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Economía | Redacción Espacinsular

No es cierto que las discusiones del Pacto Eléctrico hayan llegado a su fin en las discusiones pre-plenarias. Es una falsificación de la verdad y de los progresos que lentamente se lograron, sin tocar las cuestiones esenciales del tema eléctrico. Por el contrario, ha entrado en una crisis institucional y moral.

Por eso, formalmente ante la sesión Pre-plenaria, el martes 1º. de agosto, ante la negativa la discusión y compromiso de acuerdo, en torno a los puntos fundamentales del pacto y los reclamados especialmente por el Sector Social, PRESENTAMOS UN DISENSO A TODOS LOS ACUERDOS ANTERIORMENTE ADOPTADOS, en ejercicio de derecho y basados en la metodología que guía las discusiones, que establece: “mientras todo no está acordado, nada está aprobado”.

Igualmente, alertamos al país que al final de la jornada, no es un acto transparente proponerse fabricar una “sociedad civil” o un “sector social” a última hora, con entidades que nunca participaron o que simplemente fueron nombradas en el decreto presidencial y que no tienen opiniones o nunca estuvieron presentes durante estos tres años de trabajo y discusión.

Sin el Sector Social no puede haber pacto legítimo. Cualquier acuerdo que no implique reconocer la metodología aprobada y que ahora se intenta desconocer o retorcer, constituye la reedición de las añejas prácticas de no transparencia y manipulación, frente a las que, de producirse, rechazamos y denunciamos con toda responsabilidad.  

Una parte fundamental de las llamadas “propuestas consensuadas” son correspondientes a lo ya establecido en la ley y a las que, en algunos casos, además de reafirmarlas se establecen plazos y fechas para su entrada en aplicación. Las 31 propuestas esenciales de la ciudadanía y el pueblo consumidor han sido ignoradas, colocadas en disenso o simplemente ignoradas, en el tropel interesado por entregarle un “documento de pacto” al presidente Medina.

Intentar freír nuevamente el Pacto Eléctrico, por razones enteramente políticas y coyunturales, para “blindar a Punta Catalina” como a nombre del gobierno lo reiteró Rubén Jiménez Bichara, es un gran desprecio por el país, por nuestras familias consumidoras, por los micro, pequeños y medianos productores y por el sector público consumidor.

El gobierno solo ha pretendido utilizar el Pacto Eléctrico para asegurarle legitimidad a la gran estafa que significa construir Punta Catalina sobrevaluada, para terminar, privatizándolas como lo plantearon en el pacto y pretenden hacer nuevamente con las empresas distribuidoras de energía (EDEs).

El sector social, como representante de los intereses de consumidores, como vigilante en esas discusiones del interés nacional, en medio de la marea de esperanza que marca la vida del país por el Fin de la Impunidad, no firmará jamás un pacto eléctrico:

1-      Si no hay compromiso de rescindir el contrato mafioso de Punta Catalina, la recuperación del dinero robado con las sobrevaluaciones, la aplicación estricta de la ley sobre sobornos y la expulsión de Odebrecht del país, para abrir paso a un nuevo Modelo de Negocios como hemos sostenido.

2-      Sin la garantía de que al consumidor no les será aumentada la tarifa eléctrica en el periodo de saneamiento del sistema eléctrico, el cambio de matriz y la conversión en eficientes de las empresas eléctricas del Estado.

3-      Sin la garantía de un Sistema de Seguimiento del pacto y Veeduría Social autónomo y con funcionamiento garantizado, que no pueda ser manipulado por funcionarios públicos o los poderes económicos, basado en grupos sociales y ciudadanía.

Jamás firmaríamos un pacto que se proponga reducir o violar conquistas y derechos ganados por la gente con sus luchas históricas.

No firmaríamos un Pacto Eléctrico:

a-      Si no garantiza el reembolso a los usuarios del por150% por cada hora de apagón, como establece la ley 125-01

b-      Si no asegura el cobro y aplicación del 10% de beneficios extraordinarios de los usuarios no regulados por comprar la energía más barata, a la baja de la tarifa de los usuarios regulados, como establece la ley 125-01

c-      Si no asegura el cumplimiento de lo estipulado en la ley sobre el alumbrado público

d-     Si no hay un saneamiento real de las EDEs hasta convertirlas en empresas eficientemente dimensionadas

e-      Sin la reestructuración y articulación eficiente de las instituciones del sector eléctrico para acabar con el clientelismo.

f-       Sin el compromiso de salvar y recuperar nuestras empresas hidroeléctricas para elevar su producción y productividad.

g-      Sin una apuesta a compromisos concretos de la energía renovable y alternativa, orientada a la reducción de las emisiones de CO2 y al cumplimiento de los convenios y tratados internacionales sobre el medio ambiente, de los que somos signatarios y como lo pauta la Estrategia Nacional de Desarrollo (END 2017).

 Actores del Sector Social firmantes:

·        Observatorio Dominicano de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (ODPP-UASD)

·        Fundación por los Derechos del Consumidor (FUNDECOM)

·        Articulación Nacional Campesina (ANC)

·        Confederación Nacional de Mujeres del Campo (CONAMUCA)

·        Asociación de Comités de Amas de Casa del Distrito Nacional (ACACDISNA)

·        Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCCC)

·        Federación Nacional de Cooperativas Eléctricas (FEDOCOPE)

·        Fundación Guayacán de Energía y Medio Ambiente (GEMA)

·        Colegio Dominicano de Economistas (CODECO)