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Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, presentó a diversas autoridades estatales los resultados del proceso de consulta sobre las problemáticas de seguridad ciudadana que afectan a la provincia de Puerto Plata.

Enfatizó en la necesidad de fortalecer la prevención y la intervención correctiva a través de la articulación intersectorial entre las instituciones gubernamentales y el gobierno local, y la participación de la sociedad civil.

 Según la investigación, dirigida por la antropóloga social Tahira Vargas, las principales preocupaciones de la sociedad puertoplateña están relacionadas al alto nivel de atracos y robos,  el auge del microtráfico de drogas, la decadencia del turismo debido al impacto de la inseguridad y los feminicidios. Así lo expusieron la directora ejecutiva de la organización Participación Ciudadana, Rosalía Sosa, y la dirigente comunitaria Isabel Francisco Matías, miembro del Comité Pro-Puerto de Puerto Plata.

 A partir de este diagnóstico, se identificaron las instituciones responsables de ejecutar políticas públicas pertinentes para aumentar las medidas de prevención, integrando programas de formación en derechos humanos y patrones de crianza, programas de salud mental para fomentar la integración y la equidad, y campañas de promoción de hogares dignos y familias sin violencia.

 Asimismo, se sugirió establecer mecanismos de mayor control sobre los medios de comunicación con respecto a la programación basada en violencia y delincuencia; establecer sistemas de sanciones claros y efectivos, y no encubrir personas que cometen delitos. También, implementar programas de fomento del empleo hacia la juventud y crear espacios deportivos y de formación técnica.

 Con respecto a la violencia de género, se propuso generar estructuras de asistencia psicológica y centros de atención para hombres agresores, y desarrollar programas de reinserción escolar para adolescentes y jóvenes de género masculino.

 En la presentación se destacó la necesidad de fortalecer diversas instituciones vinculadas a la seguridad ciudadana, entre estas la Policía Nacional; la cual, según el estudio, debe garantizar la profesionalización de las y los agentes, llevar a cabo un proceso de depuración policial y promover la integración policía-sociedad civil.

 Los asistentes valoraron la presentación de los resultados de la consulta ciudadana, ya que refleja la problemática en seguridad y violencia de género que padecen los habitantes de esa importante zona turística del país.  Reclamaron mayor atención de las autoridades locales y nacionales, a los fines de preservar  la fuente de ingreso  que impacta  en la economía local que es el turismo.