Según, la organización de derechos humanos, Amnistía Internacional, la República Dominicana, se ha vuelto a quemar en materia de derechos humanos. La entidad ha emitido su informe anual donde fundamenta lo que considera que el país no ha tomado en cuenta para mejorar en esa materia.
A continuación el informe sobre la República Dominicana
No se aprobó una ley de reforma de la policía. Muchas personas de ascendencia haitiana seguían siendo apátridas a pesar de la aplicación de una ley cuyo propósito era abordar esa situación (Ley 169-14). No pudo entrar en vigor el nuevo Código Penal que eliminaba la prohibición total del aborto. El Congreso no adoptó legislación que podría haber promovido la protección de los derechos de las mujeres y niñas y de las personas pertenecientes al colectivo de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI).
Información general
En junio, tras un acuerdo entre el partido en el poder y los principales partidos de la oposición, el Congreso adoptó una reforma a la Constitución que permitía al presidente saliente presentarse a otro mandato consecutivo. Pocos días después, el presidente anunció que tenía la intención de concurrir a las elecciones presidenciales de 2016 para un segundo mandato.
En julio se remitió al Congreso un proyecto de reglamento para regular los procedimientos internos del Defensor del Pueblo, establecido en 2013; sin embargo, seguía pendiente al finalizar el año.
El Ministerio de Relaciones Exteriores llevó a cabo un proceso de consulta con diferentes grupos de la sociedad civil con el propósito de desarrollar un plan nacional de derechos humanos.
Policía y fuerzas de seguridad
La Procuraduría General de la República informó de 152 homicidios a manos de las fuerzas de seguridad entre enero y septiembre. Muchos homicidios tuvieron lugar en circunstancias que sugerían que podían haber sido ilegítimos.
El Congreso continuó debatiendo un anteproyecto de ley de reforma de la policía, pero al terminar el año todavía no se había aprobado. Como consecuencia de ello, el proceso para una reforma exhaustiva de la policía sufrió un nuevo retraso.
Entre enero y septiembre se registró una caída del 6 % en la cifra de asesinatos, en relación con el mismo periodo de 2014; sin embargo, la cifra seguía siendo elevada. Aparte de la publicación de los informes de progreso sobre el sistema nacional de atención a emergencias, no se hizo pública información adicional alguna sobre la aplicación del Plan Nacional de Seguridad, iniciado formalmente en marzo de 2013.
Impunidad
No se avanzó en la investigación de la desaparición forzada de tres hombres—Gabriel Sandi Alistar, Juan Almonte Herrera y Randy Vizcaíno González—, vistos por última vez cuando se hallaban bajo custodia policial en julio de 2009, septiembre de 2009 y diciembre de 2013, respectivamente. Su suerte y su paradero seguían siendo desconocidos.
En junio, la Suprema Corte de Justicia aceptó el recurso de apelación de seis miembros de las fuerzas de seguridad que alegaba que su procesamiento, en 2013, por el homicidio de Cecilio Díaz y William Checo en 2009 se había iniciado cuando el delito ya había prescrito, y sobreseyó la causa contra ellos.
Privación de la nacionalidad
Las autoridades continuaron aplicando la Ley 169-14, cuyo propósito era devolver la nacionalidad dominicana a las personas a las que la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional en 2013 se la había retirado de manera arbitraria y con carácter retroactivo. El proceso administrativo para que recuperaran la nacionalidad las personas de ascendencia extranjera nacidas en la República Dominicana cuyo nacimiento hubiera sido registrado previamente en el Registro Civil dominicano (las personas pertenecientes al denominado “Grupo A”) era lento, y a muchas personas se las seguía privando arbitrariamente de sus documentos de identidad. De las 55.000 personas, según cálculos, nacidas en la República Dominicana de ascendencia extranjera cuyo nacimiento no había sido registrado (las pertenecientes al denominado “Grupo B”), sólo 8.755 se inscribieron en el plan de naturalización previsto por la ley dentro del plazo, que venció el 1 de febrero. El gobierno no reconoció públicamente la existencia de un numeroso grupo de personas que no pudieron inscribirse en el plan y, por consiguiente, siguieron estando en situación de apatridia.1
Decenas de personas dominicanas de ascendencia haitiana fueron detenidas arbitrariamente y amenazadas con ser expulsadas a Haití como migrantes “irregulares”. No obstante, en la inmensa mayoría de los casos, las autoridades las dejaron en libertad tras verificar que habían nacido en la República Dominicana.
Derechos de las personas migrantes
En febrero, el cuerpo sin vida de un migrante haitiano fue hallado ahorcado en un árbol en un parque de Santiago tras un aumento de la tensión entre la República Dominicana y Haití. Se temía que hubiera sido víctima de un homicidio xenófobo. Al final del año no se había procesado a nadie por su muerte. Según la información recibida, hubo migrantes haitianos que sufrieron agresiones en represalia por delitos presuntamente cometidos por otros haitianos.2
El 17 de junio venció el plazo de inscripción en el Plan Nacional de Regularización de extranjeros en situación migratoria irregular. El gobierno anunció que se habían inscrito 288.486 migrantes. A finales de septiembre, las autoridades afirmaron que se había regularizado la situación de más de 239.000 solicitantes.
El gobierno reanudó oficialmente las deportaciones de migrantes en situación irregular a mediados de agosto.3 Desde mediados de junio, decenas de miles de migrantes haitianos decidieron regresar a Haití, principalmente por miedo a una expulsión violenta o por las presiones xenófobas de empleadores o vecinos. Ese movimiento de personas dio lugar a un incremento de la tensión entre la República Dominicana y Haití. La Organización de los Estados Americanos (OEA) respondió enviando una misión a ambos países en julio. Tras la visita, las autoridades dominicanas rechazaron la oferta de mediación del secretario general de la OEA, y también se negaron a negociar con Haití un protocolo de deportación. Las autoridades no hicieron público su propio protocolo.
En la mayoría de los casos de deportación, las autoridades evaluaban cada caso individualmente. Sin embargo, según la Organización Internacional para las Migraciones y algunas organizaciones de la sociedad civil dominicanas y haitianas, varias personas inscritas en el Plan Nacional de Regularización denunciaron haber sido deportadas.
Violencia contra las mujeres y las niñas
Según estadísticas oficiales, en la primera mitad del año la cifra de homicidios de mujeres y niñas se redujo en un 4 %, en relación con el mismo periodo de 2014.
El Congreso todavía no había adoptado la Ley para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, aprobada por el Senado en 2012.
Derechos sexuales y reproductivos
En diciembre de 2014, el Congreso había aprobado reformas al Código Penal que despenalizaban el aborto cuando el embarazo supusiera un riesgo para la vida de la mujer o niña embarazada, cuando el feto no tuviera posibilidades de sobrevivir fuera del útero, o cuando el embarazo fuera resultado de violación o incesto. Posteriormente, grupos contrarios al aborto recurrieron la constitucionalidad de la reforma. El 2 de diciembre, el Tribunal Constitucional declaró que la adopción del Código era inconstitucional debido a errores de procedimiento, y ordenó que siguiera en vigor el Código anterior, aprobado en 1884.4
El Ministerio de Salud, en colaboración con organizaciones de la sociedad civil, redactó borradores de protocolos para la aplicación de la despenalización del aborto en las tres circunstancias permitidas por el Código Penal.
En julio, debido a la presión ejercida por grupos religiosos, el presidente de la Cámara de Diputados eliminó un anteproyecto de ley sobre salud sexual y reproductiva de los temas a debatir en el Parlamento. Al finalizar el año, ese anteproyecto aún no se había debatido.
Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales
Las organizaciones de la sociedad civil denunciaron crímenes de odio, como asesinato y violación, contra personas LGBTI.
La comisión de la Cámara de Diputados que revisaba el anteproyecto de ley sobre salud sexual y reproductiva eliminó las sanciones propuestas por discriminación en el acceso a la atención médica por motivos de orientación sexual e identidad de género. La ley estaba pendiente de debate al terminar el año.