El movimiento Marcha Verde saludó la decisión del juez José Alejandro Vargas de declarar inadmisible el proceso de homologación del acuerdo entre la Procuraduría General de la República y la empresa Odebrecht.
“La resolución del juez Vargas muestra y desnuda al Ministerio Público por su incompetencia e ineptitud y sus claros vínculos políticos con el Partido de la Liberación Dominicana (PLD)", expresa la marcha verde en comunicado de prensa enviada a la redacción de Espacio Insular.
"Esta realidad se suma a las razones para la designación de fiscales independientes acompañados por especialistas de Naciones Unidas, como lo plantean los cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas que han firmado el Libro Verde”, indicaron en nota de prensa enviada a los medios de comunicación".
Según la Marcha Verde, la Procuraduría General de la República pretendía garantizar amplios niveles de impunidad, a través de un acuerdo concebido para impedir la recuperación de todo el dinero robado, el encarcelamiento de todos los implicados y la cancelación de los contratos vigentes con la empresa. Esta intención, afirma, solo ha servido para aumentar la desconfianza en los representantes del Ministerio Público.
“La Procuraduría General de la República engañó al pueblo dominicano con el contenido del acuerdo en cuanto a los delitos que iban a ser objeto del acuerdo y estaban pactando también el lavado de activos y la prevaricación. Además la sentencia leída por el juez explica que encaminaron el pedimento por la vía de la conciliación y no por el criterio de oportunidad para casos complejos como anunció el Procuraría General República en nota de prensa”, sostiene.
Las organizaciones sociales, ciudadanos y ciudadanas de la Marcha Verde demandaron la renuncia del procurador Jean Alain Rodriguez, por haberle mentido a la ciudadanía al indicar que cursaría un procedimiento y usó otro totalmente distinto, que no existe en la ley para casos graves y claramente la forma de instrumentación del acuerdo lo que buscaba era no usar el procedimiento que dispone la ley que implicaba necesariamente indicar quienes recibieron los sobornos.
El movimiento social verde reiteró que el magistrado Vargas actuó como un verdadero juez de las garantías y evitó que las instituciones sean usadas al servicio de la corrupción y la impunidad. Reiteró su llamado a la población a seguir luchando en las calles hasta materializar el masivo reclamo de poner fin a la impunidad impuesta por la delincuencia política y empresarial desde las estructuras del Estado.