El colectivo de jóvenes Con Mis Derechos no te Metas entregó a la Cámara de Diputados 3,760 firmas en apoyo a la inclusión de las 3 causales en el Código Penal: cuando la vida o salud de la persona gestante corre peligro, cuando el embarazo es inviable y cuando es resultado de violación o incesto.
Acompañaron la carta de un amplio argumentario jurídico que justifica la incorporación de estas tres excepciones a la penalización del aborto.
El grupo, encabezado por Yosarah Olivo, Natalia de Peña y Charyl Adams fue recibido por las y los diputados José Horacio Rodríguez y Pedro Martínez, de Alianza País; Juan Dionicio Restituyo, del Frente Amplio; Magda Rodríguez e Ivannia Rivera, del Partido de la Liberación Dominicana; y La acción se une a otras expresiones de apoyo a la incorporación de las causales al Código Penal, como la visita realizada la semana pasada por el CNUS, el cual fue recibido por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco.
A través de la carta, el grupo solicitó que se garantice el acceso a la interrupción del embarazo de forma legal y segura en los tres casos contemplados, ya que este puede salvar la vida y facilitar la igualdad de las mujeres.
Afirmó que la penalización total de la interrupción voluntaria del embarazo vulnera el derecho a la vida, la dignidad humana, la integridad personal, al libre desarrollo de la personalidad y la salud de la persona gestante contemplados en la Constitución de la República Dominicana en sus artículos 37, 38, 42, 43 y 61; así como la protección de las personas menores de edad (artículo 56) y la protección de las personas con discapacidad (artículo 58).
Explicó además que el país debe actuar en el marco de los acuerdos internacionales asumidos, los cuales forman parte del bloque constitucional dominicano. Entre estos la Convención Interamericana de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
El Comité de la ONU contra la Tortura sostiene que: “mientras esté en vigor la prohibición total, sin excepciones, estarán incumpliendo su obligación legal internacional de proteger los derechos humanos”.
El colectivo llamó a las y los legisladores a reconocer la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho fundamental de las niñas, mujeres y personas gestantes en esas tres circunstancias: cuando la continuación del embarazo constituya un peligro para la vida o la salud de la persona, certificada por un médico o psicólogo; cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por un medico; y cuando el embarazo sea el resultado de una conducta constitutiva de un acto sexual sin consentimiento, abusivo o de incesto”.