El movimiento por el fin de la impunidad convocó a la ciudadanía de todo el país a la Marcha Nacional que realizará el próximo domingo 16 de julio en el Distrito Nacional, en reclamo de que el caso Odebrecht se profundice incluyendo la investigación penal de otros posibles implicados .
La Marcha Nacional será un plazo para que el procurador Jean Alain Rodríguez dirija la investigación hacia las figuras que verdaderamente han tenido el control de la entrada y salida de todos los contratos de Odebrecht en República Dominicana o se atenga a las consecuencias de su irresponsabilidad histórica.
Convocamos a toda a la ciudadanía a la Marcha Nacional para demostrar, una vez más, que el pueblo dominicano ha despertado y seguiremos luchando hasta alcanzar justicia plena y el fin de la impunidad.
La Marcha Verde exigió, además, que ninguno de los jueces de la Suprema Corte de Justicia vinculados a los intereses del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) participe del juicio contra los funcionarios, legisladores, dirigentes políticos y empresarios que están o serán sometidos penalmente por el caso de Odebrecht.
Al leer a coro el manifiesto de la marcha de la región Este, en San Pedro de Macorís, miles de activistas del movimiento rechazaron cualquier tipo de participación de los magistrados Hiroito Reyes, Frank Soto, y Alejandro Moscoso Segarra en el más grande escándalo de corrupción de las últimas décadas, por considerar que los tres jueces podrían favorecer a los corruptos peledeístas con sentencias benignas, como lo han hecho en otras ocasiones.
Para el movimiento, además, llegó la hora de que el Ministerio Público cite e interrogue al presidente Danilo Medina, por los serios indicios que existen sobre el financiamiento ilegal de sus dos últimas campañas electorales con fondos de la constructora mafiosa.
“Ahora o nunca debemos aumentar el reclamo de Justicia en cada rincón de la Patria, para que ningún integrante del lodazal de Odebrecht quede impune”, dice la proclama en la que también se exige la persecución penal de las sobrevaluaciones, el contrato de Punta Catalina y la venta irregular de los terrenos del CEA, causante de la muerte de dos hijos meritorios de San Pedro de Macorís.