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Organizaciones de comunicación y ciudadanas alternativas continúan buscando espacios para el reconocimiento de los derechos a la comunicación en particular de las radios comunitarias.

Comunicado/Observacom

La Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa (RedMICA) denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la inexistencia de un marco regulatorio actualizado para la radiodifusión promueve la concentración del sector, convalida el mecanismo de subasta económica como única forma de acceso a las frecuencias e imposibilita el acceso del sector comunitario.

En el marco del 164° período de sesiones de la CIDH, que tuvo lugar en México del 4 al 8 de septiembre, Andrea Alvarado de la RedMICA manifestó que “el marco regulador es confuso y omiso para la radiodifusión” y promueve una “institucionalidad débil con altos niveles de discrecionalidad”.

Alvarado explicó que más del 90% de las frecuencias se usan para medios comerciales, generando un “balance que no es apropiado para la democracia”. Además señaló que la Ley de Radio no define la existencia de medios comunitarios ni públicos y, por lo tanto, no los regula ni prevé reservas de espectro.

También de la RedMICA, Sebastián Fournier, denunció la falta de transparencia en el control de las concesiones y manifestó que la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) determinó un criterio máximo de concentración en 2012 que fue desestimado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. “Al menos 10 empresas superan estos criterios”, afirmó.

Fournier dijo que el 57% de las frecuencias de radio están en manos de siete grupos; el 60% de las TV pertenecen a cinco empresas, de las cuales solo dos son costarricenses. Además advirtió que el 88% de las frecuencias se encuentran concentradas en la capital del país.

Alertó que la transición hacia la TV digital agudizaría el proceso de concentración en cuatro grupos mediáticos ya que se prevé que todos los canales queden en manos de los actuales concesionarios y que “ningún canal nuevo saldría a concurso público”.

Para concluir con la exposición de RedMICA, Gisella de León expuso una serie de peticiones que incluyeron la solicitud a la Relatoría Especial de Libertad de Expresión para que dé seguimiento cercano a esta situación e incluya en sus informes los temas que atentan contra estándares de libertad de expresión en Costa Rica; que inste al Estado a adoptar una legislación en materia de radiodifusión actualizada y respetuosa de los derechos humanos, dando participación a los distintos sectores interesados. A su vez indicó que se solicite al Estado información sobre las concesiones existentes sobre radio y TV para evaluar los niveles de concentración. Al Estado, RedMICA instó a pedir una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se pronuncie sobre la compatibilidad de la regulación tica con los estándares de libertad de expresión. Asimismo solicitó la apertura de un canal de diálogo con la sociedad civil para la discusión de la regulación de radio y TV y que la Relatoría acompañe el proceso como asesor técnico.

Desde el gobierno, el Viceministro de Telecomunicaciones, Edwin Estrada, expresó que están trabajando en un proyecto de ley para Radio y TV que se presentaría en la Asamblea Legislativa en los próximos meses.

Señaló que Costa Rica fue uno de los últimos países en modernizar su marco normativo en la región lo cual, desde su perspectiva, resultó una fortaleza al permitir aprender de los aciertos y errores de otros países. Manifestó que en 2008 se sancionó la Ley de Telecomunicaciones que es “la primera en Latinoamérica que incorpora el concepto de convergencia”.

Desde el gobierno también resaltaron que, de acuerdo con un informe de Reporteros Sin Fronteras, Costa Rica encabeza el ranking regional sobre libertad de expresión.