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Noticias | José Luis Soto

La Coalición  Justicia Migratoria expresó hoy su apoyo al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros/as implementado por el actual gobierno dominicano, pese a que en su aplicación hubo múltiples dificultades logísticas y de coordinación interinstitucional que impidieron que una cantidad de personas se inscribieran. 

 “Tomando en cuenta que la decisión de establecer una política migratoria nacional es un asunto propio del Estado dominicano, estamos del lado de las reglas claras, que estén de acuerdo a los convenios internacionales y las realidades socio-económicas de la población migrante en el país”, precisó Rafèle Samedi. 

“En este sentido, nuestro apoyo al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en condición migratoria irregular está acompañado con nuestro reiterado llamado en que sea extendido el plazo de inscripción o recepción de nuevas solicitudes, en base a un proceso justo, claro y transparente”, apunta Samedi. 

Para sostener sus argumentos, el movimiento llama a la opinión pública a solo darse cuenta de la situación que sigue en las oficinas de regularización a pesar de que hubo múltiples denuncias dando a conocer la falta de coordinación y organización en el proceso. 

“Seguimos lamentando que hasta el día de hoy las autoridades encargadas del plan de regularización no hayan hecho ningún correctivo de lugar para permitir que las personas dentro del plazo otorgado puedan completar sus expedientes; nos preguntamos si existe alguna voluntad de que la gente pueda completar sus expedientes”, de su lado manifestó  Roudy Joseph, que forma parte de la entidad. 

"Justicia Migratoria sigue llamando a la atención de las autoridades del Ministerio de Interior y Policia, entre otras irregularidades en las oficinas, las mal llamadas y largas filas en las afueras de las oficinas, donde las personas están a la intemperie bajo sol y lluvia sin necesidad"

Recordamos que la población inmigrante está invirtiendo, entre pago de impuestos y notarizaciones de los documentos legales, cerca de 3 mil millones de pesos, por ende entendemos que las personas merecen un trato más justo de parte de las autoridades dominicanas.