Contáctenos Quiénes somos
Noticias | José Luis Soto

Las centrales sindicales a través de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical han valorado de negativo la finalización del Plan Nacional de Regulación Migratoria y son de la opinión que el mismo debe evaluarse y tomar medidas

Comunicado de prensa  

La Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS) y su Red de Apoyo a los Trabajadores Migrantes, llama la atención del Presidente de la República, Lic. Danilo Medina, para que escuche el clamor de varias organizaciones de la sociedad, incluyendo al movimiento sindical que le ha solicitado extender una prórroga al plazo que vence hoy sobre el Plan de Regularización de Extranjeros en Situación Migratoria Irregular (PNRE- decreto 327-13).

De no darse una prórroga, miles de nacionales extranjeros que han hecho vida laboral productiva, económica y familiar en el país están amenazados con ser deportados, por no haber podido obtener su documentación en el tiempo previsto por la ley, situación que perjudica mayoritariamente a los inmigrantes haitianos.

Esa situación afectará en su membresía a las centrales sindicales ya que trabajadores domésticos en mayoría mujeres responsables de familias, de plantaciones y de otras áreas se han quedado sin documentar. Pero también el movimiento sindical no ha sido considerado por el gobierno para revisar este proceso y las decisiones que se aplicarán a los deportados, por cuanto estos trabajadores tienen derechos adquiridos acumulados que representan dinero para ellos y sus familias y que al ser deportados perderán los mismos sin tener ni siquiera un abogado que les reclame sus prestaciones.

Si bien es cierto que existen empresas que han regularizado a sus empleados inmigrantes, lo cual nos merece un reconocimiento, existen trabajadores que laboran en empresas formales pero que por no tener documentos son informales, no pudieron ni siquiera asistir a solicitar su documentación porque los empleadores se niegan a darle constancia de trabajo, alegando que pueden ser notificados en el Ministerio de Trabajo.

También los trabajadores cañeros cuya situación el país conoce, que fueron los sostenedores de nuestra economía en el momento en que el azúcar fue el oro de nuestro Producto Interno Bruto, están en más de un 50% sin regularizar junto a sus familias, tal y como lo ha denunciado la Unión de Trabajadores Cañeros.

La CNUS y la Red de Apoyo Laboral a los Trabajadores Migrantes llaman al presidente a comprender que el país no ha tenido política para documentar migrantes hasta que se inició este plan hace 18 meses y que en tal sentido la preparación y aprovisionamiento para llevar a cabo el proceso se ha realizado en muy corto tiempo y con dificultades tanto en logística como en los usuarios del servicio para obtener sus documentos de origen.

Había 18 oficinas laborando de las 36 que habían anunciado las autoridades encargadas del PNRE y al final se ha llegado a 24. Tampoco hubo una coordinación eficiente entre las oficinas del PNRE, por ejemplo se pedían más documentos en una oficina que en otra, y muchas veces las oficinas presentaban problemas de corriente eléctrica y de fallo del sistema de computación, diferenciación en el trato en unas y otras y en algunos casos hubo trato arbitrario a los solicitantes.

En la mayoría de los casos las informaciones que recibimos son que el costo económico que oscila entre 10 y 20 mil pesos hace inalcanzable para un trabajador esa suma, ya que sus salarios son de los más deprimidos del país. Los plazos retrasados por las trabas burocráticas en los trámites para obtener documentos que validan el status migratorio de los trabajadores y trabajadoras, también ha generado mucho retraso en las solicitudes.

El Presidente de la República no debe dejarse convencer por uno u otros sectores de los que presionan por deportaciones masivas por un lado, o por los que aspiran a ignorar la realidad migratoria y dejar las cosas como están. Debe el Presidente actuar con equidad para que haya justicia y respeto a los derechos humanos de estos trabajadores y sus familias.

La República Dominicana como miembro adscripta de las Naciones Unidas y de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) debe velar por el fiel cumplimiento a sus decisiones y resoluciones como son los resultados del diálogo de alto nivel sobre las migraciones y sus impactos en el desarrollo de la ONU, el marco multilateral de la OIT para las migraciones laborales y su enfoque basado en derechos, así como los convenios 97 y 143 de la OIT para la protección de los derechos de los migrantes y sus familiares.

La CNUS y su Red de Apoyo Laboral a los Trabajadores Migrantes consideran que el éxito del PNRE no está en que haya concluido el plazo y que se hayan inscrito 240,000 personas, y se deporte a otra parte igual, sino que su éxito se medirá por el resultado beneficioso que para los migrantes y el país implique su ejecución.