El Fondo Monetario Internacional se unió al coro de voces que en República Dominicana claman por un aumento de la recaudación fiscal.
Aunque difieren en el método, porque mientras algunos apuntan hacia un aumento de los impuestos, otros destacan las ventajas de mejorar la recaudación, sin faltar los que pugnan por una rebajar del gasto.
En efecto, uno podría pensar que con una presión fiscal del 13,7% (DM 2016), de las más bajas de América Latina; una deuda pública equivalente a 23 mil millones de euros (35% del PIB) cuyos intereses se tragan ya casi una quinta parte del gasto público total (18.9%) y la amenaza incipiente de un riesgo cambiario que tiene nerviosos a los agentes económicos; es imperativo recargar las arcas públicas. Sin embargo, un acercamiento más crítico a la realidad, sugiere otras pistas de solución.
CONTROLAR LA CORRUPCION
“¿Para qué quieren más dinero si igual se lo van a robar?” Esta pregunta, a manera de sentencia de la sapiencia popular, encuentra respaldo en los datos supra-económicos (supra, para hablar de variables que trascienden la macroeconomía pero que tienen una incidencia directa en el desenvolvimiento económico) que revelan que durante el 2017 la corrupción le costó al país la friolera de 26 mil millones de pesos. Los sobrecostos de los megaproyectos de Odebrech se llevaron la palma. O sea, la corrupción administrativas (lo que se robaron los políticos, dejémonos de finura) supuso el pasado año 3.5 veces lo que el presupuesto general de la nación dedicó a la educación inicial y más de dos veces lo que se destinó al abastecimiento de agua potable en comunidades rurales.
“BOTELLAS” Y BAJA CUALIFICACION DEL SERVIDOR PUBLICO
No es tanto lo que se gasta, sino cómo se gasta. Y en qué! La baja cualificación de los recursos de personal en las instituciones públicas, junto a la cultura generalizada de corrupción imperante en el país, se traducen en un nivel de ineficacia (dead-weight, término acuñado por economistas norteamericanos de la década de los 80) que lastra la productividad.
Para muestra basta un botón: El estudio “SE BUSCAN RECURSOS PARA GARANTIZAR DERECHOS”, realizado por la organización internacional Oxfam, revela que el gobierno dominicano mal gastó 90 mil millones de pesos en 2017, siendo el mayor dispendio el que se destinó a financiar el uso político de la nómina pública (botellas). Entidades que duplican funciones, comisiones y consejos de dirección que no muestran actividad ni rinden informes, uso clientelar de instituciones y gasto desmedido en publicidad y propaganda, son sólo algunas manifestaciones de una realidad que le pega un gran mordisco a las finanzas públicas.
Si al final el gobierno opta por aumentar la recaudación tiene entre sus manos revisar exenciones (muchas indignantes), eliminar incentivos, y mejorar los mecanismos de captación, principalmente del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios debido a su amplia base. Sin duda alguna todo esto redundará en una mejora de la sostenibilidad financiera del sistema. No obstante, seguirá siendo imprescindible crear mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas. Sólo así podrá sufragar el enrome déficit de moralidad y democracia que arrastra el país.