Saber que cada vez hay más gobiernos intentando reprimir las movilizaciones sociales y la libertad civil, no nos resulta nada extraño. En España, incluso antes de laaprobación de la Ley Mordaza – oficialmente llamada Ley de Seguridad Ciudadana- el pasado julio, muchos han sido los ciudadanos y ciudadanas que se han visto multados por manifestarse o incluso por mostrar su opinión en redes sociales.

Pero la evidencia de que la lucha por nuestros derechos debe ser cada vez más global, se hace hoy más intensa al conocer la noticia de que recientemente la Policía Nacional de República Dominicana irrumpió en la oficina de una de nuestras contrapartes, el Centro Bonó.

El Centro Bonó es una organización que realiza incidencia política para cambiar las estructuras de República Dominicana hacia una sociedad más justa. Forma parte de un colectivo de organizaciones con las que trabaja de forma colaborativa en representación de la sociedad civil. Hace pocos días durante una de las reuniones que convoca el colectivo en las oficinas del Centro Bonó, sin motivo ni justificación legal, la policía entró para coger documentación, intimidar y fotografiar a los que allí se encontraban. Este acto no es solo un acto de intimidación hacia nuestra contraparte, es un acto de intimidación hacia la sociedad civil informada, movilizada y defensora de Derechos Humanos y civiles.

Desde hace 10 años, la ciudadanía en República Dominicana ha venido experimentando un cambio positivo hacia su auto-organización para la reivindicación de sus derechos. Así movimientos sociales como el llamado Educación Digna han conseguido avances tan significativos como la promesa de un 4% del presupuesto de República Dominicana destinado a la educación.

Pero estos movimientos que expresan libertad y que son un logro para todos y todas las personas, parecen molestar a algunos incluso cuando se trata de movimientos en respuesta a la corrupción.

Recientemente se destapó en República Dominicana un escándalo en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) cuyos funcionarios chantajeaban y extorsionaban a contratistas de obras del Gobierno. Este hecho, que bien debería habar causado indignación a todas las escalas, ha reavivado las movilizaciones de la ciudadanía. Sin embargo, la respuesta de la Policía Nacional ha sido reprimir semana tras semana las manifestaciones pacíficas.

Movimientos sociales y ciudadanos han lanzado un comunicado para exigir el cumplimiento del artículo 48 de Constitución dominicana por el que se defiende el derecho a reunirse y demandar que los fondos públicos sean ejecutados con eficiencia, transparencia y en los fines con los que fueron presupuestados.

Desde España, también en lucha contra una ley que igualmente atenta contra los  derechos fundamentales de reunión y manifestación recogidos en la Constitución española, nos solidarizamos con la llamada dominicana a rechazar las acciones represivas de la Policía Nacional y exigir medidas contra la corrupción.

Fuente http://blog.inspiraction.org/encrucijada-libertades-civiles-4543/