Al menos 1,4 millones de personas, principalmente en la capital, Puerto Príncipe, se han visto obligadas a huir de sus hogares debido a la violencia de las pandillas, creando lo que el Experto Designado de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en HaitíWilliam O'Neill lo ha calificado de “nivel de desplazamiento interno sin precedentes”.

En declaraciones a los periodistas en la sede de la ONU en Nueva York el lunes, tras una misión de 10 días en el país, afirmó que "la actual crisis de derechos humanos causa un sufrimiento enorme al pueblo haitiano, especialmente a los más vulnerables".

Al menos 26 pandillas controlan hasta el 90 por ciento de Puerto Príncipe y algunas zonas aledañas. Aproximadamente la mitad de los pandilleros son menores de 18 años.

Extorsionan violentamente a las comunidades, cometen violaciones, asesinatos y secuestros para pedir rescate, todo ello mientras luchan contra las asediadas fuerzas de seguridad haitianas por el dominio territorial.  

Frentes de batalla cambiantes

Miles de personas “siguen atrapadas en zonas controladas por bandas o a lo largo de líneas del frente cambiantes”, dijo el Sr. O'Neill, enfrentándose a lo que describió como “fronteras invisibles”.

Para las jóvenes y las niñas, esas fronteras son aún mayores: “Se enfrentan a la discriminación por ser mujeres, por vivir en barrios controlados por pandillas y por ser pobres. 'Solo quiero vivir bien y segura', me dijo una niña, 'porque este es mi país'”,  comentó.

Haití se enfrenta a una crisis humanitaria cada vez más profunda, exacerbada por la violencia persistente y los frecuentes fenómenos meteorológicos extremos, como inundaciones, sequías y terremotos. 

El país también enfrenta incertidumbre política, ya que no ha tenido un presidente electo desde el asesinato de Jovenel Moïse en 2021. Se espera que las elecciones se celebren a finales de este año.

'Un momento difícil pero prometedor'

Como experto designado, la función del Sr. O'Neil consiste en supervisar la evolución de los derechos humanos en Haití y asesorar al Gobierno de Haití, a las instituciones nacionales de derechos humanos y a las organizaciones de la sociedad civil, incluidos los grupos de defensa de los derechos de las mujeres, para ayudarles en sus esfuerzos por garantizar el respeto, la promoción y la protección de los derechos humanos.

Declaró a los corresponsales de la ONU que sigue "profundamente preocupado por la corrupción, la impunidad y la debilidad de los mecanismos de rendición de cuentas", y añadió que el país se enfrenta a "un momento difícil pero prometedor". 

“Si podemos ayudar a Haití a abordar la inseguridad, combatir la corrupción y la impunidad, y proteger los derechos humanos, entonces todos prosperaremos.”