Bonjou tout moun, kouman nou ye. Mwen se William O’Neill, Ekspè Endepandan sou sitiasyon dwa moun nan peyi Dayiti. Mwen kontan la avèk nou jodi a pou pale sou vizit mwen fè nan peyi Dayiti.

Mwen rankontre ampil otorite, manm oganizasyon, entelektyèl epi mwen vizite Penitansye Nasyonal ak prizon Okap Ayisyen. Pwoblèm yo ampil, gen ampil bagay ki pou fèt pou dwa moun nan peyi Dayiti. Hola a todo el mundo, espero que estén bien. Soy William O'Neill, Experto Independiente sobre la situación de los derechos humanos en Haití. Me complace estar con todos ustedes hoy aquí para hablar sobre mi visita al país. Conseguí reunirme con muchas autoridades, miembros de organizaciones de la sociedad civil e intelectuales, además de visitar la Penitenciaría Nacional y la cárcel de Cap-Haitian. Los problemas que encontré son multitud y queda mucho por hacer en materia de derechos humanos en Haití.)

Permítanme que comience agradeciéndoles su presencia hoy aquí. Gracias al Gobierno de Haití, por apoyar este mandato, como continuación a la visita del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos del pasado febrero. Aprecio la transparencia y compromiso mostrados por las autoridades para respetar, proteger y cumplir con los derechos humanos. Gracias a la BINUH por la acogida y apoyo prestados. Finalmente, gracias a las organizaciones de la sociedad civil y las víctimas que tuve oportunidad de conocer.

Solamente he pasado diez días en Haití, un país que conozco bien habiendo vivido y trabajado allí durante varios años, de manera especial con la Misión Civil Internacional en Haití (MICIVIH) y con la sociedad civil. Tuve el honor, en 1995, de contribuir a crear la Policía Nacional de Haití (PNH, según sus siglas en inglés), así como la Escuela de la Magistratura.

Desgraciadamente, me encontré con un país herido por la violencia, la miseria, el miedo y el sufrimiento. La situación de derechos humanos es dramática, todos los derechos han sido violados. Las bandas continúan aterrorizando, especialmente en más de la mitad de la capital Puerto Príncipe, la cual se ha convertido en una zona sin ley. Mujeres y niñas siguen siendo violadas por bandas, a menudo de forma colectiva, para someter a la población a su control. Más allá de la violencia de las bandas que prolifera en la capital y la cual ha desplazado a decenas de miles de personas, el acaparamiento de tierras por parte de oligarcas en el noreste ha arrojado también a miles de campesinos y campesinas a la precariedad.

En este contexto de inseguridad crónica, las autoridades haitianas se enfrentan a desafíos enormes. No obstante, la situación no es irreversible. Podemos hacer muchas cosas para abordar los retos estructurales y económicos que han conducido a la crisis actual. Y lo podemos hacer de manera rápida y con pocos medios. El Estado tiene un papel fundamental que desempeñar a este respecto, como garante de los derechos humanos de la población.

La solución para Haití debe provenir en primer lugar de los haitianos y haitianas. Las reformas deben integrar un refuerzo del funcionamiento y de los sistemas de vigilancia para asegurar la responsabilidad e integridad de todos los actores, a todos los niveles de la estructura jerárquica. La escala de la crisis es de tal magnitud que resultará fundamental un apoyo adecuado y coordinado por parte de la comunidad internacional para apoyar la transición a una mejor gobernanza.

El despliegue de una fuerza internacional especializada conjuntamente con la Policía Nacional de Haití (PNH) es vital para restaurar la libertad de movimiento de la población. Al mismo tiempo, con el fin de limitar la violencia de las bandas, se debe aplicar de forma inmediata el embargo de armas proveniente sobre todo de los Estados Unidos, tal como estableció el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En Haití no se fabrica arma alguna. El Consejo de Seguridad ha expresado de forma repetida su inquietud por el tráfico ilícito y el desvío de armas y material relacionado, los cuales violan los derechos humanos.

La situación en las prisiones refleja las deficiencias y disfunciones del sistema judicial a todos los niveles. En la penitenciaría nacional de Puerto Príncipe, y en la Prisión Civil de Cap-Haitian, fui testigo de condiciones inhumanas de detención. 219 detenidos y detenidas murieron bajo custodia en 2022, debido principalmente a malnutrición o a la falta de acceso a medicamentos. Los detenidos están hacinados en celdas de tamaño reducido, bajo un calor asfixiante, en ocasiones sin acceso a agua, baños, y con alimentos insuficientes. Ellos y ellas tienen que soportar un olor sofocante causado por montañas de basura en la penitenciaría nacional, lo que contribuye a la propagación de enfermedades como la tuberculosis y el cólera. Más del 83% de los encarcelados se hallan todavía en situación de detención preventiva prolongada, sin haber podido tener acceso a un juez o un abogado, algunos de ellos durante más de una década, y que incluye a menores de edad. Solicito a las autoridades a que hagan todos los esfuerzos posibles para permitir vivir en dignidad a los detenidos, lo que incluye el acceso inmediato y regular a necesidades básicas. Hago un llamamiento a las autoridades a que se comprometan a aumentar de forma considerable el número de casos tramitados para personas en situación de detención preventiva.

Un sistema judicial efectivo es fundamental para combatir la corrupción y la impunidad que alimentan el ciclo de violencia y que han paralizado al país durante décadas. La falta de control, rendición de cuentas, y de castigo para funcionarios del poder judicial crea un terreno fértil para que se propague la corrupción y la impunidad. En este sentido, el Consejo Superior del Poder Judicial y las inspecciones judiciales deben redoblar sus esfuerzos para certificar a los magistrados y garantizar que cualquier infracción es sancionada, en conformidad con las normas internacionales de derechos humanos, en particular el derecho a recurso para magistrados apartados del sistema judicial. Existe asimismo la necesidad urgente de restaurar el Tribunal de Primera Instancia en Puerto Príncipe, el cual lleva inoperativo durante más de un año.

Bwa Kale, el movimiento de personas que se toman la justicia por sus propias manos, bien de forma organizada o en un ataque de desesperación, es un síntoma también del fracaso del sistema judicial. La historia ha demostrado que la justicia popular y sus muchos excesos no han conseguido nunca resolver el problema de la violencia. En cualquier caso, el público podría ayudar a la policía proporcionando información sobre el origen y naturaleza de la violencia en sus zonas.

El régimen de sanciones de las Naciones Unidas supone también un paso importante en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Este ha de venir acompañado de medidas para llevar a los responsables ante la justicia en Haití. La transparencia en la información, incluyendo las cuentas públicas, es un requisito previo esencial para luchar contra la corrupción. Las iniciativas destinadas a sanear el servicio público así como la rendición de cuentas deben de venir acompañadas de un marco legal que permita un acceso sin impedimentos a la información. Es también necesario que el Estado sea capaz de proteger a los periodistas, al ser Haití el segundo país más peligroso de la región para esta profesión.

A pesar de este panorama tan negro, encontré señales prometedoras para contribuir a este cambio. Quedé impresionado por los resultados obtenidos por un Director de Departamento de la PNH en su misión para reducir la inseguridad en el Departamento del Norte. He constatado los rápidos avances que ya ha conseguido realizar el nuevo Comisionado del Gobierno de Puerto Príncipe, quién ha ido siguiendo de cerca numerosos casos y quién se ha comprometido personalmente a ir informando de manera periódica sobre los avances obtenidos. Tuve oportunidad de reunirme con abogados pertenecientes a la Oficina de Asistencia Jurídica de Cap Haitian, quienes se encargan de defender casos y de promover el sistema judicial para conseguir objetivos de rendimiento. Admiro también la valentía mostrada por jueces, como el Juez Morin, quién sobrevivió recientemente a un intento de asesinato por su labor, y quién continúa expresándose alto y claro sobre su compromiso con la integridad del servicio público y en contra de la corrupción. En este sentido, celebro los avances obtenidos por la Unidad Contra la Corrupción (ULCC) para enjuiciar a supuestos autores de casos emblemáticos. Finalmente, quiero mostrar mi admiración por la sociedad civil, por su valentía y determinación.

Me sentí también alentado por los esfuerzos realizados por la PNH, quién opera en condiciones difíciles y con medios limitados. Es necesario coordinar una fuerza internacional especializada en estrecha colaboración con la policía, con el fin de permitirles reforzar su capacidad a largo plazo, con todas las garantías de debida diligencia en cuestión de derechos humanos. Serán clave las transferencias de tecnología y de conocimientos para fines específicos, de forma especial en el campo de la inteligencia y en la lucha contra la violencia urbana. También se debe promover la creación de una fuerza de policía local. No obstante, he recibido informes preocupantes de posibles ejecuciones sumarias por parte de personas que vestían uniformes de la policía, así como de detenciones masivas de personas por motivos de asociación criminal, encarceladas sin juicio o sin acceso a un abogado. La impunidad debe acabar también en este contexto. Además, el proceso en marcha para certificar a agentes de policía debe ser también prioritario.

La policía y el poder judicial tendrán también que elevar sus capacidades para subsanar las lagunas en violencia sexual y de género que continúan siendo comunes. Según información creíble recibida, la cifra de incidentes de violencia sexual se ha duplicado en mayo en la capital, a pesar de los firmes compromisos suscritos por el Estado tras la publicación, en octubre de 2022, del informe conjunto del ACNUDH/BINUH sobre violencia sexual. Será clave contar con unidades especializadas y funcionarios formados en esta materia para proporcionar una respuesta adecuada. También deben acompañar estas iniciativas servicios de atención sanitaria especializados y reforzados, así como proyectos de seguimiento psicosocial destinados a supervivientes.

La ausencia del Estado es notoria en todos los derechos económicos, sociales y culturales. El acceso a atención sanitaria, agua, alimentos y vivienda se ve seriamente obstaculizado por la falta de acción por parte del Estado, el cual tiene en cualquier caso la obligación de proporcionar una respuesta adecuada dentro de los límites de sus capacidades. La inseguridad, de forma particular en las zonas más marginadas de la capital, agrava aun más la incapacidad de las instituciones en esta cuestión. Barrios enteros son abandonados a su suerte, sin acceso a ningún servicio público, lo que contribuye a aumentar todavía más las ya de por sí insoportables desigualdades, las cuales alimentan patrones de exclusión, que son el origen real de la violencia. Esta situación contribuye al incremento en el reclutamiento de niños y jóvenes por parte de las bandas. Las salidas organizadas y en masa de haitianos y haitianas en búsqueda de una vida mejor ha debilitado aun más los servicios sociales, causando una caída pronunciada en la mano de obra disponible, en especial en las áreas de la policía y la atención sanitaria.

La violencia incesante y las violaciones sistemáticas de derechos humanos en Haití no permiten actualmente un retorno seguro, digno y sostenible de los haitianos y haitianas a su país. Un total de 176.777 fueron repatriados entre enero y diciembre de 2022. Algunos de los métodos de repatriación que se usaron no cumplen con las normas de derechos humanos y vulneran los acuerdos bilaterales de migración. Apelo a las autoridades de la República Dominicana a respetar sus compromisos a este respecto y reitero mi llamamiento a todos los países de la región a acabar con las deportaciones masivas de migrantes haitianos, en especial de menores no acompañados. Me siento especialmente preocupado por informes recibidos relativos a la trata de niños y mujeres migrantes, que incluyen acusaciones de tráfico de órganos y de trata de seres humanos con fines sexuales.

Haití se encuentra ante un momento decisivo de su historia. Es urgente que pasemos a la acción. La supervivencia de toda una nación está en juego. El país tiene la opción de recuperarse, de demostrar su voluntad de superar esta crisis y de avanzar hacia un futuro mejor o de resignarse y hundirse aun más en el caos total.

Garantizar la seguridad y protección de la población, superar las deficiencias institucionales estructurales, y restaurar la confianza en las instituciones públicas, son requisitos previos fundamentales para poder celebrar elecciones libres y transparentes y para consolidar el estado de derecho.

Mysion mwen an finit men travay la ap kontinye. Mesi anpil. (Mi misión termina aquí pero el trabajo continúa. Muchas gracias).