El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC denunció que el gobierno pretende que el Pacto Eléctrico carbonice la generación de electricidad en el país, en abierta violación a la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, No. 1-12 que establece en su artículo 27, la descarbonización de la economía y de la generación eléctrica.

Manifestó que un documento que recientemente elaboró el gobierno que supuestamente recoge los consensos de las discusiones del Pacto Eléctrico y que propone que sea la base para la firma de este acuerdo, aprueba las plantas de carbón de Punta Catalina que cubrirán, junto con las plantas de carbón existentes, más de la mitad de la demanda eléctrica del país. 

Lamentó que el gobierno se niegue a aprovechar la oportunidad que ofrece el cese del Acuerdo de Madrid que libera al país de ataduras legales para que el Pacto Eléctrico establezca como meta que el 85% de la demanda eléctrica sea cubierta por fuentes renovables al año 2030. 

Explicó que con el alto porcentaje de energía eléctrica que se generará a partir de carbón mineral cuando comience a funcionar Punta Catalina, hará imposible en los próximos 20 años la incorporación significativa de las fuentes de energías renovables en el sistema eléctrico dominicano. 

Señaló que las plantas de carbón son de lento encendido y apagado, lo que imposibilita armonizarlas con las energías renovables que son de naturaleza variable. 

Afirmó que apagar y encender las plantas de carbón posee un alto costo económico y a la larga reduce su vida útil, lo que no ocurre con generadores alimentados con petróleo o con gas natural. “Por esta razón nuestro Comité ha sugerido la sustitución del carbón mineral por gas natural como combustible de las plantas de Punta Catalina, lo que significará un menor costo en su construcción y mucho menos contaminación y menos emisión de dióxido de carbono”, indicó. 

Advirtió que sin la incorporación masiva de las fuentes renovables como el sol, el viento y el agua, abundantes en nuestro medio, no será posible sustituir la importación del carbón mineral y los demás fósiles, y por tanto el país continuará dependiendo del exterior para suplir sus necesidades energéticas. 

“Tampoco será posible reducir las emisiones de dióxido de carbono que por el contrario aumentarán en más de un 20% tan pronto Punta Catalina comience a operar, incumpliendo el compromiso contraído por el presidente de la República,  Danilo Medina, en noviembre pasado en la Conferencia Mundial sobre el Clima, de reducir estas emisiones en un 25% para antes del 2030”, agregó. 

Adujo que en el documento presentado por el gobierno para que sirva de base para la firma del Pacto Eléctrico, no se menciona en ningún lugar en las 86 páginas que contiene, la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo cuando es esta ley la que ordena la concertación de este pacto. 

“Y claro que no puede recordar esta ley, porque lo que este documento propone es hacer todo lo contrario a lo que esta legislación dispone como lo esencial del pacto eléctrico, que es construir un sistema eléctrico en el país que ayude a reducir la emisión de dióxido de carbono, uno de los gases de efecto invernadero responsables del calentamiento global y del cambio climático, y nos abra las puertas del desarrollo sostenible con electricidad barata y mediante la soberanía energética”, puso de relieve.

 Dijo que en este documento no se garantizan los incentivos para las energías renovables, ni siquiera la restitución de los incentivos suprimidos por la última reforma fiscal efectuada en el año 2012.

 El Comité aseguró que en este documento elaborado por el gobierno no se contempla la reducción de la tarifa eléctrica pese a la caída del precio del petróleo de 140 dólares a alrededor de 40 dólares el barril en los últimos dos años. 

“Por el contrario, en este documento se plantea la aplicación de la llamada tarifa técnica que significará un aumento generalizado del precio de la electricidad especialmente para el sector residencial y para los pequeños y medianos negocios ”, observó. 

Agregó que tampoco se plantea cumplir con la compensación a la población por los apagones tal como lo dispone la Ley General de Electricidad No. 125-01. 

Deploró que este documento establezca un plazo de 6 años para reducir las pérdidas en el suministro de electricidad que ascienden a un 34 %, calificando este plazo de barbaridad dado que esta es la principal causa del bajo suministro de electricidad, del alto subsidio que paga el Estado cada año a las distribuidoras y de los apagones. 

Expresó su desacuerdo con el documento gubernamental que a la vez que pretende profundizar y consolidar el ordenamiento neoliberal existente en el sector eléctrico, se niega a admitir una veeduría independiente y eficaz de la ciudadanía sobre este sector.