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Desde el 2017 miles de hombres y mujeres hemos teñido de verde las calles de nuestros pueblos para luchar contra la corrupción y por el fin de la impunidad. Hemos asumido el sentimiento patriótico de reclamar el dinero del pueblo, de exigir nuestro derecho a una justicia independiente y autónoma.

En los últimos meses con las investigaciones realizadas por el Ministerio Público y con los recientes informes que está dando a conocer la Cámara de Cuentas, se evidencia como funcionarios y empresarios corruptos se han robado cifras espeluznantes del erario, para enriquecerse de manera ilícita. Robándose el dinero del pueblo que debió invertirse en la construcción y acondicionamiento de los hospitales, en la generación de empleos, en equipamiento médico y de escuelas, en mejoras medioambientales, en acueductos, en sistemas cloacales, en seguridad, en mejoras del transporte entre otras necesidades.

Los múltiples casos en proceso de investigación, como: la Operación Antipulpo, Operación Caracol, Operación Coral, Operación Medusa, Caso Larva, Caso de Los Tres Brazos, Operación 5G, Operación Falcon, El Caso 13, refuerzan la necesidad de movilización de la ciudadanía en esta lucha, para que no haya marcha atrás en la persecución de la corrupción y sobre todo, que el Poder Judicial aplique sanciones ejemplares a quienes montaron un entramado operativo de redes criminales desde las posiciones que ocupaban en el Estado, aprovechando su condición de familiaridad o amistad con quien tenía el mandato constitucional, según el artículo 128 de la constitución, como Presidente de la República, de dirigir la política interior y exterior, la administración civil y militar, ser la autoridad suprema de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los demás cuerpos de seguridad del Estado, sin embargo lo que se hizo fue, utilizar ese poder político para mediante el tráfico de influencia y las violaciones a múltiples leyes, crear un entramado societario que les permitió beneficiarse de los fondos de los contribuyentes, del dinero del pueblo, al recibir pagos de miles de millones de pesos del Estado, por medio de operaciones ilegales en las que utilizaron a personas físicas y jurídicas. El Ministerio Público denunció que los imputados forman parte de manera asociada de un grupo criminal que desde hacía varios meses había estado adulterando, destruyendo y ocultando evidencias útiles y pertinentes para la investigación.

Marcha Verde continua en las calles para seguir reclamando que se sigan investigando los más de 130 casos del Archivo Abierto que entregamos al Ministerio Público.

En la COORDINACIÓN NACIONAL de MARCHA VERDE, se aprobó nuevamente exigir una auditoría independiente de la construcción de la planta termoeléctrica Punta Catalina, que es uno de los principales casos de Corrupción de Odebrecht.

Hoy más que nunca, es vital la movilización de la ciudadanía, para que con firmeza y decisión decirle al Ministerio Público, que no desmaye en su “objetivo principal de fortalecer las capacidades de investigación y persecución penal, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales”, a la vez que se precisa que es un derecho del pueblo de que no se roben lo que es del propio pueblo, el cual está vigilante en esa importante tarea, a fin de que el Ministerio Público juegue el rol esencial que le confiere el artículo 169 de la Constitución de la República, por lo que reclamamos que se instrumenten expedientes sólidos para que:

1.     Los corruptos vayan a la cárcel, y que no haya corruptos favoritos.

2-Todo el que le robó al erario sea investigado y sometido a la justicia.

3-Se recupere todo lo robado.

4-Se apruebe una Ley de Extinción de Dominio que sea retroactiva, sin prescripción de la corrupción.

5-Sean cancelados los contratos fraudulentos y que las licencias de negociar con el Estado les sean inhabilitadas de por vida a las empresas y personas que violen maliciosamente la Ley de Contrataciones 

Públicas.

 6-Justicia independiente, sin favoritismo partidario y sin importar rangos ni cargos.