Puerto Príncipe, 30 de enero de 2026: Según la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH), durante el cuarto trimestre de 2025 (octubre-diciembre), al menos 1.523 personas murieron y 806 resultaron heridas. Durante todo 2025, estas cifras elevan el número de muertos a más de 5.915 y el de heridos a 2.708.
Como en cuarteles anteriores, las bandas no pudieron extender su control territorial en el área metropolitana de Puerto Príncipe, en parte debido a las operaciones realizadas por las fuerzas del orden. Sin embargo, estas bandas fueron responsables del 32% de las víctimas. Así, en las zonas bajo su control en Puerto Príncipe, continuaron cometiendo graves violaciones de derechos humanos, incluyendo asesinatos selectivos, secuestros, extorsión y destrucción de propiedades, así como tráfico de niños para explotación y participación en actividades delictivas.
Sus miembros también han continuado con sus tácticas de usar la violencia sexual, especialmente la violación en grupo, como arma contra la población, ya sea durante intrusiones en hogares o cuando las víctimas se mueven por la calle. En el último trimestre de 2025, el Mecanismo de Monitoreo, Análisis e Informe de las Naciones Unidas (MARA) documentó a más de 301 víctimas de violencia sexual, en su mayoría mujeres y niñas, algunas de tan solo diez años.
En las zonas rurales en las afueras de la capital, como en los departamentos de Artibonite y Centre, las bandas llevaron a cabo ataques indiscriminados contra varias localidades en un intento de consolidar y ampliar su control territorial. Estas redadas han tenido como objetivo especialmente a las poblaciones que viven de la agricultura y sus activos agrícolas, provocando nuevos movimientos de población, debilitando la economía local y aumentando las necesidades humanitarias y de protección.
Paralelamente a esta violencia de bandas, BINUH estima que el 6% de los asesinatos y heridos se deben a grupos de autodefensa y a miembros de la población que participan en el movimiento "Bwa Kalé", que tienen como objetivo a miembros de pandillas y a personas sospechosas de colaborar con ellos.
Finalmente, más del 62% de los muertos o heridos durante el trimestre fueron asesinados o heridos durante operaciones de aplicación de la ley, apoyados en algunas circunstancias por una empresa militar privada que utilizaba drones. De todos los muertos y heridos en los ataques con drones, 32 eran miembros de la población, incluidas dos niñas pequeñas.
El informe también destaca la persistencia de las acusaciones de ejecuciones sumarias que involucran a miembros de la policía. Se cree que al menos 58 personas fueron víctimas de estas ejecuciones, lo que eleva el total a más de 222 en el año 2025. La Inspección General de la Policía Nacional de Haití ha sido informada de todos estos casos.
"Frente a los abusos y violaciones de derechos humanos, celebramos los continuos esfuerzos para fortalecer la lucha contra la impunidad, liderados por las autoridades haitianas con el apoyo de las Naciones Unidas, a pesar de las persistentes limitaciones de recursos, capacidad y funcionamiento del sistema judicial", dijo Carlos Ruiz Massieu, Representante Especial del Secretario General de la ONU y Jefe de BINUH.
Además de la asistencia proporcionada para el establecimiento de unidades judiciales especializadas, se ha prestado especial atención a la situación de los detenidos menores en conflicto con la ley. Así, la BINUH apoyó a las autoridades judiciales en la organización de varias audiencias en Puerto Príncipe, Les Cayes y Gonaïves, que llevaron a la liberación de más de una docena de niños privados de su libertad.
Dada lagravedad de la situación de los derechos humanos, el informe subraya la urgente necesidad de reforzar la protección de los miembros de la población, garantizar que todas las operaciones de las fuerzas de seguridad nacionales e internacionales se lleven a cabo en estricta conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos y acelerar los mecanismos de rendición de cuentas. incluyendo a funcionarios estatales presuntamente responsables de las violaciones. El informe también insta a la comunidad internacional a mantener a Haití en la agenda internacional y proporcionar un apoyo adecuado para responder a la magnitud de la crisis humanitaria y de protección.