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El movimiento cívico Participación Ciudadana organizó la conferencia “Aplicación de la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad”, dictada por el diputado, Rafael Tobías Crespo, en la que se destacaron los aportes y potencialidades de la Ley, así como los desafíos pendientes para su aplicación.

Crespo, quien introdujo el proyecto al Congreso Nacional, destacó la importancia de mejorar la seguridad vial para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Explicó que 98% de los accidentes de tránsito son evitables, por lo que urge una estrategia clara y estricta para organizar el tránsito y el transporte terrestre.

 Afirmó que la nueva legislación concibe la movilidad y accesibilidad como un instrumento de desarrollo social e integración económica, priorizando el sistema de transporte público masivo sobre las demás modalidades, para reducir la incidencia del gasto de transporte en los presupuestos familiares. Además, impulsa la innovación tecnológica y el uso de energías alternativas no contaminantes, explicó.

 Señaló como una de los elementos más innovadores de la Ley la creación del Instituto Nacional de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (INTRANT), como autoridad única encargada de regir todo lo relativo a esta área. De esta manera, se unifican varias instituciones creadas de manera dispersa por leyes y decretos desde el año 1966 como la Dirección General de Transporte Terrestre (DGTT), la Oficina de Técnica de Transporte Terrestre (OTTT), Consejo de Administración y Regulación de Taxis (CART), el Fondo de Desarrollo del Transporte Terrestre (FONDET) y Caja de Pensión y Jubilaciones de los Choferes.

 El diputado por el Distrito Nacional se refirió también a las tarjetas inteligentes que se utilizarán para realizar del pasaje en el transporte urbano. “Esto va a permitir el uso del Vale Transporte, limitando el gasto máximo de los usuarios a un 10% del salario mínimo; así como el subsidio focalizado para envejecientes de 65 y más años, estudiantes y personas con condiciones algún tipo de discapacidad”, expuso.

 Enumeró las principales prohibiciones definidas por la Ley, como el consumo de bebidas alcohólicas en las vías y dentro de los vehículos; circulación de vehículos con bocinas altas; establecimiento de puestos de ventas en las vías públicas, la ventas de productos en  intersecciones y el pedido de dinero por parte de mendigos o personas con capacidades disminuidas, que aumente el  riesgo de provocar accidentes afectando seguridad  ciudadana. Establece, asimismo, el uso de tecnologías como cámaras, radales y otros dispositivos para la elaboración de las multas.