La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) le exige al Presidente de la República, al Procurador General de la República y al director de la Policía Nacional detener los desalojos a los que son sometidos los campesinos de la región Este.
Después de los campesinos de Vicentillo, El Seibo, desalojados de las tierra que ocupan y trabajan desde 1975 y que el ciudadano cubano Pedro Varona pretende arrebatarles, ahora les toca a los campesinos de la provincia de La Altagracia donde mas de 200 de ellos han sido desalojados por el Central Romana Corporation junto a la Policía Nacional de manera salvaje, abusiva e ilegal.
Se trata de hecho de campesinos que llevan décadas trabajando la tierra con el pleno reconocimiento del derecho adquirido de parte del Tribunal de Jurisdicción Inmobiliaria al igual que del Instituto Agrario Dominicano, a los que les han destruido sus humildes casitas y pertenencias y ahora se encuentran deambulando en Higuey sin un techo sobre su cabeza, ya que la empresa Central Romana Corporation les impide la entrada a sus predios a través de su “ejercito” privado de los Guarda Campestres.
Es en vista de esta lamentable situación que le exigimos al presidente de la República Danilo Medina que intervenga ante esta ola de desalojos arbitrarios y abusivos en contra del campesinado dominicano, lo que contradice su discurso populista de querer proteger esa importante categoría de trabajadores dominicanos y todas las visitas a sorpresas realizadas en ese sentido.
El campesinado dominicano merece respeto y protección ya que con su trabajo asegura la seguridad alimentaria de miles y miles de familias de clase baja y medio baja, las que representan la mayoría de la sociedad de nuestro país.
El acaparramiento de tierras de parte de particulares y empresas con la complicidad de la Policía Nacional y de funcionarios públicos es una problemática que está llevando a la desaparición del campesinado dominicano, quien se ve en la necesidad de dejar las zonas rurales donde ha vivido toda su vida para ir a integrar los cinturones de miseria alrededor de las ciudades y pueblos de nuestro país.
Se trata de una realidad que compartimos con otros países de la región y es por lo ello que la estamos denunciando también a nivel internacional.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos anuncia desde ya que ante la negativa de las autoridades a resolver esta situación lanzará un plan de lucha contundente en todas las instancias para la defensa de estos campesinos ante los abusos del Central Romana Corporation y las autoridades.