paridas en condiciones tan terribles que hasta causaron la muerte a un recién nacido y a varias mujeres violando el derecho a la salud y múltiples leyes nacionales e internacionales.

La violencia contra las mujeres no es un hecho aislado, es un sistema que opera todos los días

● Vivimos en un país en el que hay hombres que siguen asesinando a mujeres por ser mujeres. Entre enero y octubre de este año, el Ministerio Público registró 47 feminicidios íntimos, el Ministerio de Interior y Policía 49 y el Ministerio de la Mujer 53. ● Todas las cifras indican una reducción con respecto al 2024 pero los feminicidios no solo continúan sino que son cada vez más crueles y sangrientos.

● Vivimos en un país en que por lo menos 836 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas desde el 2015 de acuerdo con la Procuraduría General de la República.

● Vivimos en un país en el que el 36% de los casos penales son por violencia de género o intrafamiliar como ha dicho la misma Suprema Corte de Justicia.

● Un país en el que el 65% de las adolescentes entre 15 y 17 años han sido víctimas de violencia sexual.

● Un país en el que muchos doctores, doctoras y enfermeras insultan a las mujeres mientras paren en las maternidades públicas.

● Un país en el que todavía hay gente que justifica a los hombres que violan y buscan como parejas a niñas y adolescentes para poder controlarlas.

● Somos un país en el que las violaciones grupales que siempre han existido, pero que recientemente salieron a la luz, son grabadas y compartidas mientras muchos siguen condenando a las víctimas en vez de protegerlas. Como destacaba Miguel Lorente, el experto español en violencia de género que nos visitó esta semana, el machismo no es una conducta sino una cultura.

● Una cultura en la que se ve como normal que los hombres, sus vidas y sus proyectos sean más importantes que los de las mujeres. ● Una cultura donde todavía se cree que la violencia contra las mujeres se trata de “algunos hombres y algunas circunstancias”. Pero no es así. La fiebre no está en la sábana. La violencia contra las mujeres no es un problema de unos cuantos hombres “malos” o “enfermos”. Es el resultado de una cultura machista en la que las mujeres enfrentamos violencias múltiples y entrelazadas, sostenidas por instituciones que nos fallan de manera reiterada:

● Violencia física y feminicida que sigue arrebatando vidas sin que exista una política integral de prevención, atención y respuesta a las violencias. El Estado todavía gasta 4 veces más en atender la violencia de género que en prevenirla y sin prevención no podremos erradicarla.

● Violencia sexual marcada por la impunidad, el tratamiento irrespetuoso a las víctimas y barreras institucionales que impiden castigar a quien corresponda y prevenirla. ● Violencia psicológica y emocional que todavía muchas personas presentan como normal en hogares, escuelas, iglesias y medios de comunicación.

● Violencia económica que empobrece, limita la autonomía de las mujeres y las expone a más riesgo como cuando tienen que permanecer con hombres violentos porque no tienen sus propios ingresos. Y 1 de cada 4 mujeres del sector más pobre de la población no los tiene.

● Violencia patrimonial que despoja a las mujeres de bienes, vivienda y otras propiedades como ocurre, por ejemplo, cuando las empresas de cobros privan de ingresos y propiedades a las mujeres por deudas de sus esposos o ex esposos por falta de regulación estatal.

● Violencia simbólica que reproduce estereotipos y justifica desigualdades en la opinión pública como confirma el monitoreo de medios publicado esta semana por CIPAF.

● Violencia digital que incluye acoso, amenazas, difusión de contenido íntimo o campañas de descrédito y otras formas de agresión y que ya sufren 6 de cada 10 mujeres dominicanas.

● Violencia sexual con fines de explotación y trata secuestrando y vendiendo a mujeres, niñas y niños dentro y fuera del país y que opera con complicidades y silencios dentro del Estado.

● Violencia racista, la violencia xenófoba y la violencia homofóbica, que se viven todos los días en las calles, en las oficinas públicas, en los hospitales, en los medios y hasta en la política. Violencias que castigan a las mujeres negras por su color de piel, a las mujeres migrantes por su nacionalidad, y a las diversidades sexuales y de género por existir.

● Y la más devastadora de todas es la violencia institucional. O sea, la violencia que ejercen las propias instituciones del Estado cuando niegan los derechos de las personas, castigan la autonomía de las mujeres y otros grupos y protegen a los agresores. Un Código Penal medieval Gran parte de nuestra clase política apoyó un Código Penal medieval aprobado al vapor por el Congreso Nacional hace unos meses y promulgado con la misma prisa por el Presidente de la República. Con este Código Penal se mantiene la prohibición absoluta del aborto, condenando a las mujeres y niñas de nuestros barrios y campos a morir o sufrir daños permanentes en embarazos en que el feto no puede sobrevivir, son el resultado de violaciones y aun cuando existen emergencias médicas. Este es un Código Penal en el que se permite usar la violencia física contra niños y niñas, se pone a los militares por encima del poder civil, se privilegia a las iglesias, a los partidos y otros grupos para que no tengan que cumplir las normas que tenemos que cumplir el resto, entre muchas otras barbaridades. Es un Código Penal mutilado, incompleto y arbitrario que responde más a presiones de los sectores conservadores fundamentalistas que a la urgencia de salvar vidas y que no puede ser la base de un país que dice aspirar a la justicia. Una sentencia que amplía derechos y sectores que reaccionan con odio

El Tribunal Constitucional emitió una sentencia que elimina la penalización de las relaciones entre personas del mismo sexo en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Es un avance histórico en igualdad, dignidad y la eliminación de la discriminación. Pero la reacción de los sectores más conservadores del país revela más capas de la violencia:

● Los sectores políticos, de las jerarquías religiosas y de los medios han respondido con discursos de odio, desinformación y llamados explícitos a discriminar a la gente.

● Usan el miedo como herramienta para reinstalar prejuicios.

● Estigmatizan a las personas LGBTIQ+ como si la Constitución no les protegiera.

● Y con este caso se ponen de manifiesto los riesgos de violación de derechos y leyes si la justicia a militares queda en los tribunales castrenses. Por eso recordamos al país que, como también han planteado los principales abogados constitucionalistas, la igualdad no se consulta ni se debate, se garantiza. Defender esta sentencia es parte de la lucha contra la violencia institucional y contra todas las formas de discriminación. El silencio cómplice es parte del problema Cada feminicidio. Cada niña obligada a parir. Cada mujer asesinada. Cada sobreviviente ignorada o revictimizada en una fiscalía. Cada agresor protegido. Cada mujer sin acceso a justicia ni protección.

Cada migrante violentada por su raza o su nacionalidad. Cada persona LGBTIQ+ discriminada por su orientación sexual o su identidad de género. Todo eso habla más del Estado que de sus víctimas. No son fallas aisladas, es un sistema que funciona perfectamente para garantizar desigualdad. Ante este panorama, el movimiento feminista dominicano afirma que: Nosotras no vamos a retroceder, ni nos vamos a callar

● Seguiremos construyendo redes feministas comunitarias, territoriales e intergeneracionales, capaces de sostener la vida, acompañar a las mujeres y responder frente a la violencia.

● Exigimos políticas públicas integrales, con presupuesto suficiente, prevención real, rutas de atención dignas y rendición de cuentas. La ampliación de las casas de acogida y las medidas anunciadas por las autoridades y que hemos demandado por años son importantes. Pero nunca van a ser suficientes si el Estado continúa invirtiendo 4 veces más en atención a las víctimas que en la prevención de la violencia.

● Exigimos políticas educativas y culturales para la igualdad para eliminar la cultura machista que es la única manera de sacar de raíz la violencia de género de nuestra sociedad.

● Reclamamos justicia efectiva y oportuna, porque la justicia que llega tarde es injusticia y perpetúa la impunidad.

● Reclamamos respuestas articuladas del Estado, no acciones fragmentadas que nunca llegan a transformar nada. Reiteramos que el acceso seguro y rápido a la salud, a las casas de acogida, a las órdenes de restricción y otras formas de apoyo deben estar coordinadas entre sí y con las políticas para eliminar el machismo que causa la violencia contra las niñas y mujeres.

● Demandamos una reforma penal basada en derechos, evidencia, salud y justicia, no en moralismos.

● Reclamamos un Estado laico que legisle para todas las personas, no para complacer a las jerarquías de las iglesias y los sectores conservadores.

● Respaldamos toda acción que amplíe derechos para las diversidades sexuales y de género y enfrentaremos los discursos que intenten revertirlos.

● Rechazamos la presencia militar extranjera en nuestra tierra. Defendemos nuestra soberanía: sí a la paz, no a la guerra. Además, la presencia militar extranjera aumenta el riesgo de conflictos y de más violencia contra las mujeres como se ha comprobado en diferentes países.

● Impulsaremos campañas, litigios estratégicos, observatorios, formación política y acción colectiva para desmontar los discursos y decisiones que sostienen la violencia.

● Acompañaremos a las mujeres con menos recursos, a las jóvenes, a las mujeres rurales, a las migrantes, a las trabajadoras informales, a las mujeres con discapacidad, a las sobrevivientes, a las de la diversidad sexual y de género y de características sexuales diversas, y a todas aquellas que cargan con el peso más cruel de este sistema.

● Y demandamos justicia sin discriminación para Stephora Anne-Mircie Joseph y para todas las mujeres y niñas que viven en República Dominicana. TODAS merecen vivir sin miedo, ir a la escuela y caminar por las calles sin acoso, vivir libres de toda forma de violencia. No pedimos permiso

La lucha feminista ha sostenido el combate contra la violencia en este país donde muchas instituciones se han rendido. Seguiremos denunciando cada retroceso, confrontando cada intento de silenciarnos y abriendo camino donde el poder insiste en cerrarlo. Nuestro compromiso es con la vida digna, con los derechos de todas las personas, con las niñas que merecen crecer sin miedo y con un país donde la igualdad no sea un discurso, sino una práctica. Porque nuestra vida no es negociable.

Porque nuestra ciudadanía no depende del permiso de nadie. Porque los derechos conquistados no se devuelven. Nosotras no retrocedemos. Nosotras no olvidamos. Nosotras no renunciamos.

El movimiento feminista dominicano sigue en pie. Y no nos vamos a cansar.

ORGANIZACIONES FIRMANTES Alianza Cristiana Dominicana, Asociación Trabajadoras del Hogar (ATH), Católicas por el Derecho a Decidir – RD (CDDRD), Diversidad Dominicana, Centro de solidaridad para el Desarrollo de la Mujer (CE-MUJER), Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), Coalición por los Derechos y la Vida de la Mujeres, Coalición Podemos, COLESDOM, Comité por la Unidad y los Derechos de la Mujer (CUDEM), Confederación Nacional de Mujeres del Campo (CONAMUCA), Equipo de Mujeres en Desarrollo (EMUDE), Federación de Mujeres del Campo de Azua, Federación de Mujeres del Campo de El Llano de Elías Piña (FEMUCALLA), Federación de Mujeres del Campo de Monte Plata (FEMUCAM), Federación de Mujeres del Campo de Yaguate (FEMUCAYA), Federación de Mujeres Campesinas de Higüey, Federación de Mujeres de Boca Chica, Federación de mujeres de Guerra (FEMUGUE), Federación de Mujer Marcelina de los Santos de Hato Mayor, Federación de Mujeres de Sabana Grande de Boyá, Federación de Mujeres del Campo de Dajabón, Federación de mujeres Higüey, Federación de Mujeres de San José de Llanos, Federación del Campo de Mujeres Campesinas Enriquillo Barahona (FEMUCABA), Foro Feminista Magaly Pineda, Fundación Brisa de Esperanza, Fundación Profesor Evaristo Fernández, Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas (MUDHA), Movimiento de Mujeres Trabajadoras (MMT), Núcleo de Apoyo a la Mujer (NAM), Oficina para el Desarrollo de la Mujer de la provincia Hermanas Mirabal, Organización de Mujeres de Higüey (OMH), Organización Mariposa Emprendiendo el Vuelo, Programa de la Mujer de COSALUP, Red de Mujeres de la provincia Santo Domingo, Tertulia Feminista del Sur, Tertulia Feminista Magaly Pineda, Unión Democrática de Mujeres (UDEMU)